El ministro del interior francés se abre a realizar un referéndum sobre la inmi gración: «estamos al borde del abismo»

Retailleau admite que Francia no puede votar su política migratoria​

El nuevo ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, lamentó el domingo 29 de septiembre, en declaraciones a LCI, que la Constitución impida convocar un referéndum sobre inmigración. «No podemos llevar a cabo un referéndum sobre la inmigración en Francia debido a razones constitucionales», dijo desde su despacho de la Plaza Beauvau, añadiendo que lo lamenta profundamente. Su tesis: la inmigración ha transformado el país en los últimos cincuenta años sin que los ciudadanos hayan podido pronunciarse.

El anuncio llega con el Primer Ministro, Michel Barnier, a punto de presentar un paquete de medidas. Retailleau anticipó algunas: extender hasta 180 días la detención máxima de personas con orden de salida del territorio (OQTF) —el doble del límite actual, aunque él mismo admite que «no es suficiente»—, reforzar las deportaciones y usar tres palancas de presión sobre los países de origen: visados, ayuda al desarrollo y acuerdos comerciales. Preguntado por la «doble pena», la expulsión automática tras cumplir condena, respondió: «Por supuesto, estoy a favor».

Qué propone el ministro y por qué no basta​

El paquete tiene tres patas. La primera es la detención administrativa ampliada, que pasaría de los 90 días vigentes a 180. La segunda, el endurecimiento de las expulsiones. La tercera, la diplomacia coercitiva: quien no acepte a sus nacionales, se queda sin visados, sin cooperación al desarrollo y sin ventajas comerciales.

Retailleau describió el marco legal actual como «un laberinto de normas» y defendió un «plan integral». La frase clave, sin embargo, es la que reconoce el límite: la herramienta que él considera más legítima —preguntar a los franceses— está fuera de su alcance. El ministro no puede convocar la consulta que dice desear.

El referéndum que la Constitución bloquea​

El artículo 11 de la Constitución francesa permite referéndums sobre organización de poderes públicos, reformas económicas, sociales o medioambientales y ratificación de tratados. La inmigración no encaja limpiamente en ninguno de esos cajones, y así lo reconocen los propios impulsores de la idea. De ahí el lamento público.

La paradoja no es menor: un ministro del Interior en funciones pide una consulta que su propio ordenamiento le niega. Hay quien lee en esto una forma de instalar el tema en la agenda sin asumir el coste de gobernar por decreto. El Gobierno legisla; el referéndum, en este caso, no llega.

La doble pena y las tres palancas de presión​

La propuesta más dura es la expulsión automática de extranjeros tras cumplir condena. Retailleau la respalda sin matices. En la práctica, choca con el principio de no devolución y con la jurisprudencia europea, pero marca el tono de un ministerio que quiere exhibir firmeza.

Las «tres palancas» —visados, ayuda, comercio— son la parte más operativa. Funcionan como moneda de cambio con países que se resisten a readmitir a sus nacionales. El cálculo es simple: si no cooperas, pierdes acceso. La pregunta es si Francia tiene margen real para apretar sin dañar sus propios intereses.

El diagnóstico que nadie firma: la población ya nacionalizada​

El punto más incómodo del asunto no está en las fronteras, sino dentro. Una parte del análisis sostiene que el problema ya no es la entrada, sino la población nacionalizada que no puede expulsarse y que crece a un ritmo distinto al de la población de origen europeo. Es el elefante en la habitación: no hay solución asumible a corto plazo.

Las posturas se dividen. Unos creen que basta con retirar ayudas, tipificar como delito la entrada irregular y endurecer el acceso a la nacionalidad. Otros responden que eso ya no cambia la demografía y que el margen de actuación se agotó hace años. Entre ambos, un consenso incómodo: la ventana de oportunidad se cerró mientras se discutía si existía.

El referéndum como trampa y como coartada​

La sospecha recorre el asunto: convocar una consulta solo cuando se sabe que se gana. Si el cuerpo electoral ha cambiado lo suficiente, el resultado está escrito de antemano. Y si no, no se convoca. Esa es la lectura cínica, y no es fácil rebatirla.

El problema de fondo es de representación. Durante medio siglo, la política migratoria se ha decidido en despachos, tratados y directivas, no en las urnas. Ahora que el descontento es mayúsculo, se descubre que la herramienta plebiscitaria no está disponible. El lamento de Retailleau es, en el fondo, la confesión de un sistema que se quedó sin válvulas.

Francia legislará, deportará algo más y presionará a terceros países. Lo que no hará, por ahora, es preguntar.