Vox propone dos tipos de IRPF y exención de 22.000 euros
¿Y si el IRPF se pudiera reducir a dos tipos?
Vox ha presentado en el Congreso una iniciativa para simplificar el impuesto sobre la renta: un 15% para las bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un 25% para las rentas superiores, con una exención de hasta 22.000 euros anuales de rentas del trabajo, con independencia de tener uno o dos pagadores. La propuesta, que el partido enmarca en su programa de fiscalidad, promete una bajada de impuestos para la mayoría de asalariados. El anuncio ha reavivado el eterno debate sobre quién paga la fiesta del Estado y si es viable recortar ingresos sin desmantelar los servicios públicos.
La propuesta, en detalle
El planteamiento es simple: dos tipos. Frente a la escala actual, que arranca en un 19% para los primeros 12.450 euros y escala hasta el 45% a partir de 60.000, Vox propone un 15% para las bases inferiores a 70.000 euros y un 25% para lo que supere esa cifra. Además, se eximen los primeros 22.000 euros de rentas del trabajo, lo que en la práctica dejaría a muchos trabajadores con ingresos bajos y medios sin tributar por IRPF. La formación sostiene que esta medida dinamizaría la economía y, a medio plazo, aumentaría la recaudación por el aumento de la actividad. Es el clásico argumento de la curva de Laffer, que no siempre se cumple.
El escepticismo de los que ya lo han oído antes
No todos compran el relato. Una parte de los análisis recuerda que prometer bajadas de impuestos desde la oposición es gratis, y que una vez en el poder las promesas suelen diluirse. Se cita el caso de Podemos, que en su día prometió y luego no cumplió. También hay quien señala que la medida es un brindis al sol mientras no se detalle cómo se compensará la pérdida de ingresos. El propio partido habla de reducir el gasto superfluo, eliminar duplicidades administrativas y recortar subvenciones, pero no cuantifica el ahorro. La pregunta que sobrevuela es si con menos recaudación se puede sostener el Estado del bienestar tal y como lo conocemos.
¿Quién paga la fiesta?
El debate de fondo es quién debe financiar el gasto público. Hay quien defiende que los impuestos sobre el trabajo deberían ser mínimos y que el Estado no debería depender de ellos. Otros argumentan que si se exime a la mayoría de trabajadores, se corre el riesgo de que una minoría muy pequeña cargue con toda la factura, lo que podría generar tensiones sociales y desincentivar la inversión. Los datos que se manejan en la conversación indican que actualmente 21 millones de contribuyentes declaran IRPF, pero el 90% de la recaudación procede de solo 8 millones. Con la propuesta de Vox, ese grupo se reduciría aún más.
El ejemplo de Andorra y otros modelos
Algunos participantes miran hacia otros países. Se menciona el sistema de Andorra, donde hasta 30.000 euros no se paga nada, de 30.000 a 70.000 se tributa al 5% y a partir de ahí al 10%. Según este planteamiento, la economía se dispararía porque los trabajadores tendrían más dinero en el bolsillo y aumentarían el consumo y los impuestos indirectos. Es una hipótesis que no se ha validado en España, pero que alimenta el imaginario de los partidarios de reducir el tamaño del Estado. También se critica la progresividad fiscal, a la que se acusa de castigar el éxito y fomentar el resentimiento.
El problema de la deuda y las pensiones
La realidad económica se impone. España arrastra una deuda de 1,5 billones de euros y afronta en las próximas décadas la jubilación de la generación del baby boom, lo que tensionará aún más las cuentas públicas. Con ese panorama, algunos consideran que la propuesta de Vox es poco menos que una ensoñación. Se argumenta que sin una auditoría del gasto público, sin recortar chiringuitos y sin reformar las pensiones, cualquier bajada de impuestos es insostenible. La sombra de Milei y sus recortes en Argentina planea sobre el debate, con partidarios y detractores.
El cálculo que no cuadra
Más allá de los titulares, la propuesta tiene implicaciones técnicas. Según los cálculos que se comparten, el tipo efectivo para alguien que gane 30.000 euros se quedaría en torno al 4%, frente al 15% actual. Para 50.000 euros, bajaría al 8% desde el 25%. Para 100.000, quedaría en el 15%, aproximadamente la mitad de lo que se paga ahora. La recaudación caería drásticamente y ningún país desarrollado ha aplicado algo similar. Los defensores replican que el IRPF solo es una parte de la carga fiscal y que, sumando impuestos indirectos y especiales, la presión total sigue siendo alta. El pulso está servido.