ULTIMA HORA: La Delegación del Gobierno responde al ultimátum del Ayuntamiento de Madrid. Los chavales pueden seguir acampados, reunidos y fumando.

La Delegación del Gobierno no desaloja Sol​

En la Puerta del Sol no se desaloja a nadie. La Delegación del Gobierno ha respondido con una fórmula que no cierra ninguna puerta y tampoco abre ninguna: seguirá «desarrollando actuaciones procedentes» en la plaza y lo hará, dice, respetando el derecho de reunión. Traducido al castellano corriente: los acampados pueden seguir acampados y reunidos. La pelota queda donde estaba.

El planteamiento no es nuevo. La Delegación responde que actuará en respeto del derecho de reunión. Y en medio, una plaza ocupada que nadie quiere desmontar con grúas antes de saber cuánto cuesta la foto.

¿Derecho de reunión o derecho de acampada?​

La distinción está en el centro del conflicto y no es menor: una parte del análisis sostiene que el derecho de reunión no es el derecho de ocupación, ni de acampada, ni de ensuciar la vía pública. Sobre el papel, es una separación jurídica elemental. En la práctica, la frontera entre manifestarse y quedarse a dormir la decide el criterio policial, y ese criterio, cuando hay cámaras delante, se vuelve elástico.

Lo que se discute no es la norma. Es el coste. Hay quien señala que un desalojo con porrazos cuesta votos y recuerda el precedente de 2011, cuando el Ministerio del Interior de entonces tampoco movió a los acampados. La lectura cínica es la más repetida: no se echa a nadie porque la cuenta electoral sale en negativo. La lectura institucional es más aburrida: se está protegiendo un derecho fundamental. Las dos pueden ser ciertas a la vez, y ese es justo el problema.

El doble rasero que señalan las comparaciones​

Los paralelismos aparecen en cadena. ¿Qué pasaría si la acampada se montara frente a la Moncloa? ¿Y delante de la casa del delegado? La respuesta que circula es unánime y desabrida: desalojo en cinco minutos. Nadie lo prueba con un caso. Todos lo intuyen.

El contraste más incómodo llega desde Formentera. La isla interpuso 41 denuncias por acampadas ilegales durante el verano pasado, según las informaciones recogidas. Es decir: dormir en una playa de Baleares genera expediente; dormir en la plaza más simbólica del país genera un comunicado sobre derechos fundamentales. Alguien dirá que son cosas distintas. Y lo son: una tiene cámaras y la otra tiene arena.

Hay más lecturas sobre la mesa. Que si la acampada coincide con la semana de los decretos sobre Ceuta y sirve de cortina de humo. Que si la ocupan los mismos a los que se les llena la boca hablando de orden público. Que si en cuanto caiga el primer aguacero no queda ni uno. Esta última es, con diferencia, la predicción más barata de verificar.

Qué puede pasar ahora​

Poco y despacio. La Delegación no ha fijado plazo, no ha puesto fecha y no ha anunciado operativo. La respuesta ya se ha dado y es la de que no hay novedad.

Con estos mimbres, lo probable es que el pulso se alargue hasta que lo resuelva la meteorología o el cansancio, no un juez. Apostar por un desalojo inminente tiene mal pago: nadie quiere firmar la foto de los porrazos en Sol. Y apostar por que esto crezca tampoco: el calendario corre en contra de cualquier acampada que dependa del buen tiempo. La única certeza es que la plaza sigue ocupada y el comunicado sigue sin decir nada.