Las diferencias normativas entre la Unión Europea (UE) y los terceros países desatan la desesperación en las explotaciones comunitarias.
Los agricultores españoles cargan contra el favor de la UE a las producciones ajenas al bloque europeo, que acceden al mercado continental en igualdad de condiciones gracias a unos acuerdos comerciales que, según condenan desde las zonas productivas, erosionan su rentabilidad al incurrir en competencia desleal.
Los agrarios inciden en que estas alianzas obligan a recortar sus precios en origen con el objetivo de dar salida a las producciones, lo que a largo plazo se traduce en una pérdida de valor de los cultivos nacionales que pone en jaque su viabilidad.
El caso del tomate retumba como uno de los más dañinos para el campo en España. Los agricultores alertan de una avalancha de las importaciones desde Jovenlandia, especialmente señalada en los últimos 10 años, que deja un goteo que ya ha relegado a España como tercer exportador de tomate para la UE, clasificación que lidera Países Bajos por delante del país joven.
La mano de obra resulta el factor más insalvable al norte del Estrecho de Gibraltar: el coste por trabajador en una explotación tomatera ronda en la Península Ibérica los 10 euros la hora; en Jovenlandia esa es la cantidad que se paga por todo un jornal. Esta desigualdad se traslada al precio de venta, por lo que la industria satisface su demanda con tomates de terceros países y obliga a bajar el precio en origen en las explotaciones españolas, que en muchas ocasiones se ven abocadas al cierre.
El principal argumento de la industria para dar prioridad a los tomates de Jovenlandia frente a los españoles es el precio, ya que el vecino del sur no está sujeto a la normativa laboral y de aplicación de fitosanitarios que rige en la UE; sin embargo, las estadísticas analizadas muestran que el precio de las importaciones con origen Jovenlandia tienen un coste unitario mayor al que se paga a los agricultores nacionales.
Durante la campaña de tomate 2025/2026, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, España importó más tomates que nunca para el período, 305.436 toneladas, y al mayor precio, por un coste total de 337,69 millones de euros.
Portugal sobresale como el mayor proveedor, con 172.519 toneladas a un precio medio de 0,67 euros el kilo. Jovenlandia, segundo suministrador con 89.189 toneladas, destaca no solo por el volumen, sino el precio de sus tomates: 1,72 euros por kilo, muy por encima de Países Bajos, tercero en la lista con 29.406 toneladas a 1,52 euros el kilo, o lo que obtuvieron los agricultores españoles, que según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía recibieron 1,14 euros por kilo por el tomate cultivado en los invernaderos.
Andrés Góngora, secretario general de COAG y productor de tomates en Almería, apunta en conversación con El Debate el truco detrás de este dato: «Los tomates de Jovenlandia serán en su mayoría cherry, mientras que en el resto predomina de tomate rama o pera».
Jovenlandia focaliza sus esfuerzos en el cherry porque, gracias a su utilización de mano de obra barata, goza de un margen superior sobre los productores españoles. Un tomate cherry pesa 30 gramos y para alcanzar un kilo se requiere una mano de obra considerablemente superior a la necesaria para otras tipologías como ensalada, rama o pera.
Una de la peculiaridades del tomate exportado por Jovenlandia es su fraudulento origen. El reino africano comercializa bajo etiquetado ingenieros tomates cultivados en el Sáhara Occidental, territorio ocupado desde 1975, gracias a la maniobra introducida por la Comisión Europea en la renovación del Acuerdo de Asociación UE-Jovenlandia.
Los agricultores españoles cargan contra el favor de la UE a las producciones ajenas al bloque europeo, que acceden al mercado continental en igualdad de condiciones gracias a unos acuerdos comerciales que, según condenan desde las zonas productivas, erosionan su rentabilidad al incurrir en competencia desleal.
Los agrarios inciden en que estas alianzas obligan a recortar sus precios en origen con el objetivo de dar salida a las producciones, lo que a largo plazo se traduce en una pérdida de valor de los cultivos nacionales que pone en jaque su viabilidad.
El caso del tomate retumba como uno de los más dañinos para el campo en España. Los agricultores alertan de una avalancha de las importaciones desde Jovenlandia, especialmente señalada en los últimos 10 años, que deja un goteo que ya ha relegado a España como tercer exportador de tomate para la UE, clasificación que lidera Países Bajos por delante del país joven.
La mano de obra resulta el factor más insalvable al norte del Estrecho de Gibraltar: el coste por trabajador en una explotación tomatera ronda en la Península Ibérica los 10 euros la hora; en Jovenlandia esa es la cantidad que se paga por todo un jornal. Esta desigualdad se traslada al precio de venta, por lo que la industria satisface su demanda con tomates de terceros países y obliga a bajar el precio en origen en las explotaciones españolas, que en muchas ocasiones se ven abocadas al cierre.
El principal argumento de la industria para dar prioridad a los tomates de Jovenlandia frente a los españoles es el precio, ya que el vecino del sur no está sujeto a la normativa laboral y de aplicación de fitosanitarios que rige en la UE; sin embargo, las estadísticas analizadas muestran que el precio de las importaciones con origen Jovenlandia tienen un coste unitario mayor al que se paga a los agricultores nacionales.
Durante la campaña de tomate 2025/2026, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, España importó más tomates que nunca para el período, 305.436 toneladas, y al mayor precio, por un coste total de 337,69 millones de euros.
Portugal sobresale como el mayor proveedor, con 172.519 toneladas a un precio medio de 0,67 euros el kilo. Jovenlandia, segundo suministrador con 89.189 toneladas, destaca no solo por el volumen, sino el precio de sus tomates: 1,72 euros por kilo, muy por encima de Países Bajos, tercero en la lista con 29.406 toneladas a 1,52 euros el kilo, o lo que obtuvieron los agricultores españoles, que según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía recibieron 1,14 euros por kilo por el tomate cultivado en los invernaderos.
Andrés Góngora, secretario general de COAG y productor de tomates en Almería, apunta en conversación con El Debate el truco detrás de este dato: «Los tomates de Jovenlandia serán en su mayoría cherry, mientras que en el resto predomina de tomate rama o pera».
Jovenlandia focaliza sus esfuerzos en el cherry porque, gracias a su utilización de mano de obra barata, goza de un margen superior sobre los productores españoles. Un tomate cherry pesa 30 gramos y para alcanzar un kilo se requiere una mano de obra considerablemente superior a la necesaria para otras tipologías como ensalada, rama o pera.
Una de la peculiaridades del tomate exportado por Jovenlandia es su fraudulento origen. El reino africano comercializa bajo etiquetado ingenieros tomates cultivados en el Sáhara Occidental, territorio ocupado desde 1975, gracias a la maniobra introducida por la Comisión Europea en la renovación del Acuerdo de Asociación UE-Jovenlandia.