Exdifrutado de vox de 60 años y que tiene 17 viviendas y 9 garajes descubre el repruebo de los jóvenes de derecha contra la langostada y queda patidifuso

El exdiputado de Vox con 17 pisos que no entiende el odio a los boomers​

El enfrentamiento generacional no es un asunto de izquierdas. Un exdiputado de Vox nacido en 1964, afiliado al partido desde 2014 y con cuatro años de escaño en el Congreso, ha comprobado que el reproche hacia su quinta no entiende de siglas. Al hombre se le atribuyen 17 viviendas, según los datos que se manejan en la discusión, y él sostiene que no es un vividor ni especula con el alquiler. La réplica no tardó en llegar: «la culpa es del agüelo».

Quién es el exdiputado de Vox acusado de acaparar vivienda​

El protagonista se define él mismo en sus respuestas: no es del PP, se afilió a Vox en 2014 y fue diputado de la formación en el Congreso durante cuatro años. Nació en 1964, de modo que todavía no ha alcanzado la jubilación y reivindica que los de su generación que siguen trabajando lo hacen tan duro como cualquier otro. Los ya retirados, añade, perciben lo que cotizaron.

Su argumento choca con la cifra que abre el reproche. Un exdiputado de Vox al que se atribuyen 17 viviendas no es el perfil que encaja con el discurso de la España que se aprieta el cinturón, y ahí salta la primera grieta: quien defiende el esfuerzo generacional como mérito tiene que explicar de dónde sale un patrimonio inmobiliario de ese tamaño. Aparece entonces la sospecha de que buena parte de esos inmuebles no estén a su nombre individual sino en una sociedad compartida, posiblemente con hermanos.

El propio interesado responde con una pregunta que no responde a nada: qué comparte él con quien le reprocha, aparte de la década de nacimiento. Y remata con un tuit en el que acusa a su interlocutor de saber insultar pero no debatir.

¿Por qué se acusa a los mayores de acaparar la vivienda?​

El núcleo del reproche es económico, no moral. Se sostiene que una generación entera coincidió con dos vectores irrepetibles: la apertura política y la burbuja inmobiliaria. Con ese viento de cola, dice una parte del análisis, compraron barato y hoy rentabilizan caro. El resultado, según esa lectura, es un mercado donde 17 pisos pueden caber en una misma sociedad mientras el resto firma contratos de alquiler a precios que no bajan.

Frente a eso, hay quien sostiene que el fenómeno no entiende de colores políticos y que también aparecen patrimonios inmobiliarios relevantes en figuras del otro lado del espectro. La conclusión que se repite: el problema no es la ideología del propietario, es la concentración.

La línea más incómoda la firma quien afirma que esa generación solo se preocupó por acaparar dinero y bienes inmuebles y que no tiene proyecto alguno para los que vienen detrás. Es una acusación global, sin matices, y como tal se formula: atribuida a una corriente de opinión, no como hecho probado. Enfrente, la defensa tampoco concede un milímetro.

Construir o intervenir: el choque económico de fondo​

La discusión sobre la vivienda se abre en dos cuando se pregunta cómo se baja el precio. Un lado propone intervenir el mercado y regular los alquileres, con el argumento de que la vivienda es un bien de primera necesidad y no una mercancía cualquiera. El otro responde con un principio elemental: sin oferta, topar el precio de nada sirve.

Quien defiende esta segunda vía lo resume en una palabra: construir, tanto vivienda libre como vivienda social. Regular precios cuando no hay oferta disponible, dice, es contraproducente. Su receta incluye control del crédito hipotecario para evitar el sobreendeudamiento, menos impuestos a la construcción, más carga fiscal para los grandes tenedores y presupuesto público para parque social.

El detalle de esa receta ocupa buena parte del intercambio original y da para una lectura aparte. Lo llamativo es la coincidencia de fondo entre bandos que se insultan: ninguno cree que el problema se resuelva solo con discurso. Otros añaden un matiz de mercado que suena a vieja escuela: cuando algo sube demasiado, basta con dejar de comprarlo y esperar.

Pensiones: de la cotización a la solidaridad intergeneracional​

El segundo frente es la jubilación. Aquí la cifra que circula en la conversación tiene nombre y apellidos: un militar retirado prejubilado a los 55 años que percibe más de 2.500 euros al mes. Se cita como ejemplo de que el relato del esfuerzo cotizado no siempre cuadra con la biografía real del perceptor.

La defensa clásica es que cada uno cobra lo que aportó. La réplica es que el sistema no es una cuenta de ahorro personal sino un reparto entre los que trabajan hoy y los que cobraron ayer, y que ese reparto se tensa cuando la pirámide demográfica se estrecha. La fórmula que empieza a circular para describirlo, solidaridad intergeneracional, gusta poco entre quienes ven en ella un eufemismo de ajuste.

Con estos mimbres, la pregunta de fondo no es quién tiene razón sino quién paga la factura. Y ahí la conversación no cierra.

Con una demografía en contra y un parque de vivienda en pocas manos, lo razonable es que el choque entre quintas se agudice antes de encontrar salida. Aunque conviene no apostar demasiado: las predicciones sobre esta materia llevan fallando desde que la primera generación acusó a la anterior de haberlo roto todo.