Huelga general!

Huelga general: el pulso que nadie convoca​

¿Se puede parar un país cuando los sindicatos que deberían convocarlo están, según la acusación más repetida, «totalmente comprados por el Gobierno de turno»? Ese es el punto de partida de un debate que arranca con una propuesta concreta: movilizar al sector privado —el público, se argumenta, da igual— hacia una huelga general indefinida. La tesis inicial no se anda con paños calientes: «vamos a ver quién la tiene más larga», y se fijan objetivos antes de convocar porque, se sostiene, es la única solución real que queda.

El problema aparece en la segunda frase. Si los sindicatos no la convocan, ¿quién firma el papel? La respuesta más repetida en el arranque es una mezcla de escepticismo y cabreo: que la convoquen las derechas, que ya veremos, que esto o lo hacemos como sociedad o nos vamos todos a la mierda de la mano. El diagnóstico de fondo es que la representación clásica del trabajador está agotada.

Quién convoca una huelga general si los sindicatos no la convocan​

La paradoja recorre todo el asunto. Hay quien apunta directamente a un sindicato concreto vinculado a la derecha política y pregunta a qué espera para convocarla. La respuesta que se da en el propio intercambio es ácida: que no querrán hacer el ridículo ante sus jefes, la patronal y los ricos. La conclusión que se impone es que nadie con capacidad legal de convocar tiene incentivo para hacerlo.

Frente a eso, la vía que se plantea es la movilización espontánea desde el sector privado. El argumento es que los trabajadores de la privada y los autónomos están divididos, que los jóvenes que reman no tienen futuro ni esperanza, y que el país funciona como una jungla donde cada cual pelea por lo suyo. La fragmentación —por ideología, por género, por estatus, entre funcionarios y asalariados de a pie— se describe como un obstáculo deliberado.

Servicios mínimos, piquetes y el límite de lo legal​

La conversación se enreda pronto en la letra pequeña. Se pregunta si los agentes de la Guardia Civil pueden manifestarse, si sería legal, y se recuerda que a las manifestaciones van hasta los políticos. La respuesta que se da es que no hay motivo para prohibirles manifestarse. De ahí se salta a una idea más ambiciosa: que el ejército o los cuerpos de seguridad deberían dejar de obedecer a los políticos y ponerse del lado de la gente, porque cuando cuelgan el uniforme conviven en la misma sociedad que el resto.

El tono se calienta cuando se habla de los servicios mínimos. Se llega a plantear que si se para todo, incluidos los servicios mínimos de urgencias sanitarias, «habría que ver la risa». Y se menciona el piquete como el instrumento clásico para los que no secundan la huelga. Ahí el debate deja de ser económico y entra en terreno delicado.

Cuánto aguanta el Estado sin recaudar​

La propuesta económica más concreta es la duración. No una huelga de un día: indefinida, y con un objetivo explícito, que el Estado quiebre. El razonamiento es que solo cuando dejen de cobrar los funcionarios y los pensionistas se darán cuenta de que el sistema no se sostiene. Es una tesis dura, y en el intercambio se asume sin matices.

El contrapunto llega por la vía del consumo. Se propone sumar a la huelga una huelga de consumo y una insumisión fiscal. La corrección es inmediata: será insumisión, porque sumisión ya tenemos demasiada. Ese juego de palabras resume el estado de ánimo general.

El calendario: la investidura como fecha objetivo​

La única concreción temporal que aparece es la investidura. Se plantea que la huelga hay que convocarla antes y hacerla coincidir con ese día. Más adelante se afirma que ya se ha propuesto el día 3 para la huelga general, sin más detalle. No hay confirmación de quién la convoca ni de si prospera.

El marco político del momento impregna todo. Se habla de un «golpe de estado parlamentario» y de una «dictadura comunista», y se sostiene que una mayoría parlamentaria no está por encima de la ley. También se afirma que el ejército debería tomar el poder y reinstaurar el estado de derecho. Son afirmaciones que circulan en el intercambio, no hechos verificados.

El sindicalismo que fue y el que es​

La mirada al pasado ocupa varios mensajes. Se recuerda que la seguridad social, las 40 horas semanales y el derecho al paro fueron conquistas arrancadas al poder por una izquierda que entonces sí luchaba por el trabajador. Y se añade un matiz incómodo: que la financiación ha sido una losa para el trabajador, con un efecto perverso, porque sin crédito ya no se puede acceder ni a una vivienda por la inflación de los bienes.

La conclusión de ese repaso es que la defensa del trabajador jamás ha existido salvo en los inicios románticos del sindicalismo, y que el Estado es a la vez amo y señor feudal que dispone de vidas y haciendas. Con ese punto de partida, la huelga general se presenta menos como una herramienta sindical que como un pulso social completo.

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Al final, la única cifra que maneja el asunto con precisión es la del día 3. Todo lo demás —quién firma, cuánto dura, cuánto aguanta el Estado— sigue sin respuesta.