??: El juez Peinado pide el certificado de matrimonio de Sánchez y Begoña

El juez Peinado reclama el certificado de matrimonio de Begoña Gómez​

Un documento del Registro Civil. Eso es lo que el juez Peinado ha pedido para cerrar una de las incógnitas que rodean la investigación sobre Begoña Gómez: si su matrimonio con Pedro Sánchez se rige por gananciales o por separación de bienes. La petición, adelantada por El Mundo, ha reabierto la pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el rastro económico del caso y a quién salpica?

El certificado no es un trámite menor. Si el régimen es de gananciales, todo lo adquirido durante el matrimonio es común a ambos cónyuges, y cualquier beneficio presuntamente ilícito atribuido a uno de ellos podría alcanzar patrimonialmente al otro. Si es separación de bienes, la trazabilidad se corta en seco. De ahí el interés del instructor.

Qué busca el juez con el certificado de matrimonio​

La hipótesis que maneja la instrucción es sencilla de enunciar: si Begoña Gómez se benefició de su condición de esposa del presidente del Gobierno, el régimen económico matrimonial determina cuánto de ese beneficio es compartido. Hay quien sostiene que la petición es un paso técnico obligado, sin más lectura. En contra pesa el argumento de que el juez ya tiene margen para investigar sin necesidad de acreditar el régimen, y que pedirlo ahora apunta a una línea concreta: la del enriquecimiento.

El propio juez ha centrado sus pesquisas en el uso de la posición institucional para abrir puertas académicas y empresariales. El certificado de matrimonio sería la pieza que une el cargo público con el patrimonio privado.

Gananciales o separación de bienes: la clave patrimonial​

En España, el régimen por defecto en el matrimonio civil es el de sociedad de gananciales. Bajo ese marco, los rendimientos obtenidos durante la unión pertenecen a los dos cónyuges al cincuenta por ciento, con independencia de quién los genere. La separación de bienes, en cambio, exige pacto expreso ante notario y deja cada patrimonio aislado.

La diferencia práctica es enorme. Con gananciales, cualquier contrato, cátedra o patrocinio atribuido a Begoña Gómez durante el matrimonio entraría en la masa común. Con separación, no. El juez no pide el papel por curiosidad: pide el papel porque el papel cambia la ecuación.

El debate sobre el alcance de la investigación​

La conversación se ha partido en dos corrientes. Una sostiene que el instructor no va contra Begoña Gómez, sino contra Sánchez: que el certificado es la vía para vincular el cargo con el posible beneficio. Otra defiende que atacar al presidente a través de su esposa con asuntos sin recorrido penal acaba siendo contraproducente, porque refuerza el relato del acoso y desvía la atención de los delitos económicos que sí importan.

Entre ambas posiciones circula una duda que nadie resuelve: si el régimen es gananciales y no se acredita ningún delito, el certificado no sirve de nada. Y si se acredita, el problema deja de ser matrimonial y pasa a ser penal.

Lo que el certificado no resuelve​

El documento acredita cuándo se casaron y bajo qué régimen, no qué se hizo con el dinero. La instrucción sigue bajo secreto, y las acusaciones que se manejan —tráfico de influencias, estafa, cohecho, malversación— están en fase de investigación, sin condena alguna. Cualquier lectura que vaya más allá de eso es especulación.

Lo que sí ha quedado claro es que el caso ya no se mueve en el terreno académico. Se mueve en el registro civil. Y ahí, cada papel cuenta.