Francia:Pero a la clase politica no le importa ver a su pais siendo destruido?

La clase política francesa y el incendio que no le salpica​

Mientras las calles de Francia se convierten en un paisaje de destrucción, una parte de la conversación pública se pregunta si a quienes gobiernan les importa algo más que su propio patrimonio. La respuesta que se repite en los análisis más duros es incómoda: no es que no les importe, es que el desastre no les pasa factura personal. Viven en urbanizaciones de lujo, viajan en aviones privados y tienen cuentas en bancos opacos, según se argumenta en el material que ha dado forma a este análisis. El país que administran puede arder; su domicilio, no.

La discusión arranca con una pregunta que muchos se hacen en voz baja: ¿cómo es posible que quienes tienen el poder para parar esto no muevan un dedo? Y la respuesta que se impone en los análisis más críticos es que el vínculo entre gobernante y territorio se ha roto. Antes, recuerdan, un político tenía su país como prioridad. Ahora, el Estado se ha convertido en una escala hacia los consejos de administración de las grandes corporaciones financieras, que son quienes mandan de verdad.

El cálculo de la impunidad: por qué el incendio no les quema​

La tesis más repetida es la de la desconexión total entre la élite política y las consecuencias de sus decisiones. Se sostiene que la clase política tiene para coca y putas en cantidades industriales, y para vivir o viajar muy lejos del meollo. Cuando el conflicto llega a sus barrios privados, la respuesta es otra: allí sí hay consecuencias. En cuanto alguien pisa una residencial privada, se argumenta, es abatido o desaparecido. La asimetría es el corazón del asunto.

Hay quien va más allá y sostiene que no se trata de negligencia, sino de intención. Los estados de occidente pretenden exterminar las naciones occidentales, no es que no les importe, es que lo están provocando. Es una corriente de análisis que no se apoya en documentos, sino en la lectura de los resultados: si el efecto es la sustitución demográfica y la pérdida de soberanía, la causa no puede ser un accidente. Otra línea, más matizada, apunta a que los políticos son cipayos, administradores de fincas de los que mandan de verdad, y siervos eficaces para cumplir las órdenes de los amos.

El resultado, en cualquier caso, es el mismo: el país se convierte en un estercolero mientras quienes lo gobiernan celebran su buena gestión en un concierto de Elton John. La imagen de Macron bailando mientras las calles ardían se ha convertido en el símbolo de esta desconexión. Un tío responsable, ironizan, si no le importara no saldría a celebrarlo.

¿Por qué la clase política no frena la inmigración masiva?​

La respuesta que se repite es que la inmigración masiva es buena para ellos y provocan estas situaciones. El mecanismo descrito es siempre el mismo: primero se permite la entrada indiscriminada, después se ayuda económicamente a costa de los impuestos de los europeos, previo lavado de cerebro mediático con mensajes de buenismo, y luego se espera mientras se produce la conflictividad bajo la inacción de policías, políticos y jueces. La clase política, se argumenta, no sufre las consecuencias: quien no se entera de nada es el ciudadano que les vota.

Hay quien señala que Francia tiene 751 Zonas Urbanas Sensibles (ZUS) reconocidas oficialmente desde 1996, un dato que se usa para demostrar que el fenómeno no es nuevo ni improvisado. La inmigración masiva en Francia empezó casi 30 años antes que en España, lo que explicaría por qué el país vecino va por delante en la escalada. No es un accidente de última hora; es una política sostenida durante décadas.

La pregunta que sobrevuela es por qué no se aplica el puño de hierro si el Estado tiene todo el poder para hacerlo. La respuesta más repetida es que no hay voluntad: por algún motivo no lo hace. Y ese motivo, para muchos, es que el objetivo no es frenar el fenómeno, sino gestionarlo.

El origen del problema: ¿a quién obedecen los políticos franceses?​

Una de las líneas más duras sostiene que a Francia no la gobiernan los franceses, sino las élites angloamericanas, como al resto de Europa. Una de las doctrinas del anglo-globalismo, se argumenta, es el multiculturalismo y las políticas de puertas abiertas con la inmigración masiva, con tolerancia infinita para que realicen su función de sustitución étnica. Es una tesis que no se apoya en pruebas documentales, pero que explica, para quienes la sostienen, la coherencia del resultado en países con gobiernos de signos distintos.

Otra corriente apunta a un mecanismo más prosaico: la selección adversa de la clase política. No hay ningún político bueno o decente, se afirma sin matices. El que se mete en política para mejorar las cosas no llega lejos; a la cima solo llegan los más psicópatas y sinvergüenzas, los dispuestos a cualquier cosa. No esperéis jamás soluciones de los políticos, concluyen: están ahí para parasitar en su ecosistema y para crear los problemas.

En medio de todo esto, hay quien recuerda que el que se deja engañar es tan culpable como el engañador. La crítica no va solo contra los gobernantes, sino contra quienes les votan. En España lo mismo: votar a determinados partidos para qué, se preguntan, si el resultado es la destrucción del país y luego el ciudadano se sentirá engañado. La responsabilidad, en esta lectura, es compartida.

La policía que aguanta y el ciudadano que paga​

Uno de los puntos que más tensión genera es el papel de las fuerzas de seguridad. Se argumenta que la policía aguanta sin rechistar que les calienten duro, y que si los altos cargos tuvieran principios, se plantarían ante el presidente y le exigirían permiso para defenderse o que sacara al ejército. La crítica no es solo a los políticos, sino a una cadena de mando que, en esta lectura, ha interiorizado el solo cumplo órdenes aunque eso les lleve a recibir sin responder.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie es quien paga la factura. Los daños superan los 1.000 millones de euros, una cifra que se repite en los análisis y que supera lo ocurrido en 2005. El coste no es solo material: hay librerías católicas destrozadas, comercios saqueados y una sensación de que el Estado ha abandonado a los suyos. La pregunta que flota es quién repone todo eso. La respuesta, por lo general, es la misma: el contribuyente.

La escena que resume el asunto es la de un padre intentando agredir a otro en un partido de infantiles en Cádiz, un episodio que se usa como ejemplo de hasta dónde llega la tensión social cuando el marco se rompe. No es Francia, pero sirve para ilustrar que el fenómeno no entiende de fronteras.

El cierre: lo que queda cuando el país ya no es de nadie​

La conclusión que se impone en los análisis más ácidos es que a la clase política se la suda todo lo que no sea su patrimonio y su familia. La inmigración es buena para ellos y provocan estas situaciones. Quien no se entera de nada, insisten, son los que les votan. Es una lectura que no deja margen para la esperanza institucional: no hay políticos buenos, no hay solución por arriba, no hay nada que esperar de quien vive del problema.

Si algo deja claro esta discusión es que el vínculo entre gobernante y territorio se ha roto. El político ya no responde ante su país, sino ante estructuras que no tienen bandera. Y mientras eso no cambie, el incendio seguirá avanzando. La predicción, con reservas, es que el fenómeno no se detendrá por sí solo: hará falta algo más que una elección.