Inmobiliaria: Historia de las idas y venidas del PSOE en materia inmobiliaria

El PSOE terminó en 1985 con la renta antigua mediante el decreto Boyer, pero mantuvo los contratos existentes y desde entonces ha alternado discursos de protección al inquilino con medidas favorables al mercado inmobiliario. Esa ambivalencia explica buena parte de sus giros posteriores, de la ley de vivienda de 2023 a la patronal Asval.

La historia de la vivienda en España tiene dos fechas que explican casi todo: 1964 y 1985. En 1964, la dictadura franquista aprobó la Reforma de Arrendamientos Urbanos, un texto que dejó los precios casi congelados y convirtió muchos alquileres en vitalicios, heredables por familiares en las mismas condiciones. En 1985, el primer Gobierno socialista de la democracia acabó con la renta antigua mediante el decreto Boyer, aunque respetó los contratos ya existentes. Entre una fecha y otra hay una pelea política, una dimisión a los 57 días y una mansión en Puerta de Hierro que todavía se usa como chiste y como diagnóstico.

1964: una renta congelada y heredable

La frase que abre la reforma franquista de 1964 suena a manual de economía social: «El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no solo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político». No era una soflama revolucionaria. Era la puerta de entrada a una norma altamente proteccionista para los inquilinos, con rentas que quedaron prácticamente congeladas y contratos que podían durar toda la vida. Más aún: podían pasar a familiares en las mismas condiciones después de la muerte del titular. El resultado fue un parque de vivienda en alquiler barato, viejo y bloqueado, que durante décadas funcionó como un derecho de facto para unos inquilinos y como una condena para unos propietarios que no podían actualizar precios.

Ese diseño no fue un accidente. En el franquismo tardío chocaron dos familias políticas. La vieja familia falangista defendía un proteccionismo social que mantenía prórrogas forzosas a favor de los inquilinos y aceptaba revalorizaciones graduales de las rentas antiguas. La nueva familia tecnocrática, más liberal, quería mover el ladrillo, abrir el mercado y modernizar la economía. Los tecnócratas ganaron la guerra general, pero perdieron batallas concretas como la de 1964. La renta antigua sobrevivió al desarrollismo, a la transición y a los primeros años de democracia. Se convirtió en una herencia incómoda: protegía a muchos votantes, pero impedía que el mercado del alquiler funcionara como tal.

La paradoja es que el final de ese régimen llegó de la mano de un Gobierno socialista. No fue la dictadura la que enterró los alquileres vitalicios, sino el PSOE de Felipe González. Y no lo hizo sin conflicto interno. La reforma de 1985 se pareció bastante a la de 1964 en un sentido: puso en marcha una maquinaria política que mezclaba ideología, poder interno y consecuencias económicas de largo plazo. Cambiaban el régimen y los nombres, pero el patrón se repetía. Una parte del partido miraba al inquilino vulnerable; otra parte miraba al mercado, a los propietarios y a los inversores. Esa tensión nunca se resolvió del todo.

1985: Boyer, Guerra y el fin de la renta antigua

En mayo de 1985 el Gobierno socialista metió dos reformas de calado. Una afectó a las pensiones: la cotización necesaria para acceder a la pensión contributiva pasó de 8 a 15 años. La otra tocó el alquiler: el decreto Boyer terminó con los alquileres bajos de por vida, salvo para los contratos que ya existían. El ideólogo de ambas fue Miguel Boyer, ministro de Economía. Enfrente tenía a Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno y guardián del partido. La batalla la ganó Boyer. La guerra la perdió Boyer. A los 57 días de fulminar la renta antigua, dimitió.

La pelea no era solo técnica. Boyer quería reforzar su poder con una vicepresidencia económica. Felipe González le dijo primero que sí y luego que no. El entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, dejó escrito en sus diarios, recogidos en el libro *El jefe de los espías*, que Boyer no podía hacer su política económica sin manejar poderes. Cuando Alfonso Guerra se enteró de que podían darle a Boyer la vicepresidencia segunda, dijo que si eso ocurría, él se marchaba. La crisis de Gobierno estaba servida. La reforma del alquiler fue el detonante visible de una lucha soterrada por el control económico del Ejecutivo.

Hubo más. Antes de que España supiera que Boyer e Isabel Preysler estaban liados, el Estado profundo ya lo sabía. La pareja solía verse en un apartamento acondicionado en el ático del Ministerio de Economía, donde Boyer pernoctaba a ratos. En las jornadas previas a las reformas del alquiler y las pensiones, alguien le chivó a Felipe González el affair. El presidente le pidió discreción: no quería escándalos ni tensiones internas, y sabía que en su propia casa había gente que se alegraría de su caída. Según el libro de Juan Luis Galiacho sobre la relación entre el ministro y la socialité, ese alguien era Alfonso Guerra. El chivatazo podía desestabilizar la agenda liberal de Boyer y volcar los equilibrios de poder.

El decreto Boyer fue presentado como una modernización inevitable. También tuvo críticas inmediatas. Dos presidentes de asociaciones de vecinos de Madrid hicieron un balance sombrío en El País: no era la mejor política cercenar de raíz los derechos y la protección de los usuarios, porque desencadenaba subidas mayúsculas de los precios del suelo, de los costes de construcción y financiación y de las cargas fiscales. El tiempo les dio parte de razón en el diagnóstico, aunque el problema de fondo siguiera siendo el mismo: un mercado de alquiler pequeño, tensionado y lleno de incentivos perversos. Boyer dejó el ministerio, pero su decreto quedó. Y quedó también la sensación de que el PSOE podía aprobar una reforma dura y, al mismo tiempo, vender que protegía a los de abajo.

Villa Meona y el giro estético del felipismo

Al oficializarse la relación entre Boyer y Preysler, triunfó la etiqueta *beautiful people* para describir la farandulización de las élites socialistas. Pocas cosas hicieron más pupa al felipismo cultural que ver al ministro que había acabado con la renta antigua comprarse una mansión digna de una estrella del viejo Hollywood. La casa más famosa de la democracia se llamó Villa Meona. Estaba en Puerta de Hierro, aún en construcción a finales de los ochenta. La revista Tribuna publicó los planos, filtrados por José María Ruiz-Mateos, archienemigo de Boyer, después de pagar al entorno de los arquitectos. El dato que corrió como la pólvora fue que la casa tendría 16 cuartos de baño. Boyer compareció ante la prensa para desmentirlo. Según el exministro, no tenía 16 cuartos de baño: tenía «solo 13».

La anécdota sería solo eso, una anécdota, si no fuera porque resumía un cambio de época. Galiacho contó que la reacción de Boyer fue impropia de él: parecía un experto arquitecto matizando planos. Lo que más le irritó fue el dato de los dieciséis cuartos de baño y que su dormitorio tuviera más de 400 metros. Las obras terminaron en 1992. La mansión tenía 5.000 metros de parcela. Cuando se publicaron las primeras fotos, Hola la describió con un eufemismo arriesgado: «Es una casa grande, pero a la vez recogida». La realidad era menos recogida: 44 habitaciones, 15 lavabos, siete bidés y varias casetas de perro con calefacción. Fuera de campo, cuatro asistentas internas, una cocinera, tres doncellas, un chófer, un jardinero y cuatro guardias de seguridad.

El impacto simbólico fue enorme. El PSOE que había llegado al poder con aura descamisada aparecía ahora vinculado a una mansión de lujo, a un ministro que había terminado con los alquileres baratos y a una vida social que poco tenía que ver con el relato de la izquierda de 1982. No hace falta exagerar: el partido siguió ganando elecciones y gobernando. Pero la desconfianza sobre su capacidad para regular el mercado inmobiliario en beneficio de la mayoría social empezó a instalarse. La casa de Boyer se convirtió en un símbolo de la doble velocidad: una vela al pueblo, otra al mercado. Esa imagen volvería cada vez que el PSOE prometía topar precios, frenar desahucios o controlar a los fondos de inversión.

Del 15M a Asval: la ambivalencia reciente

El sociólogo de la vivienda y profesor en la Universidad de Zaragoza Daniel Sorando sostiene que la relación entre el socialismo gubernamental y la vivienda ha tenido dos fases en democracia. Una más *light*, coincidiendo con la edad de oro del bipartidismo. Y otra más dura, coincidiendo con su crisis. En España, explica, ha habido un pacto social muy amplio desde la década de los años cincuenta en torno a la vivienda como activo central de las familias. Entre franquismo y democracia no hubo transición en materia de vivienda. Hasta 2008 hubo un bloque rígido y dominante en torno a la conversión de las personas trabajadoras en propietarias, a costa de impedir consolidar la vivienda pública como un pilar más del Estado del bienestar. Un ejemplo claro fue la desgravación por compra de vivienda, que mantuvieron PP y PSOE hasta 2013, y cuyos efectos todavía perduran.

A partir de 2008, con la crisis financiera y la onda expansiva del 15M, el PSOE comenzó a cambiar su discurso, empujado por movimientos sociales a favor del derecho a la vivienda, de composición muy joven, que encontraron interlocutores en partidos a la izquierda del PSOE. En el contexto reciente, las políticas que implementaría un gobierno de PP y Vox serían, según Sorando, diametralmente opuestas a las que empuja la coalición de gobierno, presionada por el movimiento social por la vivienda. El desahucio de Maricarmen, con un contrato de renta antigua, ha obligado al Gobierno socialista a nuevos contorsionismos entre reforma izquierdista y pragmatismo de mercado. Sus decretos estrella se han caído por el camino. Demasiada polarización para urdir un decreto inmobiliario lo suficientemente vaporoso para contentar a Junts y Podemos por igual. Mucho ruido y pocas nueces antes de un desenlace electoral.

La clave, dice Sorando, está en la composición social del electorado socialista: más mayor y propietario que el de los partidos a su izquierda, más joven, inquilino y residente en zonas tensionadas. Los jóvenes han sido excluidos en gran medida del pacto social en torno a la propiedad de la vivienda. Sus padres y abuelos temen que sus activos pierdan valor, un valor que quieren legar o convertir en recursos para pagar cuidados en la vejez. Los jóvenes no pueden acceder a ese patrimonio, salvo en las clases medias-altas. Mientras los partidos a la izquierda del PSOE incorporaron en el ciclo electoral de los años diez a numerosos activistas del movimiento por el derecho a la vivienda, el PSOE es más sensible a los operadores del mercado, que captan a figuras del partido.

Ese último punto tiene nombre. Al poco de llegar Pedro Sánchez a Moncloa se fundó Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Está formada nominalmente por pequeños propietarios, pero pilotada por grandes fondos de inversión como Ares, Castlelake y Blackstone, el mayor arrendador de España, con más de 20.000 inmuebles. Asval sería algo así como el anti-Sindicato de Inquilinos, el principal dinamizador de la acampada de Sol. Todos sus presidentes hasta ahora han sido ex altos cargos socialistas. El primero fue Joan Clos, exalcalde de Barcelona, que ahora dirige la otra gran patronal de propietarios, Fiabci. La segunda presidenta tendría que haber sido Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, pero algo se cruzó en su camino.

Pardo de Vera había sido la número dos del ministerio que tramitó la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023. Durante su tramitación se mostró contraria a poner tope de precios a los alquileres. Asval la quería por verla profesionalmente muy capaz y políticamente muy válida por sus buenas relaciones con la cúpula de Moncloa, según contó El Confidencial. Al filtrarse el fichaje, la opinión pública reaccionó mal. Moncloa deslizó que podría haber conflicto de intereses y Pardo de Vera tiró la toalla. ¿Quién acabó siendo presidenta de Asval? Helena Beunza, secretaria general de Vivienda en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. La asociación pidió después la retirada de los dos decretos de vivienda con los que el Gobierno quería apagar el fuego del desahucio de Maricarmen. «El escudo social no puede ser el propietario», zanjó.

La ley de vivienda de 2023 se presentó con retórica eufórica. La entonces ministra Ione Belarra, de Podemos, anunció que se acabó sufrir un desahucio sin alternativa habitacional y que los desahucios de familias vulnerables sin alternativa quedaban prohibidos. Pedro Sánchez destacó el «hito histórico» de pasar del «urbanismo depredador» al alquiler asequible. Los datos, sin embargo, son tozudos: los alquileres han subido un 21 % de media desde entonces. Las plazas braman contra los fondos buitre, el Gobierno dice estar alineado con ellas, pero la legislatura expira y el achicharre ladrillero juvenil está en máximos. La ministra de Ciencia y candidata a la Generalitat Valenciana, Diana Morant, anunció un plan antifondos buitre para Valencia poco después de que el Gobierno rechazara una ley estatal contra esos fondos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tiene tres casas en propiedad. En materia inmobiliaria, la mano izquierda del PSOE no sabe lo que hace la mano derecha, o si lo sabe, finge no saberlo. Nada de esto es asesoramiento jurídico ni inmobiliario; para un caso concreto, conviene consultar a un profesional.