CCOO lanza un agónico mensaje pidiendo ayuda en CyL: «No hay liquidez ni para pagar la nómina de agosto»

El aviso de CCOO en Castilla y León: no hay dinero ni para agosto​

Un comunicado sin cifras y una frase que se sostiene sola: «No hay liquidez ni para pagar la nómina de agosto». Es el mensaje que CCOO habría lanzado en Castilla y León, según el tuit difundido por THE OBJECTIVE, y describe un problema de caja muy concreto: lo que entra no cubre el siguiente pago de salarios. En ese mensaje no hay un déficit cuantificado, ni un plan de viabilidad, ni un calendario. Solo la advertencia.

La respuesta fue inmediata y, en su mayoría, poco compasiva. Antes de preguntar cuánto falta y por qué, la conversación derivó al terreno de siempre: las subvenciones públicas, las cuotas de los afiliados y la utilidad real de las grandes centrales. En medio del ruido apareció, sin embargo, un dato que cambia el marco del asunto.

¿Qué es el SERLA y qué tiene que ver con CCOO?​

Según la versión que cita a La Vanguardia, la entidad que se habría quedado sin liquidez no es el sindicato, sino el SERLA: un organismo autónomo de naturaleza tripartita (Junta, patronal y sindicatos), una suerte de servicio regional de mediación y arbitraje laboral con siete trabajadores en plantilla que no pertenecen a la central. Bajo esa lectura, el titular se desinfla: quien no puede pagar no sería CCOO, sino una estructura administrativa compartida por las tres partes.

Conviene separar dos cosas que el mensaje original mezcla. Una es la falta de tesorería puntual, un problema de calendario de pagos. Otra, muy distinta, es la insolvencia, el escenario en el que una organización no puede atender su deuda y acaba en concurso. Quienes han terciado en el asunto saltaron directamente al segundo escenario, con menciones al ERE, al concurso de acreedores y al FOGASA como salidas naturales. Nadie ha aportado todavía una cifra que sostenga ese salto.

El recorte de subvenciones que está detrás del conflicto​

La protesta apunta a otro sitio. Otra organización sindical, Solidaridad, dio por hecho en sus redes que CCOO y UGT saldrían a la calle contra el vicepresidente de la Junta y otra responsable autonómica, a los que identifica por su nombre, por haberles retirado las subvenciones. Lo resumía con una acusación: que solo salen a defender su bolsillo. Es una imputación de parte, no un hecho acreditado, pero define con precisión el eje del conflicto.

Porque ahí está el núcleo del asunto: el dinero público que sostiene parte de la estructura de las centrales. Quien defiende el recorte sostiene que un sindicato debe vivir de sus afiliados; quien lo critica responde que la asfixia financiera es la vía para vaciar de contenido la negociación colectiva. Ninguna de las dos cosas se demuestra con la nómina de agosto.

La comida en Ibiza y el relato de la «asfixia»​

El contraste más difundido llegó con una publicación que situaba al líder de UGT, Pepe Álvarez, comiendo en uno de los restaurantes más caros de Ibiza horas después de denunciar la «asfixia» que atribuía al recorte de subvenciones en Castilla y León. La escena, atribuida a quien la publicó y sin verificación independiente, funcionó como gasolina: para una parte del público, la imagen resume la distancia entre el discurso y la caja.

El resto del debate siguió el guion conocido: que si la mariscada, que si la nómina de agosto, que si las gambas. El chiste del marisco se repite tanto a lo largo del asunto que ha dejado de ser un chiste y funciona ya como argumento: el símbolo de una estructura que, se sostiene, vive mejor que los trabajadores a los que dice representar.

Cuotas, convenios y clientes que no serían los trabajadores​

El análisis más desarrollado que circula va por otro camino. Su tesis es que las centrales son la cara visible de un entramado empresarial propio —enseñanza, tecnología— enraizado en la estructura económica de territorios como Asturias, de modo que ni las cuotas ni las subvenciones explicarían su verdadera financiación. Es una hipótesis sin documentación aportada, y así hay que leerla.

A eso se suma la crítica sobre el servicio jurídico: la idea de que el sindicato negocia convenios con grandes empresas en los que la compañía sale mejor parada, y de que sus abogados facturan a precios superiores a los del mercado. Detrás de esa queja hay una intuición compartida: si con cuotas y minutas no llega para las nóminas, alguien está mirando mal las cuentas. O hay algo que no se cuenta.

Del reparto de Amazon a la caja de agosto​

La memoria también juega en contra. Se cita el caso de las 4.000 familias que repartían para Amazon y quedaron sin trabajo cuando la compañía rompió con sus colaboradores, un episodio en el que, se argumenta, no hubo el mismo ruido ni la misma defensa pública. La comparación con Francia, donde los conflictos contra los trabajadores se responden con movilización y sin subvenciones, aparece una y otra vez como espejo incómodo.

El resultado es un debate que habla poco del SERLA y mucho de modelo sindical. Y que deja una pregunta sin cerrar: si las cuentas dependen del presupuesto público, el problema no es de agosto, es de diseño.

Al final, todo el incendio se reduce a una cifra que casi nadie repite: siete. Los empleados del organismo que, según una de las versiones, es el único que realmente no puede pagar. El resto es una discusión de fondo sobre quién financia a las centrales sindicales.