Esta Cubana que reside en Cuba, nunca ha estado y contribuido en España, tendrá el mismo derecho a Votar en las elecciones Españolas que quienes si.

Una cubana residente en Cuba obtendrá derecho a voto en España sin haber estado nunca: así funciona la ley de memoria democrática

Imaginemos a alguien nacido en La Habana, que nunca ha viajado a España, no ha cotizado un euro en la Seguridad Social española y cuya única conexión con el país es que un bisabuelo salió huyendo de la Guerra Civil. Según la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, esa persona puede obtener la nacionalidad española y, con ella, el derecho a votar en las elecciones generales y autonómicas. El caso que ha saltado esta semana a la discusión pública —una ciudadana cubana que ha solicitado la nacionalidad por la vía de los nietos de exiliados— ha reabierto el debate sobre el alcance de una norma que ya ha concedido la nacionalidad a decenas de miles de descendientes.

Los datos disponibles indican que desde la entrada en vigor de la ley, más de 50.000 personas han obtenido la nacionalidad española por esta vía, la mayoría residentes en Cuba y Argentina. La ley no exige residencia previa en España ni vinculación laboral o familiar actual. Basta con acreditar que un ascendiente directo (padre, abuelo o bisabuelo) fue exiliado durante la dictadura franquista.

---

El derecho a voto sin contribuir: una anomalía en Europa

El sistema electoral español permite votar a todos los nacionales mayores de edad, residan o no en España. Los residentes en el extranjero (CERA) ya votan desde hace décadas, pero su número era limitado. La ley de nietos ha multiplicado el censo de votantes en el exterior: según datos del INE, el censo de residentes ausentes ha crecido un 40% en dos años, con incrementos superiores al 60% en países como Cuba o Venezuela.

El caso concreto que ha encendido la discusión es el de una muyer cubana que, según su propia declaración, nunca ha estado en España, no habla español con fluidez y no tiene intención de mudarse. Lo que busca, según ha manifestado, es “traer a España lo mejor del socialismo cubano”. La polémica no es sobre su ideología, sino sobre la legitimidad de que alguien sin vínculos reales decida sobre políticas que afectan a quienes residen y tributan en el país.

---

La brecha entre el espíritu de la ley y su aplicación práctica

La ley fue concebida como una reparación histórica para los descendientes de exiliados. Pero su redacción amplia —no exige demostrar que el exilio fue forzoso ni que se mantenga alguna relación con España— ha abierto la puerta a casos que distan del espíritu original. Según datos del Ministerio de Justicia, casi el 90% de las solicitudes se han aprobado, y solo un 3% han sido rechazadas por no cumplir los requisitos documentales.

El argumento de que cualquier descendiente de un español es, en esencia, español, choca con la realidad de que muchos solicitantes no han pisado el país ni tienen intención de hacerlo. La normativa actual no exige un período de residencia previo a la obtención de la nacionalidad, a diferencia de otros países europeos como Alemania o Francia, que sí requieren vínculos efectivos.

---

El dato que descoloca: el voto como mercancía política

Aunque el debate se centra en el derecho individual, la dimensión colectiva es política. Los nuevos votantes en el extranjero tienden a concentrarse en países con alta diáspora y, según algunos análisis, su voto se ha inclinado mayoritariamente hacia partidos de izquierda en las últimas elecciones. En 2023, el voto exterior fue decisivo en provincias como Madrid o Barcelona, donde el escrutinio de los residentes ausentes inclinó algún escaño. Quien obtiene la nacionalidad por esta vía adquiere de inmediato el derecho al voto, sin necesidad de residencia ni de contribución fiscal.

Con esta ley, España se ha convertido en el país europeo con los requisitos más laxos para la concesión de nacionalidad por descendencia. La paradoja es evidente: mientras se endurece el acceso a la nacionalidad para forasteros económicos —con años de residencia, examen de idioma y pruebas de integración—, se facilita a personas sin conexión real. La pregunta que queda en el aire es si esta vía seguirá abierta o si el ruido político forzará una reforma. De momento, más de 100.000 solicitudes están en trámite.