Romay reclama pensiones dignas para olímpicos sin cotización
¿Qué pasa cuando un medallista olímpico llega a los 65 años y descubre que su pensión es la mínima? Fernando Romay, plata en Los Ángeles 1984 con la selección española de baloncesto, lo contó en el magacín de Antena 3
Y ahora Sonsoles: durante años los deportistas de su generación no cotizaron a la Seguridad Social, y ahora muchos afrontan jubilaciones que caen un 30% o un 40% respecto a lo que les correspondería. «Hay compañeros míos que están con la mínima no contributiva», dijo. «El otro día nos habló un deportista olímpico que estuvo en dos Olimpiadas y está cobrando 600 euros de jubilación».
Romay no pide para sí: reconoce que en los deportes de equipo la cotización fue más sencilla porque había nómina y régimen general. El problema está en los deportes individuales y federados, donde la relación laboral era difusa y la cotización, voluntaria o inexistente. «Estuve hablando con el secretario de Estado para el Deporte y me dijo que esto ya está en manos de la Seguridad Social», explicó. Su petición: que se reconozcan los años federados como cotizados y que la solución llegue rápido. «La gente empieza a tener muchos problemas».
Qué dice la ley sobre la cotización de los deportistas
La legislación llegó tarde y a trozos. Los futbolistas entraron en la Seguridad Social con el
Real Decreto 2806/1979. El resto de deportistas con relación laboral por cuenta de un club —baloncesto, balonmano— esperaron al
Real Decreto 1006/1985, todavía vigente, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Antes de eso, el
Real Decreto 318/1981 cubría a quienes ya tenían contrato con un club.
El agujero estaba en los deportistas federados sin nómina de club: según un forero, tenían que cotizar como autónomos con el convenio especial de deportistas de alto nivel, una vía que muchos ni conocían. El resultado es una carrera de cotización truncada en la treintena y décadas de vacío hasta la jubilación. Romay lo resume: «Con 20 años, cuando estás en la efervescencia de tu carrera, lo das todo por hecho. Lo dabas como una norma hecha».
El debate: ¿paga pública o ahorro privado?
La reacción social se parte en dos. Una corriente sostiene que quien no cotizó no puede reclamar después una pensión contributiva, y que un deportista de élite tuvo ingresos suficientes para construir su propio ahorro. «Si no has cotizado, pues no has cotizado», resume una postura repetida: la pensión resultante debe ser la mínima, igual que para cualquier autónomo que pagó por la base más baja.
La otra corriente distingue entre deportes. En fútbol o baloncesto los sueldos permitían previsión; en disciplinas minoritarias y olímpicas, no. «Los ingresos de un deportista son unos años muy concretos, y eso es particularmente sangrante en especialidades minoritarias y en el olimpismo, donde estás en un claroscuro legislativo porque eres medio amateur medio profesional», argumenta esta posición. El caso del ciclista Ángel Arroyo, segundo en un Tour de Francia, que regenta un lavadero de coches, se cita como prueba de que la élite deportiva no garantiza retiro dorado.
Quién tiene la competencia para arreglarlo
El asunto está en manos de la Seguridad Social, según trasladó el secretario de Estado para el Deporte a Romay. La propuesta que circula: computar los años federados como cotizados, con las federaciones implicadas en el cálculo. En deportes de equipo el historial de nóminas facilita reconstruir bases y periodos; en deportes individuales hay que negociar federación por federación.
Romay pide celeridad: «¿Se puede solucionar? Vamos a buscar la solución. Lo que sí pediría es que sea rápido porque la gente empieza a tener muchos problemas». La alternativa que ya existe es cotizar voluntariamente hasta la pensión máxima, pero exige ingresos y previsión, dos cosas que no siempre acompañan al final de una carrera deportiva.
La paradoja es fina: un país que celebra medallas olímpicas descubre que algunos de quienes las ganaron llegan a la jubilación con la no contributiva. Romay pide rapidez. La Seguridad Social tiene la pelota.