Ceuta, Marruecos y los 63 millones que nadie audita
¿Qué cuesta defender la soberanía de Ceuta? La factura concreta de la crisis migratoria de Ceuta ya tiene números: 63 millones de euros en crédito extraordinario, dos ceses en el Ministerio del Interior y una pregunta incómoda sobre el papel de Marruecos que el Gobierno despacha con un “no hay evidencia”. El problema es que la evidencia, según la Policía, existe.
El crédito de 63 millones que llegó después de la avalancha
El Gobierno aprobó una partida extraordinaria de 63 millones de euros para atender a menores migrantes en Ceuta. Es la respuesta asistencial a un episodio en el que miles de personas cruzaron la frontera en pocas horas. La ministra Elma Saiz sostiene que no hay ninguna evidencia de participación marroquí. La frase contrasta con el esfuerzo presupuestario: si no hubo coordinación, el cruce fue espontáneo, y aun así costó 63 millones solo en la primera respuesta.
El informe policial que el Gobierno niega
La versión oficial choca con lo que consta en el sumario. Según El Español, la Policía informó a la juez de que el cruce masivo fue guiado por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paissano, con un fin distinto al migratorio. La contradicción no es semántica: si el informe es cierto, Marruecos utilizó a personas como instrumento de presión y España respondió con dinero público sin exigir responsabilidad. Y por ahí aparece la segunda pieza: una funcionaria cesada por informar del número de cruces y, después, un guardia civil destituido por acceder a esa información. Dos ceses por un dato en plena crisis.
Seguridad selectiva y factura final
El otro dato incómodo: la Policía ha identificado en Ceuta a más de una decena de migrantes con antecedentes por yihadismo, según 20minutos. Frente a eso, el relato institucional se limita a reiterar la españolidad de Ceuta. La pregunta que no se responde es por qué la presión migratoria se lee como simple emergencia humanitaria cuendo los propios cuerpos de seguridad aportan otros element os.
Mientras tanto, el contribuyente asume los 63 millones, los ceses engorden el expediente y nadie cuadra del todo si el coste fue la gestión de una crisis o el precio de no llamar a las cosas por su nombre.