El 64% de los funcionarios gana más de 2.295 euros brutos al mes, frente al 21% de trabajadores del sector privado

El 64% de los empleados públicos cobra más de 2.295 euros brutos al mes​

Hay una cifra que resume el problema y otra que lo retuerce. La primera: el 63,7% de los empleados públicos españoles —funcionarios y personal laboral— ingresó en 2020 más de 2.295,2 euros brutos al mes. En el sector privado, ese mismo umbral solo lo alcanzó el 21,2% de los asalariados. Los datos salen de los deciles de salarios de la Encuesta de Población Activa que publica el INE, no de una encuesta de barra de bar.

La segunda cifra es la que duele. El salario medio bruto de la pública fue de 2.884,7 euros; el de la privada, 1.818,6. Mil euros de diferencia al mes, doce mil al año. Traducido: casi dos tercios del empleo público vive por encima de donde vive cuatro quintas partes del empleo privado.

¿Cuánto gana de más un empleado público que su homólogo privado?​

Depende de con quién se le compare, y ahí empieza el embrollo. Un cálculo que circula en el debate sitúa la prima salarial de la pública en torno a un 35% sobre su equivalente privado, aunque se trata de una estimación de uno de los participantes, no de una cifra oficial.

El matiz importa porque la estadística mezcla puestos que no se parecen en nada. Un celador no compite con un ingeniero de telecomunicaciones; una maestra de primaria no compite con un camarero. Cuando se compara el conjunto sin desagregar, se mide la estructura de dos mercados laborales, no el privilegio de nadie. Y eso, según quién lo cuente, es una excusa o una explicación.

La trampa de la composición: médicos y jueces frente a camareros​

El sector público concentra empleo cualificado por diseño: sanitarios, docentes, jueces, fiscales, cuerpos de seguridad, técnicos de Hacienda. El privado concentra hostelería, comercio, limpieza, logística y construcción. Comparar medias entre cestas de ocupaciones distintas es comparar peras con manzanas, y quien lo hace suele saberlo.

Pero el contraargumento aguanta el envite. Si el mérito fuera el único criterio, una enfermera o un licenciado en Derecho deberían cobrar parecido a ambos lados de la frontera sectorial. Y no ocurre.

Hay quien sostiene que la pública se ha convertido en una burbuja sostenida con impuestos y que en los países avanzados lo normal es que el trabajador privado gane más que el público. Enfrente pesa otro argumento: el problema no es lo que cobra un docente, sino lo que no cobra su vecino con la misma carrera. Bajar el techo ajeno nunca ha subido el suelo propio.

El coste por empleado: 57.000 euros al año y la comparativa incómoda​

Un cálculo que circula entre los críticos del sistema pone cifra al coste medio por empleado público y deja a España en cabeza: 57.000 euros, por delante de Noruega (53.000), Alemania (51.000), Dinamarca (45.000), Suecia (42.000) y Reino Unido (35.000).

La comparación hay que leerla con pinzas —no consta la fuente del listado y los sistemas de financiación y las funciones no son idénticos en cada país—, pero el orden de magnitud escuece: un país de renta media sosteniendo un coste de plantilla de renta alta. Ahí está el núcleo del enfado.

La defensa habitual es la congelación. Los sueldos públicos acumulan años de pérdida de poder adquisitivo y, según se sostiene en el debate, en la mayoría de los cuerpos no ha habido subida alguna en quince ejercicios. La excepción son los cuerpos policiales, que suman subidas de alrededor del 25% en los últimos años y han descolocado cualquier media general.

Interinos al 23%: el agujero que nadie quiere mirar​

Casi el 23% de los 2,7 millones de empleados públicos está en situación de interinidad, y la mayor parte cuelga de las administraciones autonómicas, que concentran el 85% del total. La figura tiene una particularidad nada menor: el interino no tiene derecho a paro, así que la administración se ahorra el coste del despido a cambio de un empleado que no puede consolidar plaza.

Tampoco es un chollo en todas las escalas. El grupo E del Ayuntamiento de Madrid —subalterno, con funciones de vigilancia, limpieza y atención al público— se mueve entre los 21.000 y los 33.000 euros brutos anuales. No es una casta. Es una nómina. Otra cosa es que sobre gente en la ventanilla y falte en la planta.

En el fondo hay un conflicto de incentivos sin resolver: mientras la plaza fija garantice estabilidad de por vida y la privada ofrezca contratos de tres meses, la carrera más racional para mucha gente es estudiar una oposición. No es una cuestión moral. Es cálculo.

¿Por qué no se sube el sueldo del sector privado?​

Es la mitad del problema que casi nadie discute. Con el salario mínimo exento de tributación y precios de bienes básicos homologables a los europeos, hay quien sostiene que a mucha gente le sale más a cuenta no aceptar según qué empleos. Eso no es vagancia, es aritmética doméstica.

Y mientras una parte del país se dedica a pedir que le bajen el sueldo al de al lado, nadie negocia su propia subida. El resultado es una envidia horizontal que deja intacta la estructura que produce el diferencial.

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Queda la pregunta a la que ningún análisis responde del todo: si el desequilibrio está en el techo de la pública o en el suelo de la privada. Corregir lo primero exige recortar plazas y evaluar rendimientos. Corregir lo segundo exige convenios, sindicatos y presión donde ahora no la hay. ¿Cuál de las dos cosas es más probable aquí?