Expedientan a un profesor por hablar español en Cataluña

Un profesor de secundaria en Cataluña ha sido expedientado por hablar en español en clase, según denuncia la Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua. El caso vuelve a poner sobre la mesa el conflicto entre la inmersión obligatoria en catalán y el derecho de las familias a elegir la lengua de escolarización.

La noticia llega con nombre y apellidos institucionales: un profesor de secundaria en Cataluña se enfrenta a un expediente administrativo por haber usado el español en el ejercicio de su docencia. Lo cuenta la Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua, vinculada a la asociación Hablamos Español, que sitúa el caso en el centro de una polémica que lleva años sin resolverse: qué lengua se usa para enseñar y quién decide.

Un expediente que reabre el pulso por la lengua en el aula

El expediente no es un incidente aislado ni una anécdota de pasillo. Es la punta visible de un modelo escolar que, en Cataluña, ha convertido el catalán en lengua vehicular de la enseñanza y ha dejado al español en un lugar subsidiario, cuando no directamente incómodo. La denuncia de la plataforma sostiene que ese modelo se impone por encima de la realidad lingüística de miles de familias.

La asociación Hablamos Español lleva tiempo documentando casos similares y defendiendo la libertad de elección de lengua. Su argumento de fondo es sencillo: si una familia quiere que su hijo estudie en español, la administración debería facilitarlo, no poner trabas. El expediente al profesor es, para esta plataforma, la prueba de que la norma se aplica con mano dura contra quien se sale del guion.

El declive del catalán como argumento de la inmersión

Quien defiende la inmersión obligatoria suele apoyarse en un dato que la propia plataforma recoge: el uso del catalán está en declive. Si la lengua se pierde, dicen, hay que protegerla desde la escuela. Es una lógica que convierte el aula en un instrumento de política lingüística y no en un espacio de aprendizaje.

El problema es que ese razonamiento tiene un coste. La plataforma denuncia que millones de niños catalanes hablan y piensan en español, y que el sistema los trata como una anomalía que hay que corregir. La consecuencia, según su lectura, es un deterioro de los resultados educativos: cuando se fuerza el aprendizaje en una lengua que no es la materna de buena parte del alumnado, el rendimiento se resiente. La plataforma menciona los informes PISA como termómetro de ese descenso.

Galicia, el mismo patrón con otro acento

El texto que originó el debate no se queda en Cataluña. Su autor, Emilio Álvarez Cid, portavoz de la plataforma, habla también de Galicia y lo hace desde la experiencia propia. Allí, según su testimonio, la Xunta ha llegado a prohibir a un profesor escribir en español, una actuación que la plataforma califica de inconstitucional.

El patrón se repite: administraciones que usan la lengua como herramienta de cohesión identitaria y docentes que se topan con el expediente cuando no comulgan con el criterio oficial. La pregunta que subyace es hasta qué punto una comunidad autónoma puede imponer una lengua vehicular única cuando la Constitución establece el español como lengua oficial del Estado y reconoce el derecho a usarla.

La pregunta que queda en el aire

La plataforma lanza una propuesta que suena razonable fuera del debate político: respetar la opción lingüística de las familias y formar al alumnado en la lengua oficial que cada cual elija. No hablan de eliminar el catalán, sino de no imponerlo. Y añaden una duda incómoda: si los resultados educativos mejorasen con ese modelo, ¿preferirían las administraciones la mejora o la preservación de la lengua?

No hay respuesta oficial a esa pregunta. Lo que hay es un expediente abierto, un profesor señalado y un debate que vuelve cada vez que alguien decide hablar en español donde se espera que hable en catalán. La política lingüística tiene estas cosas: convierte el idioma en campo de batalla y deja a los docentes en primera línea. Cualquier decisión administrativa sobre el caso afecta a derechos lingüísticos y laborales, así que conviene esperar a la resolución firme antes de dar nada por sentado.