Holanda, señores, Holanda

Países Bajos: primer ministro en bici y heredera recluida en palacio​

Países Bajos vende al mundo una postal que funciona: tulipanes, zuecos, un primer ministro en bicicleta camino del despacho y una monarquía que se pasea por Ámsterdam casi como un vecino más. Esa postal tiene una grieta. La heredera al trono, Amalia de Orange, ha renunciado a su vida universitaria en Ámsterdam y permanece recluida en palacio ante el temor a un secuestro o un ataque, según las informaciones publicadas en octubre de 2022. Su primer ministro, Mark Rutte, cuenta con un dispositivo de seguridad adicional. No es una trama de ficción: es la consecuencia de años de violencia atribuida a la Mocro Maffia, la red de crimen organizado que, según un informe de Europol de 2016, ha situado al país en el principal núcleo del tráfico de estupefacientes del continente.

Qué es la Mocro Maffia y de dónde viene​

El término empezó a usarse en 2010 para definir a grupos surgidos en entornos de inmigración magrebí y conectados desde Países Bajos y Bélgica con las principales redes internacionales del crimen organizado. La cosa venía de lejos: en los años 80 y 90 ya operaban aprovechando los puertos de Rotterdam y Amberes como puntos estratégicos para distribuir hachís por toda Europa. El salto de escala llegó a principios de este siglo, cuando esos grupos entraron en contacto con los cárteles latinoamericanos que trafican con cocaína, y desde entonces los tentáculos se extendieron también hacia el norte de África. Menos conocida que la mafia italiana o la rusa, la holandesa no resulta menos peligrosa.

De 200 kilos en Amberes a una guerra con cien muertos​

El punto de inflexión se sitúa en 2012, cuando la desaparición de 200 kilos de cocaína en el puerto de Amberes desató una lucha entre dos clanes rivales. Los ajustes de cuentas que siguieron podrían haber provocado hasta un centenar de asesinatos. Cuatro años después, la sociedad holandesa ya no podía mirar hacia otro lado: en 2016 un joven de 23 años, Nabil Amzieb, fue asesinado dentro de un coche. La violencia ha cruzado fronteras: en enero de 2021 apareció un cadáver con un disparo en la cabeza en una pedanía de Chiclana de la Frontera, con el vehículo incendiado para no dejar huellas, un patrón que se repite en estos casos. Según las informaciones publicadas, la víctima había declarado en un juicio contra Taghi y este había puesto precio a su cabeza, aunque el asesinato se atribuye a una organización distinta de la Mocro Maffia.

¿Se puede llamar narcoestado a Países Bajos?​

Aquí el diagnóstico se parte en dos. En 2018, la Asociación de la Policía del país envió al Parlamento un informe controvertido en el que aseguraba que Países Bajos cumple muchas características de un narcoestado. Dos años antes, un informe de Europol había concluido que el país se había convertido en el principal núcleo del tráfico de estupefacientes en el continente y que la mayor parte del éxtasis que se consume en Estados Unidos sale de laboratorios secretos del sur del país. Las autoridades holandesas reconocen la magnitud del problema pero consideran exagerado el término y sostienen que los tentáculos de la organización no han alcanzado a sus instituciones. Los funcionarios que vigilan los cargamentos en los puertos han sido amedrentados, admiten, aunque no hay prueba de que políticos, empresarios, jueces o altos cargos policiales hayan sido comprados, como sí ocurre en Latinoamérica. El Gobierno ha elevado los fondos contra el crimen organizado hasta los 100 millones de euros a partir de 2025.

El negocio que no se guarda debajo del colchón​

Hay un detalle que, como apuntaba un participante del debate, suele perderse en la conversación pública: el dinero no se hace vendiendo droga dentro de Países Bajos, sino produciéndola allí y colocándola en el resto de Europa. Esa es la distancia entre un mercado doméstico y una plataforma logística. Hay quien recuerda estimaciones que elevan el negocio a unos 18.000 millones de euros anuales, una magnitud que ayuda a entender por qué una red criminal puede intimidar a un Estado entero. Explica también otra cosa: la economía sumergida no necesita comprar instituciones, le basta con encontrar rincones opacos donde blanquear.

Por qué la legalización del cannabis no ha cerrado el problema​

El relato más repetido dice que legalizar la droga acaba con el crimen. Los datos disponibles no lo corroboran del todo. En varios estados de Estados Unidos se aplicó ese argumento, con la promesa de recaudar y desactivar a las mafias, y, según sostenía un participante del debate, el resultado ha sido más mafias y menos recaudación de la esperada. En Países Bajos, según otro de los intervinientes, el mecanismo fue distinto y más sutil: cuando los coffee shops legales ganaron terreno al menudeo callejero, las redes que abastecían a los pequeños vendedores perdieron parte del negocio y la violencia se desplazó hacia el control de la producción y de los alijos. El mercado legal no eliminó la estructura criminal; la empujó hacia arriba en la cadena.

Amenazas al Gobierno y a la Casa Real​

El salto cualitativo llegó cuando la violencia dejó de limitarse a los bajos fondos. En 2021, el periodista Peter R. de Vries fue tiroteado en pleno centro de Ámsterdam y acabó falleciendo; detrás del ataque se sitúa la sombra de Rodouan Taghi, señalado como la principal figura del crimen organizado holandés, encerrado en una prisión de máxima seguridad aunque, según las informaciones publicadas, sus subordinados seguirían operando. Se sospecha que están detrás de las amenazas a Rutte y a la princesa Amalia. La pregunta ya no es si el crimen organizado holandés es violento, sino qué ocurre cuando esa violencia apunta directamente a la cúpula del Estado.

La policía holandesa elevó la alarma en 2018, el Gobierno respondió con más fondos y más escolta, y la heredera al trono sigue en palacio. ¿Cuánto tiempo puede sostener un país su reputación de paraíso ordenado cuando los suyos tienen que vivir encerrados?