El socialista Collboni despide a 39 interinos del ayuntamiento por no superar la prueba de catalán

39 interinos cesados por no acreditar el catalán en Barcelona​

El Ayuntamiento de Barcelona ha cesado a 39 trabajadores interinos —personal de mantenimiento, limpieza, conserjería, profesores industriales y músicos, entre otros— por no superar la prueba de catalán exigida para mantener la plaza, según el material del debate. La mayoría supera los 50 años y algunos llevan más de 26 años encadenando contratos temporales en el consistorio. El gobierno socialista de Jaume Collboni firma los ceses; hay quien sostiene que el requisito lingüístico funciona, en la práctica, como filtro de acceso a un empleo público que nunca se consolidó por la vía de la oposición.

El caso deja al descubierto una contradicción administrativa que trasciende el idioma: la ley obliga a las empresas privadas a convertir en fijos a los trabajadores que acumulan tres años de encadenamiento, pero el propio Estado mantiene a interinos durante décadas sin convocar la plaza, según un planteamiento que circula en el debate. Los 39 ceses son la punta visible de un modelo de contratación temporal endémico en los ayuntamientos, donde hay quien sostiene que la plaza se cubre con un conocido y no sale a concurso hasta que se jubila.

Qué exige el requisito de catalán y a quién afecta​

La prueba de catalán se aplica a todo el personal municipal que atiende al público, según el material. El consistorio la defiende como garantía de servicio en una administración bilingüe; los afectados sostienen que nunca se les exigió al entrar y que la han conocido cuando ya peinaban canas en la nómina. Hay quien pregunta, con retranca, para qué necesita un barrendero acreditar un nivel de catalán si su interlocución con el ciudadano es mínima. La respuesta oficial no ha llegado al detalle del puesto a puesto.

El conflicto no es solo laboral. Es político. El PP votó a Collboni en la investidura y ahora se le reclama que explique si conocía el alcance de los ceses. Hay quien habla de «escabechina» y de ajuste de cuentas con enchufados de etapas anteriores —Maragall, Clos, Hereu— para colocar a los propios. La acusación no está probada, pero el calendario de los ceses y el perfil de los cesados alimentan la sospecha.

Interinos durante 26 años: el problema que nadie quiere mirar​

La pregunta incómoda no es por qué no saben catalán, sino cómo ha permitido el Ayuntamiento que alguien acumule 26 años de interinidad. La figura del interino nació para cubrir vacantes temporales; en la práctica se ha convertido en una puerta lateral al empleo público, según un planteamiento que circula en el debate. La Unión Europea ha apretado para regularizar estas situaciones y forzar exámenes que, según un participante, en muchos casos se han resuelto con trampas: dejar usar el libro a quien lleva más de cinco años, por ejemplo.

El resultado es un limbo jurídico. Los cesados anuncian demandas ante el Contencioso-Administrativo. Hay precedentes, según un participante: una trabajadora despedida fue readmitida siete años después con todos los salarios de tramitación y los intereses correspondientes. Otros dos casos similares se resolvieron tras tres años de litigio. Si la justicia vuelve a dar la razón a los despedidos, el Ayuntamiento pagará indemnizaciones con dinero de los contribuyentes mientras los responsables políticos siguen en el cargo.

El coste político de un cese con final judicial previsible​

El consistorio sabe que cada cese de este tipo acaba en los tribunales y que la probabilidad de perder es alta, según un participante. Aun así, ejecuta. La explicación más cínica es que el coste de indemnizar se diluye en los presupuestos y el rédito político de «cumplir la ley» se cobra de inmediato. La más benévola es que Bruselas obliga y alguien tiene que poner orden. Ninguna de las dos cuadra del todo con el hecho de que los ceses se concentren en trabajadores veteranos y no en los recién llegados.

El trasfondo es el de siempre: una administración que usa el idioma como criterio de selección cuando le conviene y lo ignora cuando estorba, según un planteamiento que circula en el debate. Los afectados tienen entre 50 y 60 años, algunos con más de dos décadas y media de servicio. Encontrar otro empleo a esa edad, con esa antigüedad y en una ciudad que no perdona la interinidad, es una condena laboral. El Ayuntamiento no ha detallado cuántos de los 39 superaban el examen y cuántos no se presentaron.

Qué dicen los tribunales y qué puede pasar ahora​

Los ceses están recurridos. La doctrina del Contencioso-Administrativo ha sido favorable a los interinos de larga duración en casos similares, según un participante, pero cada expediente se juzga por separado y los tiempos judiciales son lentos. Mientras se resuelve, los cesados quedan fuera de la nómina y sin acceso a la plaza que ocupaban. Si ganan, el Ayuntamiento tendrá que readmitirlos o indemnizarlos, y la factura la pagará el erario público.

La pelota está en el tejado judicial. Collboni ha cumplido con el requisito lingüístico, pero ha abierto un frente que puede costarle caro en los tribunales y en las urnas. Los 39 nombres no son una estadística: son personas que llevaban media vida en el mismo sitio y que ahora descubren que su plaza nunca fue suya. El análisis se atasca exactamente ahí, en el punto en que la ley dice una cosa y la práctica administrativa lleva décadas diciendo la contraria.