Expulsar a millones de latinoamericanos de España ES POSIBLE

Expulsar a millones de latinoamericanos: el plan que se debate​

Sí, sobre el papel se puede. Es la conclusión que se repite en una discusión que arranca con una tesis tajante: el proceso migratorio se puede revertir y la supuesta invasión latinoamericana es, se afirma, lo peor que le ha ocurrido a España en toda su historia. A partir de ahí, el asunto se parte en dos preguntas que nadie responde igual: si existe la voluntad política de hacerlo y si existe el instrumento legal para llevarlo a cabo.

La primera respuesta que aparece es un no rotundo. Se argumenta que ningún partido con opciones reales de gobernar ejecutaría una medida así, ni la izquierda ni el PP, y que por tanto la vía electoral está cerrada. Frente a eso, la contrarréplica más repetida es que la falta de voluntad no equivale a imposibilidad técnica, y que la historia española ofrece precedentes de operaciones de expulsión masiva, según uno de los participantes.

¿Es legal revocar nacionalidades y asilos ya concedidos?​

Aquí el debate se vuelve más concreto. Se sostiene que bastaría con revisar todas las concesiones de asilo y nacionalidad y revocar a la mínima irregularidad: quienes entraron como turistas y nunca volvieron, quienes obtuvieron protección alegando huida de un régimen concreto cuando ese régimen cambie. Es la propuesta más desarrollada de todo el intercambio y la que menos se discute en términos jurídicos.

La objeción que aparece es de orden práctico y administrativo: cada revocación exige un expediente, una causa tasada y un recorrido judicial. Multiplicar eso por millones de casos no es un decreto, es una década de tribunales. Y en medio, un dato que se repite: buena parte de los afectados ya tiene DNI español, con lo que la expulsión deja de ser política migratoria y entra en el terreno de la nacionalidad.

El argumento económico: cortar las ayudas y esperar​

La propuesta más citada no es policial, es presupuestaria. Se afirma que si se cortan las ayudas sociales más de la mitad de los recién llegados se marcharían por su propio pie. Es una hipótesis sin verificación en el material, pero domina la conversación porque evita el problema logístico de las deportaciones.

Enfrente está el argumento laboral: hay sectores que dependen de mano de obra extranjera y una parte del propio Estado, incluido el ejército, tiene personal de origen hispanoamericano en sus filas, según una de las afirmaciones del debate. Se apunta que una purga de esa escala dejaría vacantes puestos que nadie cubriría con parados locales. La contrarréplica es que esos puestos se cubrirían si se obligara a aceptarlos.

¿Por qué se compara la inmigración latinoamericana con la magrebí?​

La discusión se enreda aquí. Una corriente sostiene que el colectivo magrebí es el problema principal y no secundario, porque a diferencia de otros grupos, se dice, pretende imponer su religión y sus costumbres. Otra corriente responde que esa caracterización es falsa y que la mayoría de esa población es atea y no practicante.

El bloque que considera prioritario el flujo latinoamericano usa un argumento cultural: se comparte idioma y origen histórico, y por tanto la asimilación sería más sencilla. La objeción llega desde el otro lado con una pregunta incómoda: si de verdad se comparte tanto, por qué la nacionalidad se concede con criterios más laxos en un sentido que en el otro. Ese intercambio, con el trato recíproco de nacionalidades sobre la mesa, es el tramo más técnico de todo el asunto.

Las cifras que se manejan y las que faltan​

El problema de fondo es que casi todo lo que se afirma carece de respaldo numérico. Se habla de millones de personas, de más de la mitad que se iría sin ayudas, de una quinta columna de un país enemigo, pero no aparece ni un solo dato oficial de población, de nacionalidades concedidas ni de coste de las prestaciones. Sin eso, cualquier plan es un deseo.

La excepción es el marco comparado. Se cita el endurecimiento de la legislación en Portugal y se recuerda que ni siquiera Estados Unidos, con un gobierno abiertamente restrictivo, ha ejecutado una deportación masiva de esa escala. Ese es el único contrapunto empírico que se aporta en toda la conversación.

El escenario que nadie descarta​

El cierre lógico de todo esto no es un plan, es una crisis. Se apunta a que solo un shock económico peor que el de 2008, la mejora súbita de los países de origen o la ruptura del marco europeo con vuelta a la peseta crearían las condiciones para un retorno masivo. Es decir: no se expulsa a nadie, se espera a que se vayan solos.

La predicción con reservas es esta. Si el marco legal no cambia, la única variable que puede alterar el saldo migratorio es la economía, y esa no se controla desde un ministerio. Queda por ver si el descontento que alimenta esta discusión se traduce algún día en una mayoría dispuesta a pagar el coste político de intentarlo.