¡Esto no va de vivienda, sino de golpe contra la legalidad! (Francisco Rosell en El Debate)

Los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros no solo afectan al alquiler: el Gobierno aprovecha para colar la ampliación del censo electoral y desempolvar la ley de nietos, paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo. La oposición denuncia un golpe a la legalidad.

Hay días en que uno abre el periódico y piensa que le están tomando el pelo. Dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros sin que nadie haya visto el texto definitivo. Así, tal cual. Los ministros levantan la mano el martes y el Congreso tiene que validarlos el jueves. Y en medio, un reguero de ruido, propietarios nerviosos, portales de alquiler que se van a negro y una sensación incómoda de que esto no va de vivienda.

Qué dice la ministra y qué dicen los papeles

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, compareció para explicar las normas. Lo hizo, según las crónicas, con más voluntad que precisión. El texto definitivo no estaba. Los grupos parlamentarios recibieron el borrador a cuentagotas. Y el preámbulo de uno de los decretos, el que algunos ya llaman «María del Carmen», es un panfleto lacrimoso que presenta a una inquilina como mártir del franquismo. La realidad es más prosaica: esa persona vivía en régimen de renta antigua, un sistema que abolieron leyes socialistas, y tras la sentencia de desalojo seguirá pagando 200 euros por un piso de tres habitaciones junto al Parque del Retiro.

Al otro lado de la balanza, una pyme que posee ese único activo inmobiliario. El relato oficial la convierte en fondo buitre. El Gobierno lleva ocho años sin poner un ladrillo y ahora pretende arreglar el mercado a decretazo limpio. Mientras, los propietarios miran al cielo y los portales de alquiler apagan luces. No es una metáfora: hay operadores que han dejado de listar viviendas en zonas tensionadas por miedo a la inseguridad jurídica.

La ley de nietos vuelve por la puerta de atrás

El Tribunal Supremo paralizó cautelarmente la llamada ley de nietos. Es un hecho. Esa norma ampliaba el censo electoral permitiendo votar a descendientes de emigrantes que salieron de España entre 1936 y 1950. El Supremo vio irregularidades y la dejó en el dique seco. Hasta aquí, normal.

Lo anómalo viene ahora. El Gobierno ha introducido una enmienda intrusa en una ley educativa en tramitación para dar rango legal a lo que el Supremo había frenado. Los letrados del Congreso han advertido de inconstitucionalidad. La maniobra consiste en declarar que todos los emigrantes de ese periodo tenían condición de exiliados. Así, el Supremo no puede impedir lo que ellos llaman «pucherazo legal». La directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente, firma el artefacto. Y al final del camino, siempre está Conde-Pumpido en el Constitucional.

No es una hipótesis. Es un mecanismo que ya se ha usado antes: cuando el Gobierno se ve acorralado, arbitra un decreto-ley, le pone nombre y apellidos para humanizarlo y sigue adelante. Como se hizo con la ley de protección a la infancia y el pianista James Rhodes. La técnica no es nueva. Lo nuevo es la frecuencia.

El ruido como estrategia

Hay un patrón que se repite. Primero, se demoniza a los fondos de inversión. En 2018, el mismo Sánchez los cortejaba en Nueva York pidiéndoles que invirtieran en España por su rentabilidad segura. Hoy los llama buitres. Segundo, se provoca ansiedad entre los propietarios. Tercero, se organiza una tremolina —acampadas, sindicatos de inquilinas, ruido mediático— y en medio del caos emerge el salvador.

Mientras tanto, los portales de alquiler se van a negro. No es un decir. La inseguridad jurídica hace que muchos propietarios retiren sus pisos del mercado. Y los que quedan suben precios. El resultado es el contrario del que se anuncia: menos oferta, más carestía, más dificultad para encontrar casa. La ministra lo sabe. O debería.

El caso de Adoración y el uso político del desalojo

En octubre de 2020, el Gobierno quiso instrumentalizar el caso de Adoración, una abuela de 63 años de Carabanchel desahuciada con sus cuatro nietos de la casa que okupaba. Se filtraron wasaps entre Sánchez y su entonces mano derecha, José Luis Ábalos, hoy en prisión preventiva, que andaba más entretenido buscando piso de lujo para su amante Jésica. Adoración se quedó en la estacada. Maricarmen Abascal, en cambio, tuvo mejor fortuna: su caso encajaba en el relato y se convirtió en heroína contemporánea.

La diferencia no es la necesidad. Es la utilidad narrativa. Al Gobierno le da lo mismo Juana que su hermana. Si el caso sirve para justificar el decreto, se le presta atención. Si no, se ignora. Mientras, Bruselas ha abierto un expediente a España por no actualizar su plan de respuesta a apagones. La corrupción sistémica y la gestión desastrosa van de la mano. Y el horizonte plebiscitario se acerca: «yo o el caos», dirá Sánchez. Como si él no fuera también el caos.

Esto no va de vivienda. Va de otra cosa. De ampliar el censo electoral por la puerta de atrás. De paralizar al Supremo con enmiendas. De convertir cada decreto en un acto de fe. Y mientras, España se precipita en el vacío como ese avión con destino a Tel Aviv y 180 pasajeros a bordo, donde el copiloto hirió al piloto y nadie sabe si habrá héroes entre el pasaje. Muy aventurado esperar que aparezcan. Pero eso ya es otra historia.