El sector público hace que Euskadi tenga ya un funcionario por cada trece habitantes

Euskadi suma 164.574 empleados públicos y un funcionario por cada trece habitantes​

El País Vasco ha alcanzado un récord de 164.574 empleados en la Administración, un crecimiento del 17,5% desde la pandemia. La cifra, extraída del último recuento oficial, equivale a un empleado público por cada trece habitantes en una comunidad de 2,24 millones de personas. El titular no es neutral: pone encima de la mesa un modelo económico donde lo público pesa más que en la mayoría de los territorios comparables.

La discusión que se ha generado alrededor del dato no va de funcionarios en abstracto. Va de deuda, de productividad y de quién paga la fiesta. Y de fondo, una pregunta incómoda: ¿cuánto empleo público puede sostener una economía antes de que el sector privado empiece a notarlo en la nómina?

Cuántos empleados públicos tiene Euskadi y de dónde salen​

El dato de partida es sencillo: 164.574 personas trabajando para la Administración vasca, entre personal propio, organismos y entes dependientes. Si se amplía el foco a empresas públicas, subcontratas, fundaciones y observatorios, el perímetro se estira. Hay quien sostiene que, sumando todo eso, la mitad de la población vasca vive directa o indirectamente de lo público. Es una estimación gruesa, pero ilustra el volumen del entramado.

La comparación internacional que circula en el propio debate matiza el titular: Euskadi estaría en 8 empleados públicos por cada 100 habitantes, una ratio similar a la de Alemania, Holanda o Italia, y muy por debajo de los países escandinavos, que rondan los 20. Francia estaría en 14, Austria en 12 y Portugal en 11. Con esos números, el récord vasco pierde parte del dramatismo que sugiere el titular.

El problema no es tanto el total como la estructura. Hay quien apunta a una duplicidad de funciones evidente: cada ayuntamiento tiene su concejalía de empleo, los grandes su servicio propio, los pequeños se mancomunan para lo mismo, la diputación tiene su diputado de área y la comunidad autónoma su consejería. Con una sola capa, dicen, bastaría.

El cálculo que sitúa hasta un 15% del PIB en transferencias​

Uno de los ejercicios más citados en la conversación aplica la velocidad de circulación del dinero estándar y concluye que entre el 10% y el 15% del PIB de Euskadi correspondería a transferencias del Estado. El cálculo solo tiene en cuenta el déficit de pensiones y las últimas negociaciones del cupo. Es una aproximación, no una contabilidad oficial, pero da una idea del peso del dinero que llega de fuera.

La tesis que se deriva de ahí es más ambiciosa: se estarían creando toneladas de empleos improductivos financiados con deuda, copados de forma endogámica, mientras el sector privado no puede competir con esos salarios y acaba necesitando mano de obra extranjera para los puestos productivos. Es un argumento que se repite con distintas formulaciones a lo largo del debate, y que conviene leer como hipótesis, no como hecho probado.

La contrarréplica también aparece: si el sector público paga bien, la presión para ocupar una plaza pública baja y las vacantes o se cubren o se amortizan. Es decir, el problema se resolvería subiendo salarios privados, no recortando públicos. La discusión, en ese punto, se convierte en un clásico sobre quién crea riqueza y quién la redistribuye.

El absentismo laboral vasco, el dato que nadie esperaba​

En paralelo al volumen de empleo público, aparece otra cifra incómoda: Euskadi registra un 9,8% de bajas laborales, un récord español y europeo. Entre funcionarios la tasa subiría al 15%, y en cuerpos policiales se movería entre el 20% y el 25%. Son datos que se citan como indicio de un modelo donde la estabilidad laboral convive con una gestión de la incapacidad temporal muy laxa.

El envejecimiento de las plantillas y los riesgos psicosociales se señalan como causas. También la propia estructura: cuando el empleo es estable y difícil de perder, la baja se convierte en una herramienta de gestión del malestar. La comparación con otras comunidades coloca a Euskadi en el podio, solo por detrás de Madrid y Extremadura.

Hay quien lee todo esto como una confirmación de que el modelo vasco vive de la renta política y no de la productividad. Y hay quien recuerda que la mitad de la administración se jubila en cinco o diez años, lo que obligará a reponer plantilla de todas formas. El reemplazo, avisan, pillará al sector privado con plantillas envejecidas y jóvenes sin oficio.

El traspaso del SEPE y el pulso por el cupo​

El acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central para traspasar la gestión de las prestaciones de paro y subsidio de desempleo añade otra capa. Lanbide asumirá 30 oficinas y 534 personas que ahora dependen del SEPE en la comunidad. La operación se presenta como un paso más en el autogobierno, pero también como un trasvase de estructura y de coste.

La pregunta que flota es quién paga eso. El cupo vasco, el sistema de financiación singular y las transferencias estatales aparecen una y otra vez como el elefante en la habitación. Hay quien sostiene que Euskadi no se sostendría sin las transferencias del Estado, y quien responde que el concierto económico lleva décadas funcionando y que la industria vasca aporta más de lo que recibe.

En ese cruce de cifras, el titular del empleo público se convierte en un síntoma más que en una causa. La comunidad con mayor densidad de funcionarios por habitante es también la que tiene un régimen fiscal propio y una de las tasas de paro más bajas. Explicar eso solo con el número de empleados públicos es quedarse en la superficie.

Qué pasa si esto estalla​

La predicción más repetida en la conversación es que, cuando el modelo se tensione, el rescate de Euskadi dejará en anécdota lo del cupo y las pensiones. No hay fecha ni mecanismo, solo la intuición de que una economía que depende de transferencias y de empleo público financiado con deuda tiene un límite.

El otro escenario posible es el contrario: que la comunidad aguante porque su sector industrial y su posición fiscal le dan margen. Los datos disponibles no permiten cerrar el debate. Lo que sí queda claro es que el récord de empleados públicos no es una anécdota estadística: es la punta de un modelo que lleva años discutiéndose sin resolverse.