Guerra biológica: quién controla los laboratorios de Ucrania
La guerra de Ucrania ha arrastrado al primer plano un asunto que llevaba dos décadas circulando en los márgenes del debate público: la red de laboratorios biológicos que Estados Unidos financia en territorio ucraniano, pieza central de lo que algunos describen como una guerra biológica encubierta. La tesis que ha ido ganando cuerpo sostiene que el Pentágono mantiene allí instalaciones con patógenos peligrosos bajo la etiqueta de investigación médica o medioambiental, camufladas en fundaciones y presentadas como cooperación científica internacional. No existe prueba pública que lo demuestre. Y sin embargo, la confirmación por parte de una alta responsable estadounidense de la existencia de esos centros dio al relato un punto de apoyo con el que antes no contaba. Lo que se dirime a partir de ahí mezcla geopolítica, bioseguridad y una pregunta elemental: ¿quién controla lo que se cultiva en esos congeladores?
¿Qué laboratorios hay en Ucrania y quién los paga?
Desde 2014, Rusia ha reclamado explicaciones sobre las instalaciones de alta seguridad que Estados Unidos sostiene en Ucrania, y las peticiones se han repetido ante la ONU y otros organismos. Las cifras que manejan quienes siguen el rastro hablan de
alrededor de 70 laboratorios de alta seguridad. En una comparecencia pública, la número dos de la diplomacia estadounidense confirmó la existencia de instalaciones «de investigación biológica» en el país. Moscú pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad para presentar pruebas, y esa reunión fue
rechazada, según la versión rusa, sin que se llegaran a examinar los documentos. Qué se investigaba exactamente en esos centros sigue siendo el punto ciego.
Una parte del análisis rebaja la cifra a una treintena de laboratorios, la mitad de perfil científico y la otra mitad de medicina biológica, varios de ellos ya desmantelados. Faltan pruebas que permitan ir más allá de la afirmación. La discusión, eso sí, ya no es solo rusa: el asunto ha entrado en el terreno de la sospecha compartida entre bloques que hasta hace poco se presentaban como rivales irreconciliables.
Por qué una guerra biológica es más barata que una nuclear
El argumento que sostiene la tesis es económico antes que militar. La carrera nuclear exige instalaciones grandes, específicas y carísimas, además de elementos fisionables como el uranio y el plutonio. La microbiológica se apoya en la medicina aplicada: laboratorios pequeños, microorganismos autóctonos de un hábitat concreto y personal que trabaja con la coartada de la investigación. Aislar un germen en un laboratorio de hospital o en un edificio adaptado
no requiere una planta de enriquecimiento. El desembolso es una fracción del que exige un programa atómico.
Los tratados que condenan el arma biológica como crimen de guerra serían, en esta lectura, papel mojado mientras las fundaciones y empresas pantalla del país que pone el dinero mantengan la ficción. La línea que separa el estudio medioambiental del desarrollo de un patógeno letal es, sobre el papel, delgadísima. Y nadie firma lo que cultiva.
¿Por qué se discute la mortalidad del 30-50%?
El planteamiento atribuye al supuesto patógeno una letalidad del 30 al 50% en humanos. Ese dato no está respaldado por ninguna prueba y lo discuten incluso quienes compran el resto del relato. El contraste más directo lo ofrece el episodio vivido: el SARS-CoV-2 es un virus «mataviejos» que, en el peor de los escenarios,
no supera el 16% de mortalidad en el rango de 60 a 100 años, sin una letalidad global disparada. Pasar de ahí a un 30-50% de mortalidad general exigiría un salto que el propio relato no documenta.
La cifra circula más como hipótesis de laboratorio que como dato contrastado, y en un asunto así la diferencia entre una cosa y la otra lo es todo. Quien defiende la tesis general admite, sin embargo, que el porcentaje está inflado.
¿Qué significan los tres patos de The Economist?
Entre los indicios que se esgrimen hay una portada. The Economist publicó en 2020 una ilustración con tres patos junto a un recuadro con virus gripales y bacterias. Para la tesis que se defiende en estos análisis, esos tres patos son el
vector de un virus de gripe aviar de laboratorio —uno por cada país implicado en su creación— y el resto de catástrofes de la imagen, desde una llamarada solar a un meteorito, serviría de despiste. El acrónimo que se cita es LPAIV, virus de gripe aviar de baja patogenicidad.
Sobre esa base se situaba un supuesto brote en febrero de 2023 en el mar de Azov, que la ofensiva rusa sobre Mariúpol habría desbaratado antes de que arrancara. La coincidencia de fechas y símbolos es, para sus defensores, prueba irrefutable; para sus críticos, una lectura forzada de un gráfico. China, por su parte, cuenta desde 2013 con un virus de gripe aviar muy similar, descrito en estos análisis como una suerte de bomba microbiológica en el arsenal.
Shiro Ishii, la Unidad 731 y el arma de las pulgas
La genealogía del arma biológica moderna tiene un nombre propio. Shiro Ishii, al frente del Escuadrón 731 del ejército japonés, experimentó con prisioneros —a los que llamaba madera— y diseñó la llamada «bomba de pulgas», un dispositivo pensado para exterminar poblaciones enteras. Ishii no fue condenado en Núremberg: se le absolvió a cambio de entregar a Estados Unidos todo el conocimiento acumulado sobre armamento microbiológico.
Que un personaje así acabara de asesor es una de esas curiosidades incómodas de la historia reciente. Y para algunos, la prueba de que el negocio de los patógenos lleva un siglo funcionando con la bendición de las potencias.
El punto donde el análisis se atasca
La tesis del falso atentado biológico —soltar un patógeno en Ucrania y culpar a Moscú, como se hizo con Pekín al inicio de la pandemia— no ha pasado de ahí: de tesis. Hay laboratorios, hay una carrera armamentística que nadie firma y hay una portada con tres patos. Falta lo único que no se puede fabricar a posteriori: la prueba. Y en ese punto exacto, con los documentos sin verificar y las reuniones rechazadas, el análisis se atasca.