Gonzalo miró: "hemos normalizado que los facinerosos estén en las instituciones"

Romper una foto no convierte a nadie en fascista​

Una fotografía rota en un parlamento basta para que se dispare el vocabulario más gastado de la política española. La frase que ha encendido la mecha —«hemos normalizado que los fascistas estén en las instituciones»— atribuida al comentarista Gonzalo Miró, ha servido para que media España se lance a discutir qué es exactamente el fascismo y quién tiene derecho a usar la palabra. El detonante, según el material que circula, es un gesto en sede parlamentaria: alguien rompe una foto y el calificativo de fascista aparece en menos de veintiséis segundos, repetido hasta cinco veces. La escena, más que un análisis, parece un resorte automático.

Qué se discute cuando se discute el fascismo​

El problema de fondo no es el adjetivo, es su inflación. Cuando todo cabe dentro de la etiqueta, la etiqueta deja de significar algo. Hay quien sostiene que el término se ha convertido en un arma retórica de uso inmediato: si no opinas como yo, eres fascista. Enfrente, la respuesta es simétrica y algo tramposa: si todo es fascismo, entonces nada es fascismo. Dos corrientes de análisis que, paradójicamente, coinciden en lo esencial —la palabra ha perdido filo— y discrepan en quién la desgastó primero.

El detalle que descoloca es la asimetría de reacciones. Un gesto idéntico hecho por manos distintas habría tenido consecuencias distintas, según se argumenta. La vara de medir no es el acto, es quién lo ejecuta. Y eso, más que un debate ideológico, es un problema de reglas de juego.

El currículum del opinador y la sospecha del privilegio​

Buena parte del malestar no apunta al contenido de la frase, sino a quién la pronuncia. La pregunta que se repite es sencilla: ¿qué méritos tiene este señor para ser faro de opinión? No hay estudios conocidos, no hay oficio declarado, y sin embargo hay un chalé en una urbanización de lujo. La explicación que circula es incómoda: la madre fue directora de la radiotelevisión pública y responsable de subvenciones al cine, y el padrino habría sido un expresidente del Gobierno. El resultado, según esta lectura, es una casta de opinadores financiada con dinero público que se presenta como voz del pueblo.

La cifra que nadie discute: cuarenta años viviendo en una de las urbanizaciones más caras de Madrid sin haber pegado palo al agua, según el cálculo que se repite. El resto es interpretación.

El doble rasero del parlamento como plató​

Aquí el análisis se vuelve más interesante. En un parlamento no se pueden exhibir pasquines ni propaganda, recuerdan algunos. Pero la pregunta que flota es qué habría pasado si el gesto lo firma otro: unas fotos de fetos desmembrados colocadas por un diputado antiabortista, por ejemplo. La respuesta que se da es que la reacción institucional habría sido muy distinta. No es una tesis demostrable, es una intuición sobre cómo funcionan las reglas cuando el infractor viste los colores correctos.

Lo que sí es verificable es el espectáculo: el hemiciclo convertido en plató de tertulia, con el dinero de todos pagando el decorado. La política como entretenimiento tiene un coste, y ese coste se llama credibilidad.

La normalización que nadie quiere ver​

Hay un consenso incómodo en el diagnóstico: lo anómalo se ha vuelto rutina. Que un vicepresidente o varios ministros se definan como comunistas y nadie parpadee; que un presentador sin currículum cobre del erario; que las instituciones alberguen lo que antes se consideraba marginal. La discusión no es si esto es bueno o malo, es si alguien se acuerda de cuándo dejó de sorprendernos.

El cierre lo pone el dato que descoloca: mientras se discute si un calvo sin oficio es fascista o antifascista, el precio de la vivienda, la nómina y la hipoteca siguen su curso. La política-espectáculo no paga el alquiler.