Feijoó tiene la solución a la okupación: pagarle (con tus impuestos) la deuda a los okupas

Feijóo promete un seguro estatal de impagos de alquiler​

¿Quién paga cuando el inquilino deja de pagar? La respuesta que ha dado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es clara: el Estado. En un mensaje difundido en redes, Feijóo anunció que su partido creará un seguro de impagos a cargo del Estado que ofrecerá «tranquilidad a los propietarios y oportunidades a los inquilinos», con especial atención a los jóvenes. La propuesta llega envuelta en un marco político: «El Gobierno ha legislado para dividir. Nosotros lo haremos para construir», sostiene. La reacción no se ha hecho esperar y ha sido, en su mayoría, de estupefacción.

Qué propone exactamente el PP​

El anuncio, difundido por el propio Feijóo, plantea un mecanismo por el cual el erario público cubriría las rentas que los arrendatarios dejen de abonar. La idea se presenta como una solución doble: por un lado, proteger al propietario frente al impago; por otro, facilitar el acceso a la vivienda a los inquilinos, especialmente a los más jóvenes, que a menudo se enfrentan a la exigencia de avales y garantías adicionales.

El planteamiento no es nuevo en el mapa autonómico. En Cataluña existió durante unos años un programa denominado Aval lloguer, una suerte de aval público que cubría los impagos de alquiler. Según el testimonio de una persona que lo utilizó, el sistema le pagó todo lo adeudado —menos los desperfectos— e incluso le permitió librarse de las deudas de suministros. El programa, relatan, se retiró con rapidez: la acumulación de morosos agotó el presupuesto. La experiencia catalana se ha convertido en el principal argumento de quienes dudan de la viabilidad de la medida a escala nacional.

El coste oculto: quién paga el seguro​

La crítica más repetida apunta al bolsillo del contribuyente. La propuesta, señalan, convierte al Estado en avalista de las rentas impagadas, lo que en la práctica supone que el conjunto de los contribuyentes asuma el riesgo de impago de los arrendamientos. «Voy a pagar mi hipoteca, la renta de los pisos de los langostos y la deuda de los okupas», resume una intervención que condensa el malestar. Otro participante lo formula como una transferencia: los trabajadores que alquilan una vivienda en propiedad acabarían pagándose el alquiler a sí mismos, mientras el erario cubre el resto.

El argumento económico de fondo es el riesgo moral. Si el Estado garantiza el cobro, el incentivo del propietario para seleccionar inquilinos solventes se diluye y el del inquilino para pagar, también. Hay quien lleva el razonamiento al extremo: si el seguro cubre cualquier renta, bastaría con pactar un precio artificialmente alto entre las partes para cobrar del erario. «Mañana lo pongo a 5.000, firmamos todos, sonreímos, y al mes siguiente a cobrar el seguro», ilustra un mensaje. El resultado, sostienen, sería una espiral de precios al alza y una sangría presupuestaria.

La okupación como telón de fondo​

La propuesta se enmarca en el debate sobre la ocupación ilegal de viviendas. Una parte de las intervenciones sostiene que la solución pasa por reforzar la vía judicial y acelerar los desahucios, no por compensar económicamente al propietario. «Crear una ley para impedir la ocupación y echar inmediatamente a la calle a esas ratas no, mejor emplear el dinero de todos para compensar a los propietarios», resume una intervención crítica. La pregunta que subyace es por qué el Estado elige pagar en lugar de legislar para que los procesos de desalojo sean más rápidos. Otro mensaje apunta en la misma dirección: «Cuando el Estado nos obligue a pagar, cambiarán las leyes y los desahucios serán más rápidos». La hipótesis, no confirmada, es que el seguro funcionaría como un parche temporal hasta que la presión fiscal fuerce un cambio legal.

El diagnóstico: un PP que no convence a su propia base​

Más allá de la medida concreta, el anuncio ha reabierto la brecha entre el PP y una parte de su electorado natural. Las críticas no vienen solo del flanco ideológico opuesto: buena parte de las intervenciones más duras proceden de posiciones que se sitúan a la derecha del partido. «Este partido tiene de derecha lo que el PSOE de obrero y español», resume una intervención. Otra va más lejos: «Si la alternativa es este imbécil, prefiero la dictadura sanchista». La comparación con el Gobierno de Sánchez es constante, pero en un sentido inesperado: varios mensajes sostienen que Feijóo es «incluso peor» porque, a diferencia del presidente, no tendría freno alguno a la hora de cruzar líneas rojas.

El diagnóstico que se repite es el de un partido sin brújula económica. «Estatalistas que solo buscan excusas para engordar el Estado, disparar el gasto público y asfixiarte a impuestos», resume una intervención que condensa el malestar desde posiciones liberales. La acusación de socialismo asintomático —o subclínico, matizan otros— recorre buena parte de los mensajes. El propio Feijóo queda retratado como un político dispuesto a prometer «la luna» con tal de gobernar, en palabras de un participante.

Las alternativas que se mencionan​

Frente al seguro de impagos, las propuestas que emergen del debate apuntan en dos direcciones. La primera es la construcción de vivienda social, con la crítica de que «llevan años sin hacer prácticamente nada». La segunda es la intervención directa sobre el mercado: agilizar los desahucios, endurecer la persecución de la ocupación ilegal y reducir la burocracia. Hay quien recuerda que ya existe una Ley de segunda oportunidad que perdona deudas impagables a particulares, pero que excluye las deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, cuyos intereses de demora compuestos las hacen impagables. La paradoja, señalan, es que el Estado perdona al particular pero no a sí mismo.

El cierre del debate no llega a consenso. La propuesta de Feijóo queda sobre la mesa, sin fecha de implementación ni detalles sobre su financiación. Si el seguro se aprueba, el contribuyente sabrá cuánto cuesta. Si no, quedará como una promesa más. De momento, la única certeza es que el anuncio ha servido para que propios y extraños coincidan en algo: la política de vivienda en España sigue siendo un campeonato de tontos.