GOLPE DE ESTADO DE LA DERECHA. Violentos ataques a las sedes del PSOE en todo el estado y el PP no condena la violencia >:(

El PP no condena los ataques a las sedes del PSOE​

¿Qué pasa cuando la calle se convierte en el argumento de quien no tiene mayoría? La respuesta, a la vista de lo ocurrido en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y en otras sedes socialistas del Estado, es que el relato se vuelve elástico: lo que para unos es un acto vandálico, para otros es la expresión legítima del descontento. El hilo arranca con una acusación directa —golpe de estado de la derecha— y con el reproche central: el PP no condena la violencia. El material enlaza cabeceras de distinto signo (El Plural, Canarias7, El Mundo, El País, Huffington Post, Noticias de Gipuzkoa) y, a partir de ahí, el asunto se convierte en un pulso sobre quién tiene derecho a ocupar la calle.

Qué se reprocha exactamente al PP​

El reproche no es abstracto. En el material aparece una petición formal de condena: la UFP pide el cese del Delegado del Gobierno en Madrid ante los hechos ocurridos en las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz. La paradoja que se subraya es que la formación que pide el cese del delegado no pide, en cambio, una condena explícita de los ataques. Hay quien sostiene que esa omisión es calculada: dejar que el desgaste lo pague el Gobierno sin mancharse con la condena. En contra pesa el argumento de que sin condena no hay freno, y que el silencio acaba funcionando como permiso.

El segundo reproche es de simetría. Se recuerda que, tras un atentado, se atribuyeron a la izquierda incendios de sedes del PP, y que entonces la exigencia de condena fue inmediata y unánime. La pregunta que sobrevuela el material es por qué la vara de medir cambia según quién esté en la calle.

La calle como campo de batalla semántico​

Aquí está el núcleo del asunto. Una parte del material describe lo ocurrido como pintadas con esprais y gritos, sin más. Otra parte habla de agresiones a ancianos y a niños que habían acudido con la bandera de su país. Y una tercera sostiene que la policía se ha vendido y ya es una milicia al servicio del Ejecutivo. Tres descripciones del mismo hecho que no pueden ser ciertas a la vez.

La discusión deriva hacia el vocabulario jurídico. Se pregunta abiertamente qué delito se denuncia cuando se despenaliza la sedición y se habla de amnistía: si el marco se afloja por arriba, se argumenta, la calle pierde el freno por abajo. Es el argumento que más recorrido tiene en el material, y también el más discutible: la ley no crea el conflicto, lo desactiva o lo agrava según quién la lea.

De la protesta al exceso: dónde se cruza la línea​

El material contiene una defensa explícita del límite: la gente decente no hace pintadas, difunde, manifiesta su enfado y espera. Frente a eso, se describen saqueos, contenedores quemados y piedras. La comparación se establece con episodios anteriores de violencia urbana atribuidos a la izquierda, y ahí el intercambio se encona.

También hay quien invierte el marco: si la calle es de la izquierda, ocuparla es lo que hace la derecha; y si la izquierda ha normalizado la protesta, no puede ahora rasgarse las vestiduras. El argumento tiene la elegancia de un boomerang y la misma precisión.

El trasfondo económico que nadie discute​

Debajo del ruido hay una queja material que el material menciona de pasada pero que explica la temperatura: la recaudación, la renta de los hogares, el coste de la vida. La protesta no nace solo de un acuerdo parlamentario; nace de un malestar acumulado que busca una pancarta. Quien reduce todo a la amnistía se pierde la mitad del cuadro.

Y aparece el aviso que recorre el material de arriba abajo: hay carta blanca para hacer cualquier barbaridad, luego te amnistían y ya. Es la formulación más cínica y, por eso, la que mejor resume el estado de ánimo.

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Al final, la pregunta no es si el PP condena o no condena. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse una democracia en la que cada bando espera a que el otro cruce la línea para no tener que condenarla.