¿En qué consiste prohibir a los menores las redes sociales?

Prohibir las redes a los menores: el DNI no cabe en el protocolo​

¿Cómo se prohíbe a un menor entrar en una red social si la red no sabe quién eres? Esa es la pregunta que desmonta la medida antes de aprobarla. El planteamiento es sencillo: si el Estado quiere impedir que los chavales de 14 años entren en Instagram, TikTok o YouTube, alguien tendrá que comprobar la edad de cada usuario. Y ese alguien no existe en la arquitectura de internet. La red no está diseñada para identificar personas, sino conexiones: una IP puede representar a varios usuarios o dispositivos a la vez, cambia con frecuencia y en muchos casos se comparte entre miles de personas mediante CG-NAT, lo que produce errores de identificación de manual.

La discusión arrancó con una pregunta incómoda: si se prohíben las aplicaciones, ¿se prohíbe también el acceso vía web sin registrarse? ¿Y los chats de un videojuego son red social? ¿Lo es la Wikipedia? Nadie ha dado una definición operativa que resista el examen. Porque el problema no es la lista de plataformas: es que el protocolo TCP/IP no tiene un campo para el DNI. Y sin ese campo, cualquier verificación es un parche encima de una tubería que no fue construida para eso.

Qué exige realmente la verificación de edad​

La vía que se está discutiendo no es bloquear webs, sino pedir identificación. En la práctica eso significa, según un participante que dice haberlo sufrido en otros trámites, DNI más una verificación con vídeo que registre rasgos faciales y los cruce para comprobar que eres tú. No es una hipótesis de laboratorio: hay quien ya lo ha sufrido en otros trámites y lo describe como paso intermedio hacia un sistema de identidad digital permanente. La secuencia sería: primero identificas, después rastreas, y al final tienes un mapa de quién dice qué.

El argumento oficial es la protección de menores. El contraargumento es que ya existen normas de edad incumplidas —Facebook exige 18 años, la venta de videojuegos violentos a menores está prohibida— y nadie ha montado una infraestructura de verificación facial para hacerlas cumplir. La ley escrita no es la ley aplicada. Y aquí se está construyendo la maquinaria más cara de la historia para vigilar algo que hasta ahora se resolvía con un clic en «tengo más de 18».

El anonimato como última trinchera​

El núcleo del rechazo no es técnico, es político. Quien escribe bajo seudónimo sostiene que el anonimato protege al ciudadano corriente de la arbitrariedad del poder, no al delincuente. El argumento es que hoy, para identificar a alguien, hace falta denuncia, juez y resolución; con la identificación previa, el político de turno tendría acceso directo a quién hay detrás de cada cuenta sin pasar por un juez. La sospecha concreta: que un ministro con equipo dedicado a monitorizar críticas pueda cruzar datos y derivar expedientes.

Enfrente, la tesis de que quien no ha hecho nada malo no tiene nada que temer. Suena razonable hasta que se recuerda que el anonimato no es un privilegio, es una condición de la crítica. Un vecino que opina de política no quiere que su familia, sus compañeros o sus clientes lean sus opiniones. El miedo no es la sanción legal: es la sanción social.

La IP no es una matrícula y la MAC no es un carné​

Aquí el análisis técnico se vuelve demoledor. Se ha llegado a sostener que basta con rastrear la MAC del dispositivo para identificar al usuario. Falso: Android e iOS usan MAC aleatorias y cualquiera puede cambiarla. Además, la MAC solo es visible en la red local, no viaja por internet. Confundir la MAC con una matrícula identificativa es no haber entendido cómo funciona el enrutamiento.

El cifrado añade otra capa: limita lo que el operador puede ver sin romper conexiones, y romperlas genera fallos, latencia y servicios que no cargan. Los cambios habituales de red —móvil, wifi público, roaming, VPN— obligarían a reidentificaciones constantes. Para reducir errores, el sistema tendría que volverse tan invasivo que el remedio sería peor que la enfermedad. Y todo esto sin salir de casa.

El precedente australiano y la letra pequeña​

La referencia que se cita es Australia, primer país en aprobar un sistema de este tipo, con multas de hasta 60.000 euros para las plataformas que no cumplan. El paralelismo que se traza es con la vacunación obligatoria: «No se está obligando a vacunar, sino sancionando al que no lo haga». Traducido: no se obliga a identificarse, se sanciona al que no lo haga. La fórmula es la misma, el objeto cambia.

La duda es si el modelo es exportable. Aplicar una ley española a servidores en California exige poder legislar extraterritorialmente, y ahí nadie hace caso a estos gobiernos. La alternativa es el bloqueo de DNS, como se hizo con Rusia, que se salta cambiando el DNS en el navegador. Cortar el grifo de internet es más difícil que cerrar una persiana.

Qué pasa si te niegas a identificarte​

La respuesta más repetida es la más simple: no entrar. Millones de personas apenas están activas en redes y no pasa absolutamente nada. Para los trámites importantes ya existe el certificado digital: vida laboral, SEPE, Hacienda. La red social no es un servicio esencial, es un entretenimiento. Si el precio de entrar es el DNI, muchos simplemente se quedan fuera.

El problema para el legislador es que una norma que expulsa a los usuarios moderados deja la conversación en manos de los más ruidosos. Y una norma que no se puede aplicar a los servidores extranjeros deja el sistema en manos de quien quiera cumplir. Es la paradoja del que quiere poner puertas al campo con una orden ministerial.

La cuestión que nadie responde: qué es una red social​

Si no hay definición, no hay ley aplicable. ¿Los chats de un videojuego son red social? ¿La Wikipedia, donde cualquiera edita y discute? ¿Los foros? ¿Los comentarios de un periódico? Cada respuesta afirmativa amplía el perímetro hasta que la norma cubre cualquier cosa con un cuadro de texto. Y cada respuesta negativa abre un agujero por el que se escapa el menor al que se quería proteger.

El cierre técnico es el mismo que al principio: internet identifica conexiones, no personas. Cualquier sistema que pretenda lo contrario tendrá que reconstruir la red desde los cimientos. Y eso no se hace con una ley, se hace con décadas y con el consentimiento de medio planeta. Mientras tanto, la medida se quedará donde está: en el titular, no en el cable.