Indemnizaciones y cierres: ¿por qué es tan caro despedir en España?

Indemnización por despido: el último clavo del empresario español​

Una fábrica textil del norte de la provincia echa el cierre y, para pagar las indemnizaciones, tiene que liquidar hasta las existencias: los carretes de hilo incluidos. El caso, aireado estos días, ha reabierto una discusión que en España nunca muere: por qué despedir es tan caro y quién debería pagar la factura. La respuesta corta es que la ley obliga al empresario, no al Estado. La larga tiene más aristas.

El marco no es discutible: el Estatuto de los Trabajadores fija una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Para un empleado con dos décadas de antigüedad, la cifra se dispara. Y no hay fondo público que lo cubra. Cuando la empresa quiebra, esa cantidad sale del patrimonio que quede: naves, máquinas, stock. De ahí que se vendan hasta los carretes.

¿Por qué hay que indemnizar si la fábrica cierra?​

Porque la ley entiende que el trabajador no tiene por qué asumir el error de gestión ajeno. Ese es el argumento que sostiene el sector que defiende el sistema actual: la indemnización no premia al empleado, cubre el tránsito hasta el siguiente empleo. Si el negocio no es viable, el marrón no lo elige el trabajador. El coste recae en quien tomó la decisión empresarial.

En contra pesa otra lectura, cada vez más extendida: el sistema penaliza al que contrata. Un pequeño empresario que ha tenido plantilla lo resume con crudeza: en España es más caro contratar que tener un hijo. La consecuencia práctica, según esta corriente, es que se contrata lo mínimo, se externaliza todo y se tira de autónomos antes que de asalariados. El mercado laboral se dualiza: fijos protegidos por antigüedad y temporales sin red.

El cálculo que nadie quiere hacer: 20 días por año​

La cifra que más se repite en el análisis es la de 20 días por año trabajado para el despido objetivo, frente a los 33 del improcedente. Con un salario medio, un despido de un trabajador con 20 años de casa puede superar los 30.000 euros. Para una pyme con márgenes ajustados, esa cifra equivale a un año de beneficios. El desglose completo, partida a partida, deja diferencias que sorprenden a quien solo conoce el titular.

Hay quien sostiene que el problema no es la indemnización, sino la falta de un fondo de garantía ágil. En otros países, el Estado asume parte del coste cuando la empresa no puede. Aquí, el Fogasa cubre una parte, pero el proceso es lento y el empresario sigue siendo el primer pagano. La alternativa que se plantea es un modelo austriaco: cuenta individual por trabajador, aportación mensual y despido gratis al final. Nadie lo ha implantado.

¿Es el despido libre la solución o el problema?​

El despido libre ya existe, en la práctica: se puede despedir cuando se quiera, otra cosa es que sea procedente. La diferencia está en el coste. Sin indemnización, el trabajador que rinde menos por edad o enfermedad se va con una mano delante y otra detrás. Ese es el contrapeso que esgrimen los defensores del sistema actual. El periodo de prueba, argumentan, ya permite cortar sin coste cuando el empleado no encaja.

La crítica más repetida al incentivo es otra: la indemnización creciente desincentiva el esfuerzo. Quien lleva 25 años en la empresa sabe que su despido es caro y su puesto, blindado. El que entra nuevo da el 100% por un sueldo inferior. El resultado es una brecha de productividad interna que ninguna reforma ha corregido. Y el mismo razonamiento se traslada al sistema de pensiones: los que cotizan hoy sostienen a los que ya no producen.

El cierre que se convierte en subasta​

El caso de la textil es el ejemplo extremo. La empresa no cierra porque quiera, cierra porque no puede. Y el proceso de liquidación se convierte en una subasta forzosa: maquinaria, género, carretes. Todo vale para cubrir la indemnización. El administrador concursal gestiona el marrón, pero el resultado es el mismo. El patrimonio del dueño responde.

La pregunta que queda en el aire es si ese modelo protege al trabajador o simplemente retrasa su despido. Un empresario que sabe que cerrar le costará hasta el último activo contrata menos, invierte menos y aguanta hasta que la quiebra es inevitable. Entonces ya no hay nada que vender. Y el trabajador cobra, si cobra, tarde y mal.

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La discusión sigue abierta: ni los que piden despido gratis ni los que defienden la indemnización actual tienen una solución que no genere un perjudicado. Lo que sí parece claro es que el sistema actual convierte cada cierre en un espectáculo de liquidación total.