Glovo acaba con su modelo de falsos autónomos

Glovo deja de ser falso autónomo tras 205 millones en multas​

La empresa de reparto a domicilio Glovo ha anunciado un «cambio de modelo laboral para toda España»: sus repartidores dejarán de ser autónomos y pasarán a ser contratados directamente por la compañía. La decisión llega después de acumular desde principios de 2023 un total de 205,3 millones de euros en multas impuestas por la Justicia autonómica por el trabajo irregular de miles de personas afiliadas al servicio. Es decir, tres años después de la aprobación de la Ley Rider, la empresa ha decidido dejar de hacer caso omiso a las peticiones del Gobierno.

Qué cambia para el repartidor: del «trabajas cuando quieres» al contrato con horarios​

El cambio de modelo no ha sido recibido como una victoria unánime. Quienes han repartido como autónomos describen una realidad incómoda para el relato oficial: libertad de horarios, capacidad de aceptar o rechazar pedidos y, en algunos casos, ingresos que consideran suficientes. Un repartidor de la zona de Marbella sostiene que trabajando siete horas un domingo hizo 100 euros brutos, unos 70 netos tras gastos, y que en temporada alta con una moto propia se podían superar los 2.500 euros netos al mes, un cálculo que otro participante pone en duda. Su argumento central: el problema no era el modelo, sino la competencia desleal de quienes operaban con cuentas alquiladas.

Las cuentas alquiladas: el agujero que nadie quería mirar​

El mecanismo, descrito con detalle en la conversación, funciona así: una persona con papeles se da de alta como autónomo, abre una cuenta en la plataforma y la alquila a alguien sin permiso de trabajo a cambio de un porcentaje de la facturación, en torno al 30%. El titular de la cuenta controla los ingresos y tiene la sartén por el mango. Este sistema, señalan, hundió la carga de trabajo y los precios por pedido, y es lo que explica que muchos repartidores culpen a la competencia irregular y no a la empresa. Con el contrato laboral y el fichaje obligatorio, ese mercado paralelo de licencias queda, en teoría, mucho más difícil de sostener.

El cálculo del autónomo: 300 euros mínimos y vacaciones sin pagar​

El otro lado de la balanza es el coste de ser autónomo. La cuota mínima ronda los 300 euros mensuales, a los que se suman combustible, mantenimiento de moto o coche y la ausencia total de derechos básicos: ni vacaciones pagadas, ni baja con cobertura real, ni Seguridad Social equiparable. Quien defiende el cambio sostiene que el autónomo verdadero no es el que reparte para una sola empresa con condiciones impuestas, sino el que se da de alta libremente y factura a varios clientes. La figura del falso autónomo, argumentan, es una invención reciente para disfrazar una relación laboral estándar y ahorrarse cotizaciones.

El precedente de Just Eat y la demanda por competencia desleal​

Mientras Glovo daba el giro, Just Eat España presentó una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona reclamando 295 millones de euros por competencia desleal. La tesis: Glovo habría violado normas laborales durante años, operando con costes más bajos que los de quienes sí cumplían la Ley Rider desde el principio. La paradoja es evidente: la empresa que ahora se adapta a la ley tendrá que defenderse de quienes llevan años cumpliéndola y ahora le pasan la factura.

El negocio que no gana dinero ni con riders baratos​

El trasfondo económico es incómodo para todos. Glovoapp23 SA, la sociedad que consolida las cuentas del grupo, registró pérdidas de 178,8 millones de euros en 2023, según los datos que se manejan en la conversación, pese a que el valor bruto de sus ventas creció un 44%. Delivery Hero pagó cerca de 1.000 millones por la compañía en 2021 y todavía no ha logrado sacarla de la espiral de números rojos. Con ese panorama, la pregunta que sobrevuela es si el modelo laboral regulado hará viable el negocio o si simplemente acelerará el ajuste.

El punto exacto donde el análisis se atasca​

Las posturas no convergen. Hay quien sostiene que el contrato laboral destruye una actividad económica que funcionaba y que el Estado se queda una parte creciente del margen mientras el repartidor cobra menos. Otros responden que si el negocio solo cuadraba con falsos autónomos, el problema no era la regulación sino el modelo. Y una tercera corriente, más incómoda, apunta a que ni con contrato ni sin él las cuentas del reparto a domicilio cierran. El giro de Glovo está hecho. Lo que no está resuelto es si alguien sale ganando.