Soy de derechas pero esto que plantea Más Madrid me parece cojinudo. "Expropiar" al propietario que tenga 10 viviendas.

Expropiar al propietario de 10 viviendas: la grieta en la derecha​

Nadie que se declare de derechas debería aceptar una expropiación. El principio aguanta hasta que la conversación menciona la vivienda. En la sesión de control de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, pidió «freír a impuestos y expropiar» a los propietarios de diez o más pisos, y remachó que «no existe el derecho a tener 10 casas», sino «a tener una». La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, respondió con la pregunta «¿Quiénes se creen con esas políticas comunistas chavistas?» y recordó que «en una democracia liberal» cada propietario «puede tener las viviendas que le dé la gana» y fijar el precio «que le convenga». Bergerot cerró el intercambio avisándole de que también le expropiarían uno de sus pisos.

El encontronazo no es un episodio suelto. Llega en pleno choque entre la Comunidad y el Gobierno por el plan de choque de vivienda, con dos modelos opuestos sobre la mesa: uno que apuesta por el intervencionismo y otro que reduce burocracia y resume su receta en construir, construir y construir.

Qué propone Más Madrid con las 10 viviendas y qué contestó Ayuso​

La propuesta de la oposición madrileña fija un umbral numérico: a partir de la décima vivienda, impuestos y expropiación. El marco es la escalada de precios del alquiler, que el PSOE y Más Madrid califican de insostenible en la capital. La presidenta regional replica que la medida acabaría «directamente con la oferta», y ahí está el nudo del asunto: si se retira producto del mercado, el precio no baja.

La política fiscal sobre el ladrillo, sin embargo, no es un terreno limpio. La vivienda acumula subvenciones, desgravaciones y trucos para estimular la demanda mientras se pone trabas a la oferta, además de una inspección fiscal escasa. Cualquier tope que se diseñe tiene que convivir con ese entramado.

¿Es contradictorio defender la propiedad privada y un tope de viviendas?​

Sí, en términos estrictos, y buena parte del debate lo dice sin rodeos: si crees en la propiedad privada, es incoherente oponerse a que alguien tenga diez pisos, o mil, porque son suyos. Ese es el argumento más repetido por quienes rechazan cualquier límite, y también el que más incomoda a quien defiende el tope sin dejar de reivindicarse liberal.

La respuesta de los partidarios del límite pasa por separar la vivienda del resto de bienes. Se sostiene que no es un activo cualquiera, que el suelo no se fabrica y que dejar el acceso a un techo en manos de la especulación acaba convirtiendo el capitalismo en una suerte de rentismo, más cercano al feudalismo que al mercado. La discusión, por tanto, no es sobre propiedad: es sobre qué bienes admiten reglas especiales.

Los topes que se proponen: de 10 viviendas a 5, 4 o 1​

El umbral oficial es diez, pero la conversación se desliza hacia abajo con rapidez. Hay quien plantea que con nueve ya sobra, que el límite razonable está en cinco, que no debería pasarse de cuatro y que en Madrid capital bastaría con una. Cada cifra arrastra una pregunta incómoda: ¿por qué esa y no otra? Nadie ha dado todavía un criterio objetivo que la justifique.

El desglose completo de esos umbrales, con el suelo disponible en cada escenario, es donde el asunto se vuelve realmente incómodo para quien defiende el tope más bajo.

Construir más en vez de repartir lo construido: el argumento del mercado​

La objeción más citada no es moral, es aritmética. Si el problema es que faltan casas, la solución es hacer más casas, no cambiar de manos las que ya existen. Se apunta al suelo urbanizable retenido por los ayuntamientos y a la lentitud administrativa como causas principales del desajuste, y se recuerda el ejemplo clásico: si escasean las naranjas, no se expropian las naranjas.

Por el lado del comportamiento inversor hay un cálculo que circula: a partir de una rentabilidad de entre el 3% y el 5%, el comprador de vivienda para alquilar deja de comprar, de modo que el propio mercado se autorregula por exceso de oferta de arrendamientos. Bajo ese prisma, el tope legal solo serviría para retirar producto y encarecer lo que queda.

Sociedades, porcentajes y viviendas vacías: dónde se escapan los límites​

Cualquier umbral por persona física se topa con la misma pared: la titularidad. Buena parte del patrimonio inmobiliario no está a nombre de individuos, sino de sociedades, y estas quedan fuera de la mayoría de las propuestas. Se advierte además de la picaresca de meter los pisos en una empresa y autoalquilarlos para rascar ventajas fiscales.

Las alternativas que surgen cuando se abandona la expropiación son más variadas: impuestos progresivos a partir de la tercera vivienda si está vacía y no se alquila, recargos sobre segundas residencias en zonas tensionadas, un tope calculado por suma de porcentajes de propiedad sobre uno o varios inmuebles, o directamente reservar la compra a residentes y vetarla a fondos y a personas jurídicas. Son fórmulas administrativamente más feas, pero difíciles de sortear con una sociedad interpuesta.

Vivienda e inmigración: el tercer eje del choque político​

Una parte del debate sitúa la presión demográfica sobre la demanda de vivienda como factor relevante de la subida, y pide control de fronteras y menos regularizaciones. Otras voces rechazan ese diagnóstico y lo atribuyen todo a la falta de oferta y al suelo bloqueado. El desacuerdo es de fondo y no se resuelve con una cifra, pero conviene separarlo: mezclar ambas discusiones es la vía más rápida para no arreglar ninguna.

La predicción razonable es que el umbral no se legisle tal cual, pero que la propuesta quede instalada en el lenguaje político de la próxima legislatura. Si algún día llega un tope, será por vía fiscal y con sociedades en el punto de mira, no con camiones frente a cada portal. Y seguirá habiendo quien, desde la derecha, defienda que nueve pisos son suficientes.