El Supremo y la Ley del Si es Si: ¿se acabarán las rebajas de penas?

El Supremo avala rebajar penas del 'solo sí es sí'​

El Tribunal Supremo ha avalado que se revisen a la baja las condenas firmes por delitos sexuales al amparo de la ley del Solo sí es sí. El alto tribunal tumba así el criterio con el que el Ministerio de Igualdad pretendía frenar esas rebajas, y lo hace por la vía más elemental del derecho penal: el principio de norma más favorable. Traducido al castellano: si una ley nueva resulta más benigna para el condenado, se le aplica. Es de primero de carrera, como resume una de las réplicas más citadas del asunto: no han abierto ni la primera página del libro. La decisión reabre la pelea sobre quién paga el coste político de una norma que nació con vocación de ampliar la protección de las víctimas y ha acabado beneficiando a parte de los condenados.

Qué ha decidido el Tribunal Supremo y por qué​

El fallo desactiva la tesis que defendía Igualdad para evitar las revisiones. La sala no entra a valorar si la ley es buena o mala: constata que, al reordenar las penas, la norma resultante es en muchos casos menos severa que la anterior y que, por tanto, la revisión es obligatoria. Es el principio clásico de retroactividad de la norma más favorable, un automatismo que no depende de la voluntad del legislador ni del enfado del ministerio.

De ahí el desconcierto en parte del arco político. Durante meses se sostuvo que bastaba con una instrucción o un criterio interpretativo para bloquear las rebajas. El Supremo responde que no: lo que la ley ordena no se corrige con una circular. La consecuencia práctica es que cada tribunal revisa caso a caso y, cuando corresponde, rebaja la pena.

La Fiscalía recurrió y el Supremo le dijo que no​

Uno de los datos que más se repiten es quién intentó frenar el goteo de excarcelaciones. No fue solo el ministerio: según se sostiene en el debate, la Fiscalía, dependiente del Gobierno, recurrió ante el Supremo las reducciones que aplicaban los tribunales. El alto tribunal habría desestimado ese planteamiento.

El efecto colateral es incómodo para el Ejecutivo, que durante meses colocó el foco en las comunidades autónomas y en los jueces y ahora se queda sin el argumento de la instrucción interna. Parte del análisis concluye que el golpe político no lo encaja Igualdad, sino la propia Moncloa, obligada a explicar por qué su Fiscalía libraba una batalla que el Supremo zanja en sentido contrario.

Irene Montero y el coste político de la ley​

La norma es la bandera de Irene Montero y ahí está el nudo. Su departamento la vendió como un salto histórico en la protección de las víctimas, y el relato de las revisiones a la baja le ha explotado encima. Hay quien sostiene que el problema no es el texto, sino la precipitación con que se tramitó y la incapacidad de corregirlo a tiempo.

En paralelo corre la pelea por los escaños. Se argumenta que el desgaste llega en el peor momento para las negociaciones a la izquierda del PSOE, donde se dirime el encaje de siglas y de personas de cara a la próxima cita electoral. Hay quien da por hecho que el asunto se convertirá en munición de campaña contra la formación morada, y hay quien sostiene que el electorado fiel mantiene el voto pese al temporal.

Los casos que calientan el debate​

El material humano de la polémica son los casos concretos. Se cita una condena de 8 años de cárcel por tocamientos a dos chavalas, con el argumento de que castigos tan altos por hechos que no incluyen agresión grave chirrían. Frente a eso, la crítica responde que mezclar penas altas con excarcelaciones convierte el debate en un intercambio de titulares.

También circula, sin verificación independiente, una información según la cual 9 de los 16 magistrados de la Sala Penal del Supremo tendrían cuentas en paraísos fiscales. Igual de sin respaldo están las teorías que atribuyen el desaguisado a una supuesta agenda masónica o globalista. Son lecturas que aparecen en la conversación y que no sostienen ninguna prueba.

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Con estos mimbres, el asunto debería cerrarse por vía técnica: la ley se reforma, se corrigen los efectos y se acaba la sangría. No ocurre. Cada rebaja confirmada reinicia el ciclo político y cada recurso añade una capa de desgaste. El punto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: si esto fue un error de cálculo evitable o el resultado previsible de una norma que nadie quiso leer hasta el final.