Grifols, contigo empezó todo...

Grifols cae un 30% y nadie audita a las auditoras​

Un informe de un fondo bajista se lleva por delante el 30% de la capitalización de una compañía que suministra producto sanitario esencial, y el sistema de control del mercado español se queda mirando hacia otro lado. Bastó un documento. La acusación de fondo —que Grifols habría consolidado resultados que no le correspondían para maquillar su ratio de deuda— sigue siendo, a día de hoy, una acusación. El desplome, en cambio, ya está escrito en el gráfico. Y deja tres preguntas incómodas: quién audita, quién vigila y quién termina pagando la fiesta.

Qué dice el informe y por qué la ratio de deuda está en el centro​

El punto técnico que se discute es de manual de consolidación. Según el informe, la compañía habría metido en el balance los resultados de sociedades que no debería haber consolidado por puesta en equivalencia. El efecto sería doble y muy concreto: la deuda total no cambia, pero al engordar el denominador del EBITDA la ratio se estrecha y la presión de acreedores e intereses parece mucho más contenida dentro de lo que ya es, de por sí, un desastre de gestión.

Ahí se libra la batalla. Hay quien rebaja la gravedad y sostiene que no hay pufo contable de fondo ni un problema real de negocio, solo una pillería de un equipo directivo que no sabía cómo tapar sus propios números. En contra pesa el argumento de los que no ven nada inocente en el asunto: si las cuentas consolidadas son la simple suma de los estados individuales de cada sociedad agregada, cualquier trampa tendría que haber saltado a la vista de quien supuestamente revisaba. Lo llamativo es que el grueso de las acusaciones se apoya en el balance consolidado y no en los desagregados, justo donde el margen de manipulación es más estrecho.

¿Sirve de algo la auditoría si el regulador no actúa?​

La firma que respalda las cuentas aparece en todas las quinielas y ahí empieza el problema de credibilidad. El reproche que recorre el caso es siempre el mismo: una auditora cobra de su cliente, aplica la letra de la ley y firma un informe que en la práctica solo certifica que la información la puso la empresa. Cero responsabilidad sobre la veracidad de lo auditado.

De fondo aparece la coartada perfecta del sistema: cuando el lío estalla, se tapa para preservar la maquinaria. Las grandes firmas se escudan en que la compañía les ocultó datos, no responden ante la CNMV y rara vez pagan un precio reputacional serio. Del supervisor se discute abiertamente su dependencia del poder político, y de los juzgados, su alergia a los pleitos mercantiles complejos, que dan trabajo y salen en los periódicos. El resultado es un círculo donde nadie incumple y nadie responde.

El riesgo que nadie había puesto encima de la mesa: el suministro sanitario​

Entre el ruido bursátil se cuela un aviso que no es financiero. Se apunta a que la compañía cubre alrededor del 18% de un mercado de suministro sanitario esencial, de modo que un deterioro serio de su situación no sería solo un problema de accionistas: afectaría a un eslabón de la cadena de productos derivados del plasma, materia que sale de donaciones de sangre gestionadas por organizaciones humanitarias y que después se vende a la sanidad pública.

Conviene ser prudente con eso, porque son escenarios, no hechos consumados. Pero el aviso merece más atención que la que recibe. Y alrededor del asunto se ha instalado una capa de ruido que no aporta nada: una parte lo intenta convertir en una cuestión territorial y otra deriva directamente hacia teorías conspirativas sin ninguna prueba. Ni lo uno ni lo otro explica una sola línea del balance.

El precedente de Gowex y el negocio de apostar a la baja​

Quien mueve dinero en bolsa sabe cómo funciona esto. Los fondos que publican un informe demoledor ganan dinero con ello, y no es ilegal: abren posiciones cortas antes de soltar el bombazo y recogen el beneficio cuando la acción se despeña. Con Gowex se forraron exactamente así. Por eso se exponen a querellas por manipulación de mercado y por eso comprueban tanto los datos antes de publicar. Eso no los convierte en santos, pero tampoco en mentirosos por defecto.

El paralelismo con el caso Gowex es inevitable. Hace una década estas cosas se cocían en el MAB, con Carbures y compañía de por medio, y ahora el escenario es más grande. La justicia, mientras tanto, va a su ritmo: el proceso sigue pendiente siete u ocho años después y las peticiones de condena se mueven en cifras de doble dígito de años de cárcel, con el juicio todavía por celebrar.

Unos fundamentales que ya venían tocados​

Y luego está lo que no discute nadie: la empresa llevaba tiempo perdiendo rendimiento por acción, con un patrimonio neto que ya baja del 30%, recortando dividendo y aumentando deuda a un ritmo preocupante, con oscilaciones de caja difíciles de seguir. Para una marca que se vende como líder europeo y americano de su sector, los números ya eran flojos antes de que apareciera el informe.

En ese contexto se entiende mejor la amenaza de fondo, la de un mercado que no premia: basta ver el pulso de compañías que quieren cotizar donde les asignen mejores múltiplos y el riesgo de que, si se van, se les pase factura en forma de adjudicaciones. España no es un mercado decente, aunque tenga empresas decentes. Y eso también cotiza. Circula incluso la hipótesis de una OPA de exclusión de la familia fundadora junto a un fondo para quedarse con el 100% del capital y salir del escaparate.

Con estos mimbres, lo razonable sería esperar una investigación seria, con nombres y responsabilidades. Lo probable es otra cosa. Si el informe acierta, alguien tendrá que explicar por qué la auditoría firmó y el supervisor calló; si se equivoca, quedará la duda de por qué un documento de una firma bajista mueve un 30% el valor de una compañía estratégica sin que nadie salga a desmentirlo con datos. En cualquiera de los dos escenarios, el que pierde es el mismo: el pequeño inversor que compró confiando en que las cuentas auditadas eran cuentas auditadas.