Agricultor: antes ganaba cien euros por ha con el trigo, ahora 1900 € con las placas solares.

Trigo a 100 euros por hectárea, placas a 1.900: la cuenta que desequilibra el campo​

¿Qué tiene que dar una hectárea de secano para que su dueño no prefiera alquilarla a una eléctrica? Los números que se manejan en el sector apuntan todos en la misma dirección. Un cereal deja, con suerte, 100 euros por hectárea y año. Un contrato de arriendo para instalar paneles solares se firma entre 1.300 y 2.000 euros por esa misma superficie. No es un matiz contable. Es un cambio de vida para quien tiene la parcela y un problema serio para quien no la tiene.

Cuánto deja de verdad una hectárea de trigo​

La cifra de 100 euros por hectárea es la que sostienen quienes defienden que la fotovoltaica es hoy el mejor cultivo posible en el secano español. El cálculo admite matices. Hay análisis del propio sector que elevan el beneficio neto del cereal en Castilla a 200-300 euros por hectárea, y recuerdan que buena parte de eso sale de la PAC, con una ayuda media en torno a 140 euros por hectárea. Y hay años, avisan, en los que la cosecha directamente se pierde.

En secanos duros el margen se queda entre 100 y 200 euros netos. Para sacar un sueldo hacen falta unas 80 hectáreas en zonas buenas y el doble o más en las áridas. El resultado es que el campo ha dejado de ser un medio de vida para muchos y se ha convertido en un complemento que se mantiene por herencia y costumbre.

Por qué el arriendo solar rompe la convivencia en el pueblo​

Aquí está el detonante. Cuando una eléctrica ofrece por una parcela entre 1.000 y 1.500 euros al año —o hasta 1.900 según el tamaño y la cercanía a la red—, el propietario que firma pasa de vivir de subvenciones a vivir de renta. El vecino que no ha recibido la oferta sigue con el tractor y con las inclemencias. Ese agravio comparativo explica buena parte de la oposición del sector primario a las renovables.

El argumento de fondo es incómodo. No es que el campo rechace la energía solar: es que solo unos pocos pueden cobrarla. Y esa lotería, que depende de por dónde pase el tendido eléctrico, genera más resentimiento que cualquier ley.

¿Se va a llenar España de placas solares?​

No en términos de superficie, si se atiende a los datos que circulan. La fotovoltaica cubre ya cerca del 20% de la demanda eléctrica y ocupa alrededor del 0,1% del territorio. El ejercicio mental es sencillo: multiplicar esa superficie hasta cubrir una fracción grande del consumo daría cifras que no cuadran con el relato catastrofista.

Dicho lo cual, el suelo no es homogéneo. La fotovoltaica rinde peor cuando la propia placa alcanza temperaturas muy altas, lo que complica aprovechar parajes como el desierto de Tabernas. Y el polvo, según quienes conocen las instalaciones, en seco se limpia solo; lo que se pega es la humedad.

También se discute si el verdadero cuello de botella de la comida es el suelo. Una corriente del análisis sostiene que lo limitante no es la tierra agrícola —que sobra y se abandona cada año— sino la energía para cultivar, fertilizar, cosechar, almacenar y transportar. Bajo esa lógica, un país tan dependiente energéticamente como España gana más con cada vatio propio que con cada hectárea marginal de trigo.

El riesgo real: el aval, el desmontaje y los años que no se cobran​

El temor a quedarse con la ruina montada tiene respuesta legal. Quien instala debe presentar un aval ante el Ministerio de Industria equivalente al cuádruple del coste de desmontaje, y las placas se garantizan por 35 años. El problema no es que te dejen el tinglado, apuntan desde el sector, sino hacer tus cuentas sobre tres décadas y acabar cobrando catorce.

Sobre el mantenimiento circulan también exageraciones. Bajo los paneles no siempre hace falta herbicida: en muchas plantas se pastorea con ovejas, que se comen la hierba sin romper el vidrio.

El precedente: 62.000 familias y una condena de 97 millones​

Nadie olvida el episodio anterior. La primera ola de renovables dejó, según las cifras que se repiten, 62.000 familias arruinadas por cambios retroactivos en las primas. El Banco Mundial ratificó una condena a España de 97 millones por los recortes, y la sensación de que nadie respondió por ello sigue pesando en el sector.

Con ese antecedente, cualquier promesa de renta a treinta años se lee con la ceja levantada. La inseguridad jurídica pesa tanto como el precio de la hectárea.

Y aquí se acaba lo que se puede calcular. Con una diferencia de 100 a 1.900 euros, la reconversión del campo debería ser imparable. Sigue siendo la lotería de quién tiene el tendón eléctrico cerca. Cosas del progreso.