Estoy hasta los guevos de la mujer amada sin consentimiento por el DAO

El DAO dimite pero nadie pierde el sueldo público​

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional presentó su dimisión tras la denuncia de una subordinada por una presunta agresión sexual. La denunciante, comisaria, permanece de baja con ansiedad cobrando el 100% del salario, según los datos que circulan. Él sigue como funcionario del Estado. Ninguno de los dos ha pisado la cárcel. Y ahí arranca el cabreo: no por el caso en sí, sino por el reparto de costes.

La discusión se abre con un dato que descoloca: si es una agresión sexual, ¿por qué el juez no ha ordenado prisión? La pregunta recorre el asunto de arriba abajo. La respuesta, en el material disponible, no llega. Lo que sí llega es la constatación de que el procedimiento sigue su curso y que las dos nóminas se pagan religiosamente mientras tanto.

Quién paga el circo mediático​

El abogado de la denunciante copa platós. Repite el mismo relato, con los mismos énfasis, programa tras programa. Hay quien sostiene que eso no es defensa jurídica sino campaña de opinión. En paralelo, el exmando policial niega los hechos y afirma que le han destrozado la vida, según las declaraciones recogidas.

El contraste con otros casos es lo que más chirría. Cuando el señalado es un particular sin carné ni pistola, el tratamiento mediático es otro, según algunos participantes. Aquí hay dos funcionarios, un superior y una subordinada, y un expediente que avanza despacio. La lentitud, en estos asuntos, tiene un efecto colateral conocido: el desgaste de la denunciante y la sensación de que nada se mueve.

El relato de la relación previa y las lagunas del caso​

La denunciante reconoció en su propia denuncia haber mantenido una relación con el exDAO. Se conocieron en Valladolid, cuando él mandaba una unidad de intervención policial. Después ella inició una relación con un sindicalista policial. La relación con el mando, según las versiones publicadas, fue tortuosa.

Ahí se abre el flanco que más se explota: una relación consentida que termina en denuncia por agresión sexual. Hay quien ve una encerrona para ascender. Hay quien ve a un superior usando su poder. Y hay quien, simplemente, no ve pruebas suficientes para decantarse. La grabación que la denunciante activó durante el encuentro es la pieza que ambas partes interpretan a su favor.

El dato que falta: la edad y el historial​

Nadie ha puesto sobre la mesa cuántos años tiene la denunciante. Tampoco han trascendido los resultados de las pruebas selectivas que aprobó para llegar a comisaria. Son dos datos que, en cualquier otro caso, estarían en el primer párrafo de cada crónica. Aquí no aparecen. Esa ausencia alimenta la sospecha de que el relato se ha construido a conveniencia, según algunos comentarios.

El exDAO tiene 66 años. La diferencia de edad con la denunciante, según los cálculos que circulan, sería abultada. Es un dato más, no una prueba. Pero ayuda a entender por qué una parte del público lee el asunto como un juego de poder y no como una historia de víctima y verdugo.

Dimitir no es irse: el coste real para el contribuyente​

La dimisión del DAO no le ha costado el puesto de funcionario. Sigue cobrando. La denunciante sigue cobrando. Ninguno ha ido al paro. Ninguno ha pisado la cárcel. Ese es el resumen que más circula y el que explica el cabreo: el sistema protege a los dos y la factura la paga el mismo bolsillo.

En cualquier empresa privada, sostiene una parte del análisis, un superior y una subordinada con relación íntima acaban los dos en la calle. En la Administración, no. La dimisión es un gesto político. El sueldo es un derecho adquirido. Y la baja por ansiedad es un derecho de la trabajadora. Todo legal. Todo pagado.

Lo que se compara con otros casos y lo que no​

La comparación más repetida es con el caso Rubiales: seis meses de cobertura continua por un beso no consentido. Aquí, en cambio, el asunto se ha detenido en seco. La pregunta es por qué. Hay quien apunta a que el foco se desplaza según convenga y quien recuerda que el tratamiento mediático depende del color del acusado.

También se cuela en la conversación el caso del director del Instituto Canario de Vivienda, procesado por un delito sexual, que dimitió tras conocerse el auto. Ese sí salió en los medios. El patrón, si existe, no es tan simple como algunos quieren vender.

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Queda el fondo: una denuncia por agresión sexual, dos sueldos públicos, un procedimiento abierto y ninguna consecuencia penal firme. ¿Cuánto tarda la justicia en decidir si esto fue una violación o una encerrona? La respuesta, a día de hoy, no la tiene nadie.