España tiene 904 presas con un "grave riesgo potencial" para la población en caso de rotura: "urge ponerse en marcha"

904 presas españolas con riesgo grave para la población​

Hay una cifra que debería quitar el sueño a cualquiera que viva aguas abajo de un embalse: 904 presas españolas presentan un «grave riesgo potencial» para la población en caso de rotura. No es un cálculo de un becario con Excel. Es el dato que manejan los propios ingenieros, que llevan tiempo avisando de que la seguridad de estas infraestructuras se ha convertido en un problema crítico. Y mientras tanto, el Gobierno mantiene congelada una petición técnica para dirigir esa seguridad. La pregunta ya no es si hay riesgo. Es quién firma el papel que lo asume.

El diagnóstico no es aislado. Casi la mitad de las presas arrastra problemas en su desagüe de fondo y el 75% no ha implantado un plan de seguridad, según los datos que circulan en el sector. El Tribunal de Cuentas lleva cuatro años alertando de la falta de mantenimiento en las Confederaciones Hidrográficas, que son las que tienen la llave de buena parte de estas infraestructuras. Para renovarlas y mantenerlas, Transición Ecológica cifra la factura en 4.600 millones de euros. Seopan habla de 85.000 millones si se suma todo el capítulo de infraestructuras de agua. Las cifras bailan porque nadie ha querido ponerlas en una sola línea presupuestaria.

El caso Forata: la presa crítica de la DANA​

El ejemplo que rompe cualquier discusión teórica es Forata. La presa valenciana que aguantó el envite de la DANA acumula denuncias por su estado crítico y por «graves riesgos para la población». La Confederación Hidrográfica del Júcar admite que la revisión de seguridad lleva años caducada. Y hay un detalle que retrata el nivel de descontrol: ninguna empresa quiere el contrato del Gobierno para revisar Forata. Cuando el propio Estado saca a concurso una auditoría y no se presenta nadie, el problema no es de presupuesto. Es de credibilidad.

En paralelo, el PP ha llevado al Senado una moción para pedir un plan urgente sobre seguridad de presas. Los ingenieros han solicitado intervención en las que tienen problemas estructurales. La respuesta institucional, de momento, es una petición congelada y una alerta que se acumula en un cajón.

Derribar presas mientras se compra agua a Marruecos​

La parte que más chirría en el relato oficial es la simultaneidad. El Ejecutivo anunció 2.500 millones de euros hasta 2030 para el derribo de presas. A la vez, destina 250 millones a una desaladora en Marruecos antes de hacer la de Málaga. Y la Generalitat prepara una subida del canon del agua de casi el 30% para usos domésticos. El contribuyente paga más por el agua mientras se demuelen las infraestructuras que la almacenan y se compra el recurso fuera.

Hay quien sostiene que el derribo responde a criterios ambientales y a la normativa europea de restauración de cauces. En contra pesa un argumento difícil de esquivar: una presa abandonada no deja de ser una presa. Sigue reteniendo millones de metros cúbicos. Y sin mantenimiento, se convierte en una bomba capaz de provocar daños humanos y materiales de altísimo valor. El abandono no es una política de seguridad. Es una bomba de relojería con la espoleta oxidada.

El mantenimiento que nadie quiere pagar​

La pregunta técnica que casi nadie responde en público es qué mantenimiento necesita una presa. No es pintar y enfoscar. Es auscultación, revisión de desagües, planes de emergencia, sistemas de alerta y personal cualificado. La Confederación Hidrográfica del Júcar, en el caso de Forata, admite que la revisión de seguridad lleva años caducada. Ese es el nivel.

El Tribunal de Cuentas lleva cuatro años repitiendo lo mismo. Las Confederaciones Hidrográficas no tienen medios ni personal para asumir el calendario de inspecciones. Y mientras el Estado no paga, el riesgo lo asume el vecino de aguas abajo. En Picassent, los afectados por la riada ya han amenazado al PSOE con ir a los tribunales si no se arreglan los daños. La factura política empieza a llegar antes que la factura técnica.

La hidroeléctrica que sostuvo el sistema​

Hay un dato que desmonta el argumento de que las presas son prescindibles. Durante el apagón, la energía hidroeléctrica producida por estas infraestructuras fue clave para reiniciar el sistema, liderando la producción en los momentos más críticos. Las eléctricas, además, alertaron a Moncloa de la necesidad de triplicar las inversiones en redes para evitar apagones. Es decir: se pide a las presas que sostengan la red en la emergencia, pero no se les paga el mantenimiento que garantiza que sigan en pie.

La cosa se complica cuando llega septiembre. Si con lo que se pasó aún no se han arreglado barrancos ni cauces, la próxima DANA no va a pillar a nadie por sorpresa. Va a pillar a todos por negligencia. Algunos proyectos de acondicionamiento de barrancos llevan paralizados más de dos décadas. El tiempo no juega a favor.

Quién paga la fiesta​

El debate de fondo es fiscal y competencial. Madrid tiene competencia exclusiva sobre sus aprovechamientos hidráulicos según su Estatuto de Autonomía, y sus presas están en mejor estado relativo que la media. El problema es que el principio de solidaridad no funciona cuando las comunidades ricas se quedan su dinero y las pobres se comen las infraestructuras sin financiación. La condonación de deuda autonómica no arregla una presa. Solo cambia el nombre del que debe el dinero.

La corrupción, por cierto, no es un invento reciente. Durante la construcción de los grandes pantanos del siglo XX también hubo mangoneo. La diferencia, apuntan algunos análisis, es que la corrupción clásica dejaba como subproducto hormigón con utilidad social. La actual deja vídeos promocionales y centros de gestión sin competencias técnicas. El resultado es el mismo: infraestructuras que se caen solas.

¿Y si la próxima rotura no avisa?