Jaque Mate, Pedro prepara una reforma electoral para cambiar la distribución territorial de escaños

El entorno de Sánchez quiere repartir 298 escaños por población​

La reforma electoral que se atribuye al entorno de Pedro Sánchez no exige tocar la Constitución. Técnicamente, es verdad. En la práctica, cambiaría el reparto de escaños del Congreso sin mover un solo voto. La firma Jaime Miquel, el demoscópico que aterrizó en el núcleo duro del presidente en 2018 de la mano del entonces jefe de gabinete Iván Redondo: rebajar de dos a uno el mínimo de diputados por provincia —52 escaños con Ceuta y Melilla, frente a los 102 actuales— y repartir los 298 restantes en proporción a la población de cada una.

El efecto sobre el 23J viene calculado. El PP se dejaría 6 escaños y bajaría a 131; el PSOE sumaría dos y llegaría a 123; Sumar ganaría cuatro, hasta 35, y Vox cedería uno, hasta 32. PP, Vox, UPN y CCa se quedarían en 165 diputados, mientras el bloque que sostuvo la investidura pasaría a sumar 185. Mismo censo, distinta mayoría. De eso va todo esto.

La sobrerrepresentación provincial: Castilla y León, 31 diputados y no 17​

El argumento no sale de la nada. El análisis que acompaña la propuesta lo cifra sin paños calientes: Castilla y León debería aportar 17 representantes al Congreso sobre 350 y la LOREG le asigna 31, catorce más, por el simple hecho de tener muchas provincias y poca población en cada una. Sumando todas las provincias, el sistema desplaza 64 escaños de la proporcionalidad. Quien defiende la reforma sostiene que ese sesgo es exactamente lo que permitió a PP y Vox acariciar el Gobierno.

La réplica es igual de vieja que el sistema. Hay quien sostiene que la sobrerrepresentación de las provincias despobladas se pactó para evitar su ninguneo, no para fabricar mayorías. También hay quien recuerda lo evidente: si el criterio es la población, las provincias que ganan habitantes suben y las que los pierden bajan, y eso no es una anomalía, es aritmética.

El error del artículo: una ley orgánica exige mayoría absoluta​

La letra pequeña traía trampa. El texto original asegura que la reforma no necesita más votos positivos que los de la mayoría simple del Congreso. Falso. El artículo 81 de la Constitución reserva la mayoría absoluta para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, y el régimen electoral general es una de ellas. En una votación final sobre el conjunto del texto hacen falta 176 síes, no uno más que noes.

La confusión no es cosmética. Cambia por completo el mapa de aliados y convierte cualquier ausencia en un problema. Con 165 diputados enfrente y un umbral de 176, la reforma tal como está descrita depende de que nadie se descuelgue. Y de que nadie tenga motivos para descuelgase.

Quién es Jaime Miquel y por qué su nombre aparece ahora​

Miquel no es un recién llegado. Geógrafo formado en la Complutense, arrancó en 1980 en la matriz española de Gallup, acabó dirigiendo esa estructura y se ganó fama de adelantado: fue el primer analista que predijo el hundimiento del bipartidismo antes de las europeas de 2014 y la irrupción de Podemos. Asesoró a Compromís, a Convergència y a la extinta UPyD, y en 2018 desembarcó en el equipo de Sánchez. Fuentes de Presidencia citadas por El Diario Vasco admiten que la relación profesional con él es «estratégica y muy fluida».

La propuesta, eso sí, no aparece en el programa del PSOE del 23J ni en el acuerdo de coalición con Sumar. En 2016 sí estaba, bajo el epígrafe de «mejorar la proporcionalidad», en plena vorágine tras la eclosión de Podemos y Ciudadanos. De aquel punto solo queda el recuerdo y un par de artículos firmados.

Los votos que faltan: el PNV pierde un escaño​

La simulación reparte ganancias y pérdidas con precisión incómoda. Junts y ERC ganarían un escaño cada uno, Bildu se quedaría igual y BNG, CCa y UPN no se moverían. El PNV, en cambio, perdería uno. Y sin los votos del PNV, con mayoría absoluta de por medio, la aritmética se estrecha hasta el ahogo.

La paradoja tiene precedente, según recuerda un participante. François Mitterrand introdujo la proporcionalidad en Francia esperando debilitar a la derecha y se encontró con que el Frente Nacional crecía en feudos tradicionalmente comunistas, dejando a la izquierda sin beneficio neto. Volvió al mayoritario en la siguiente cita y no hubo más aventuras. Las reglas electorales rara vez devuelven lo que prometen.

Otras vías sobre la mesa: circunscripción única, doble vuelta o el modelo alemán​

El menú alternativo que se ha puesto encima de la mesa es amplio. Circunscripción única, como en las europeas, para que cada voto valga lo mismo. Sistema mayoritario a doble vuelta, al estilo francés, con el aviso de que puede dar mayoría absoluta al segundo más votado. Modelos mixtos como el alemán o el neozelandés, que combinan lo mejor y lo peor de ambos mundos. Y un umbral del 5% por circunscripción en las europeas, recogido en una decisión del Consejo de la UE de 2018 que España sería el único socio que no ha aplicado.

Cada opción arrastra su trampa. La circunscripción única elimina la anomalía y también al diputado de proximidad que responde ante sus electores. El dibujo de distritos en un sistema mayoritario acaba, tarde o temprano, en gerrymandering a la americana. No hay sistema perfecto, solo sistemas con culpables distintos.

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Si algo deja claro el asunto es que la discusión no va de proporcionalidad en abstracto, sino de quién la ejecuta y con qué mayoría. Con el PNV perdiendo escaño, con 176 síes por delante y con la propuesta fuera del programa electoral, la reforma no tiene camino fácil. La predicción más razonable es que se quede como globo sonda hasta que alguien demuestre que los números salen. Y los números conocidos, de momento, no salen.