Estos decretos de vivienda favorecen a los fondos buitre: aumentando los propietarios particulares que desearan vender.

Limitar por ley lo que un fondo buitre puede cobrar no es una hipótesis: Bélgica lo aprobó en julio de 2015 y el cobro queda topado al precio que el fondo pagó por el crédito. Trasladar ese principio a la vivienda exigiría una norma equivalente, y es lo que reclaman asociaciones como la FRAVM.

En julio de 2015 el Parlamento de Bélgica aprobó una ley que cambia las reglas para los fondos que compran deuda a precio de saldo. La norma deja en manos del juez decidir si un acreedor actúa como un fondo buitre y, si lo califica así, ese acreedor solo puede recuperar el precio exacto que pagó por adquirir el crédito.

Qué aprobó Bélgica en julio de 2015

La clave está en el papel del juez. No hay lista cerrada de fondos ni etiqueta automática: es el tribunal quien valora caso por caso si el acreedor compró deuda en dificultades para exprimirla. Si concluye que sí, el cobro queda topado en lo que costó la compra.

El mecanismo se pensó para deuda soberana, para países a los que un fondo compra créditos impagados y luego exige mucho más. Los fondos afectados llevaron la norma a los tribunales.

El argumento que usan los colectivos de vivienda

Asociaciones por el derecho a la vivienda, entre ellas la FRAVM en España, sostienen que si se puede limitar a un fondo lo que cobra cuando ataca a un Estado, también debería poder hacerse cuando ataca la vivienda de una familia. Piden trasladar el principio —no reclamar más de lo que se pagó por la deuda— al terreno hipotecario.

Ese traslado no es automático. La ley belga opera sobre deuda soberana; aplicarla a ejecuciones hipotecarias exigiría una norma nueva, con su propio recorrido parlamentario y sus propios recursos.

Del Estado a la vivienda

En el Parlamento Europeo se han aprobado resoluciones que instan al resto de países de la Unión a adoptar leyes similares, según los colectivos que defienden la medida. Los partidos favorables a regular la vivienda usan la norma belga como ejemplo de que se puede frenar la especulación financiera sin desmontar la seguridad jurídica.

Quien defiende limitar a los fondos sostiene que la incertidumbre normativa empujará a propietarios particulares a vender y que los fondos comprarán barato. La receta que proponen combina subidas salariales con un techo legal a las ganancias de esos fondos.

Nada de esto es asesoramiento legal. Cada operación tiene sus plazos y sus excepciones, y conviene consultar a un abogado antes de moverse.