El problema ha sido que NUNCA se debió permitir que media sociedad se aprovechará la otra por el tema de la vivienda

«Si enfrente también piden 1200, el precio son 1200»​

El hilo ha dejado de discutir por lo legal y ahora discute por una cifra: 600 o 1200. Un forero pone el caso del inquilino al que le subes el alquiler y otro lo desmonta con competencia. De ahí saltan tres horas de suelo, Marinaleda y ayuntamientos.

Qué se ha sabido​

Todo se escribe el 30 de septiembre. El primer argumento lo pone quien defiende el libre mercado. Si a tu inquilino le dices que son 1200, cruzará la calle al piso de 600; pero si el de enfrente también pide 1200, y el siguiente, y el siguiente, entonces el precio del mercado son 1200, y no 600 como al inquilino le gustaría. Para ilustrarlo recurre a su propio gremio: un chapista que cobra 600 y descubre que el taller de al lado paga 1200.

Otro participante trae una propuesta con números: 3 millones de casas y cerrar la frontera 20 años. Descarta lo demás. Dice que expropiar «es una animalada» y que ni la banca, ni las organizaciones sociales, ni los rentistas aceptan ninguna de las dos medidas.

Llega la corrección que mueve el suelo del debate. Un tercer forero sostiene que la competencia para liberalizar terreno es de los ayuntamientos, que la mayoría de promotoras son empresas pequeñas y que no hay bloqueo monopolístico en los materiales. Su diagnóstico es otro: el mayor problema es que los consistorios no ofrecen suelo barato porque ese suelo es su principal vía de financiación. Nada que ver con el «bloqueo» que se venía denunciando.

Marinaleda vuelve, ahora con calculadora. Un forero hace la cuenta: 20 euros al mes de por vida son 15.000 euros en total como mucho, y construir una casa cuesta bastante más. Ese dinero, concluye, lo paga otro, «seguramente todos nosotros». El que defendía el modelo responde que esos 20 euros son por el suelo, no por la casa, y que la casa es del inquilino.

Tres apuntes más, sueltos. Uno parte de un hecho: hay «un porcentaje enorme de gente que necesita alquilar, no comprar». Otro sostiene que los fondos compran la deuda de una sociedad que no produce valor añadido y que ningún gobierno irá contra quien le suelta la pasta. Y un tercero resume: «que bonita es la teoría y que cruda es la realidad». Alguien deja caer un enlace de registro y un par de imágenes sueltas; el hilo ni las mira.

Dónde está la bronca​

La pelea es entre libre mercado e intervención, y ahora con casos. Un lado sostiene que, si todo el barrio sube el precio, el precio manda y punto. Y añade: quien quiera libre mercado de verdad que empiece por los monopolios que sí existen —el urbanístico, el de transporte y el energético—, que atribuye a la administración. Su remate: «construido hay de sobra, lo que pasa es que no cabe».

El otro lado no le compra el marco. Un forero acepta el diagnóstico liberal pero le cambia el culpable: no es un monopolio privado, son los ayuntamientos y su caja. Otro responsabiliza a los sectores que no quieren que se construya y a la entrada de personas, y pide cerrar la frontera. Y recibe la réplica inversa: quienes frenan la construcción, dice, son los propios inquilinos organizados y las leyes que perjudican al propietario, «erre que erre con legislaciones cada vez más restrictivas».

El frente migratorio sigue abierto y se cruza con lo anterior: hay quien cifra en 10 millones las personas «de sobra» y quien avisa de un «estercolero tercermundista». Son afirmaciones que se lanzan sin datos y que el resto del hilo no respalda.

Entra la vivienda pública por la puerta del monopolio. Un participante sostiene que el negocio del alquiler debería estar entero en manos del Estado. La respuesta es socarrona: ¿un monopolio «duro», el 100% del negocio, gestionado por políticos y funcionarios que no responden si fallan? «¿Qué podría salir mal?». No hay acuerdo.

Falta la voz que intenta ordenar esto. Para un forero, en cualquier sociedad tiene que haber equilibrio —clase media fuerte y algún apoyo abajo— o se acaba en estallido, y recuerda que eso se hace quitando arriba. Cita a Ford y al paso, en la España de Franco, «de un país de proletarios a uno de propietarios». El problema, dice, es que ahora parece que se quiere justo lo contrario, «unas masas enormes de desheredados».

Y por debajo corre la lectura generacional: «los que nacieron antes se aprovecharon de la situación vendiendo al doble a los que venían después». Otro cierra con que quien vota más de lo mismo es quien luego se queja.

La cuenta del pequeño propietario​

Aparece el dueño de un piso que no es fondo ni banco. Su queja: alquila a precio de mercado, paga impuestos y derramas, y asegura que hay inquilinos que realquilan el piso a diez personas más y se sacan el triple sin declarar. Ahí se ve a quién teme el pequeño arrendador. La respuesta del otro bando es que nadie va a meter mano a los fondos y que la bayeta que se exprime es la del viejo que ahorró, compró un pisillo y complementa la pensión.

Qué cambia respecto a antes​

La pregunta que quedó colgada en la entrega anterior —si subir de 600 a 1200 es aprovecharse— recibe aquí respuesta: para unos no, es el mercado; para otros, el mercado es el disfraz. El eje se mueve del artículo 128 al suelo y a quién bloquea la construcción, y los ayuntamientos pasan a ser sospechosos, cosa que antes no estaban. Marinaleda deja de ser consigna y pasa a ser cuenta: 15.000 euros. Y entra un frente nuevo, el del funcionario y la clase media, con la idea de que hace falta equilibrio para que no haya estallido. El pronóstico de que no cambiará nada se repite, ahora con 40 años de plazo. Nadie mueve ficha.