España será el único país europeo en votar No a una norma que acelera la expulsión de forasteros

España, único país de la UE que vota no a acelerar las expulsiones​

¿Por qué España va a ser el único país de la Unión Europea en votar no a un reglamento que agiliza las expulsiones de migrantes? La coincidencia no es menor. El resto de socios respaldaría la norma incluso después del asalto a Ceuta, según la información publicada por El Español, y el voto se atribuye a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez. Bastó eso para que la conversación saltara del texto legal a la trinchera.

El reglamento, siempre según esa información, persigue acelerar los procedimientos de expulsión en el conjunto de la UE. Quedarse sola en un club de 27 tiene un coste que no se mide solo en Bruselas. Lo llamativo es que nadie ha puesto encima de la mesa el texto literal de la norma. Y en un asunto así, el detalle importa más que el titular.

Ceuta como detonante del voto español​

El asalto a Ceuta es el marco temporal de toda la discusión y, para buena parte de las lecturas, también su explicación. La ciudad autónoma concentra la presión migratoria que sí aparece en el relato oficial y que, a juicio de muchos, debería traducirse en firmeza en Bruselas en lugar de en un voto solitario. La paradoja que se repite: España es, según uno de los intervinientes, de los países con más problemas fronterizos, y acabaría siendo el único que frena el endurecimiento común.

Por qué nadie ha presentado una moción de censura​

Sobre el papel, un voto en solitario contra el resto de la UE debería abrir una crisis. No la ha abierto. La pregunta que más se repite es por qué la oposición no ha movido ya la moción de censura. En el hilo aparece una explicación: que los dos grandes partidos comparten el fondo del asunto y solo discrepan en la forma.

Del voto migratorio a las cuentas: SMI, IMV y gasto social​

En paralelo, el asunto ha reavivado el debate económico clásico. Frente a la tesis de que el Gobierno solo acumula errores en inmigración y vivienda, hay quien pone en valor medidas como la subida de las pensiones mínimas, el SMI, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas al diésel y al transporte o la rebaja de impuestos en productos básicos. El IMV aparece con cifras concretas: 700 euros al mes para una persona y 900 para dos, según las cantidades que se manejan en la discusión.

La réplica llega desde el otro lado. Subir el SMI, se argumenta, expulsa del mercado laboral a quien no genera ese importe, y las ayudas hacen que trabajar salga menos a cuenta que cobrarlas. El contraargumento: vivir con esas cuantías no permite salir de la precariedad, y una red mínima evita que quien lo pierde todo tenga que empezar de cero. Dos maneras de mirar la misma factura.

Así que España se prepara para votar sola. Si el reglamento acelera de verdad las expulsiones, alguien tendrá que explicar qué gana el país quedándose con la papeleta en la mano. Y si no las acelera, mejor no contárselo a los 27.