Las bajas del Ayuntamiento de León se ceban con lunes y viernes
El patrón no admite demasiadas lecturas alternativas. Los datos que la Intervención municipal ha sacado a la luz sitúan
hasta un 35% de la plantilla del Ayuntamiento de León de baja en los momentos de mayor ausencia, con una media que ronda el
20% y una concentración llamativa de las jornadas perdidas en lunes y viernes, los dos días que mejor se prestan a estirar el fin de semana. En 2022, según esas cifras, se esfumaron
54.493 jornadas.
La escala del asunto no es menor:
1.437 personas en plantilla, una nómina anual de
70 millones de euros y una ciudad de 120.000 habitantes sosteniendo la factura. La pregunta de fondo no es si existen bajas legítimas —existen, y muchas—, sino qué parte de esas ausencias responde a una dolencia real y qué parte a un sistema que no distingue entre una cosa y la otra. Se habla,
presuntamente, de un grupo de
150 personas recurrentes.
¿Qué dicen los datos de la Intervención municipal?
Los números conocidos se ordenan en tres escalones. El primero es la media: uno de cada cinco empleados municipales está de baja en un momento dado. El segundo es el pico, ese 35% que convierte dependencias enteras en un decorado de mesas vacías. El tercero es el acumulado anual, esas 54.493 jornadas que se traducen en sueldos pagados sin contraprestación.
- 35%: pico máximo de trabajadores de baja
- 20%: media habitual de personal de baja
- 54.493: jornadas perdidas en 2022
- 70 millones: coste anual de las nóminas de 1.437 personas
Con esos mimbres, el cálculo grueso que circula —una media que rondaría los 45.000 euros anuales por empleado— sirve para poner en contexto lo que cuesta cada jornada que no se cubre. Y para explicar por qué la ausencia se convierte, para el compañero que sí acude, en doble carga de trabajo.
Bajas que empiezan en lunes y acaban en viernes
Que la enfermedad se cebe con el arranque y el cierre de la semana es lo que dispara las sospechas. No hay un diagnóstico médico que explique esa preferencia; lo que sí hay es una explicación mucho más pedestre, la que repiten algunos participantes que han pasado por oficinas públicas: el lunes se llega roto de un fin de semana que se alargó de más y el viernes se llega ya fundido, incapaz de afrontar la jornada.
La ironía es que el mismo fenómeno existe fuera del sector público, solo que allí se paga de otra forma. Como cuenta un forero a partir de su experiencia en la obra, en la construcción se suele abonar la nómina los viernes para que la plantilla se deje el dinero el fin de semana en fiestas y borrachera; si el pago se adelanta a los días centrales, muchos no aparecen el lunes.
¿Qué ocurre con los compañeros que sí van a trabajar?
Los relatos que llegan desde dentro de las oficinas municipales describen siempre la misma escena. Una persona encadena una baja de un año, vuelve tres meses, vuelve a caer y así durante dos décadas, hasta que se jubila sin que nadie haya movido un papel. Otra acumula ausencias semanales durante años y sigue en su sitio, protegida por un expediente que se abre y se cierra sin consecuencias.
El daño colateral recae sobre quien cubre el hueco. Departamentos como el de Urbanismo arrastran personal haciendo el trabajo de dos mientras la plaza vacía sigue figurando en nómina. La consecuencia, según quienes lo cuentan, es que el retorno del ausente es a veces peor que su ausencia: cuando aparece, ni trabaja ni deja trabajar. Para los compañeros, su vuelta es una desgracia.
¿Es solo un problema del Ayuntamiento de León?
León pone las cifras, pero no la singularidad. El diagnóstico de un participante extiende el fenómeno a toda la función pública, con la advertencia de que los datos oficiales estarían maquillados y la realidad sería peor de lo que dicen los informes. La causa de fondo que se señala no es la maldad individual, sino el diseño: donde no hay exigencia, donde el castigo es improbable y difuso y donde nadie paga directamente por el absentismo, el incentivo para trabajar menos es objetivo e inmediato.
Frente a eso aparecen dos recetas opuestas. Una pide mano dura: sanciones, expedientes y, en su caso, expulsión del puesto. La otra recuerda que la aplicación de esas medidas depende de la jerarquía y de las relaciones de cada uno con el poder, de modo que el rigor acaba siendo selectivo.
Qué puede pasar a partir de aquí
Si los números de la Intervención se sostienen, el asunto de León debería acabar en un plan de control de absentismo con nombre y apellidos, además de una revisión de las plazas que se cubren con refuerzos temporales. Con estas cifras sobre la mesa, cualquier corporación que aspire a tocar el gasto corriente tendrá que explicar antes por qué paga 70 millones en nóminas y pierde 54.493 jornadas al año. Las medidas llegarán o no, y probablemente llegarán descafeinadas: nadie con capacidad de decisión tiene especial interés en auditar a fondo a su propia plantilla.