La junta de vecinos que acabó a gritos y con el administrador fuera
Una comunidad de propietarios no se rompe por una derrama. Se rompe cuando alguien atiende al detalle y comprueba, según el relato de un vecino, que el sistema de acceso al garaje se cambió por otro más caro y más incómodo. Eso es lo que se ha vivido en una junta de vecinos: unos 40 asistentes frente a los 100 o 120 que solían acudir a convocatorias anteriores. El administrador de fincas se marchó entre gritos. Y la lista de asuntos pendientes sigue encima de la mesa.
Un administrador que se marcha entre gritos
La reunión arrancó con un asunto enquistado: un local comercial alquilado cuyos clientes aparcan en el garaje de todos los vecinos, dejando los coches sin freno de mano para que los demás los muevan. Existe una pendiente pequeña. Un vehículo acabó colisionando con otro aparcado. A partir de ahí, el ambiente se calentó y derivó en un ajuste de cuentas general: voces, gente enfrentándose y acusaciones de que aquello funcionaba como un cortijo.
El administrador de fincas, según el relato de un vecino, se marchó tras ser increpado. Hay una denuncia anunciada en el juzgado y un segundo asunto sin cerrar: un trastero donde se estarían haciendo cosas ilegales, con metros ampliados a costa de la plaza de aparcamiento de al lado. Ya ha salido un burofax para que se devuelva lo ocupado.
3.000€ al año por cambiar un mando que funcionaba
El episodio más revelador es antiguo y ejemplar, siempre según el relato de un vecino. La comunidad disponía de un mando para entrar y salir del garaje. Funcionaba. Una reunión de presidente, administrador y diez vocales aprobó sustituirlo por un sistema con llamada telefónica. La versión inicial pasaba por cobrar 200 euros al año a cada vecino por usarlo, más 3.000 euros anuales a la comunidad en concepto de mantenimiento.
Hay quien sostiene que la explicación es sencilla: el mando no genera comisión para nadie y el contrato con empresa de por medio sí. Quien se opuso al cambio recibió un burofax pidiéndole disculpas. Es una acusación sin sentencia y sin prueba documental pública.
6.000€ por un seguro que no se dio de baja a tiempo
Según el relato de un vecino, una vecina que trabaja en una aseguradora ofreció tres pólizas mejores y más baratas que la vigente. La respuesta del presidente fue que no se las habían denegado. El caso es que la comunidad mantiene hoy un seguro más caro y con menos coberturas, y que no se dio de baja dentro del plazo: 6.000 euros que se cobran por ese seguro y que los propietarios quieren poner en la cuenta de la administración.
Cornisas para dos bloques y ocho sin tocar
Las obras de reparación de cornisas se han ejecutado en dos bloques, precisamente aquellos donde vive el presidente. Los otros ocho siguen sin tocar y el malestar es general. A eso se suma que la comunidad adelantó 4.500 euros a una empresa que nunca apareció a trabajar: burofax, reclamación y ahora pleito para recuperar el dinero, mientras hay que contratar a otra empresa para hacer lo mismo.
Qué se decide ahora
La junta ha decidido que el cambio de administrador se vote en otra reunión. Suena a poco, pero es más de lo que suelen lograr estas convocatorias. Con la Ley de Propiedad Horizontal en la mano, como apunta un forero, la asistencia no es obligatoria salvo que los estatutos digan lo contrario, así que la próxima cita puede votarse con los mismos cuarenta asistentes y sin los otros ochenta.
Aviso: contenido informativo sobre un conflicto vecinal en curso. No constituye asesoramiento jurídico.