El hermano de Sánchez ni teletrabaja, ni ficha y no hace nada

El hermano de Sánchez: 55.000 euros al año sin fichar ni teletrabajar​

Hay un despacho en la Diputación de Badajoz que lleva siete años vacío. Su ocupante cobra 55.000 euros anuales de dinero público, no ficha como empleado, no teletrabaja y, según el relato que circula, tampoco aparece por la oficina. El hermano del presidente del Gobierno se llama David Sánchez y su situación administrativa se ha convertido en el ejemplo perfecto de lo que muchos consideran un sistema de colocación institucional. La paradoja es que, mientras Hacienda persigue al autónomo que factura en negro, un cargo público puede acumular un patrimonio superior al millón de euros sin que nadie sepa muy bien cómo.

Qué se sabe del puesto y del patrimonio​

El puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se creó, según las informaciones publicadas, con un perfil técnico que no requería presencia física. Durante siete años, el hermano del presidente ha cobrado 55.000 euros anuales sin que se le haya visto fichar. Tampoco consta que teletrabaje. La cifra total supera los 385.000 euros en un periodo en el que su patrimonio personal ha crecido hasta superar el millón de euros, según los datos que maneja la oposición.

El asunto se complica cuando entra en juego la fiscalidad. David Sánchez se empadronó en Portugal, país con una presión fiscal menor que España, lo que le permite pagar menos impuestos por sus ingresos. La contradicción es evidente: el mismo Gobierno que persigue a los contribuyentes que trasladan su residencia a Andorra para pagar menos, tolera que el hermano del presidente haga lo propio en el país vecino.

La investigación judicial y las diligencias abiertas​

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias previas contra David Sánchez, contra el presidente de la Diputación, Gallardo, y contra el jefe de recursos jurídicos y humanos de la institución. La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, ha tenido que depositar una fianza de 10.000 euros para poder personarse en la causa.

Las diligencias no implican una condena, pero sí sitúan el caso en el terreno judicial. La investigación trata de determinar si hubo irregularidades en la creación y adjudicación del puesto, así como en las condiciones laborales del hermano del presidente. Hasta el momento, no hay sentencia firme ni acusación formal contra ninguno de los investigados.

El hermano de Sánchez y el hermano de Ayuso: el juego de espejos​

La comparación con el hermano de Isabel Díaz Ayuso ha sido constante en el debate público. Mientras unos señalan que el hermano de la presidenta madrileña también se benefició de contratos públicos, otros responden que la diferencia estriba en que el de Sánchez cobra directamente de una institución pública sin contraprestación conocida. La discusión deriva en un intercambio de acusaciones cruzadas que dificulta el análisis sereno.

Lo cierto es que ambos casos comparten un patrón: familiares de cargos públicos que acceden a recursos o contratos sin que quede claro el mérito o el trabajo realizado. La diferencia es de grado y de forma, no de fondo. Y mientras tanto, el contribuyente sigue pagando la factura.

El debate sobre los funcionarios y el clientelismo​

Una parte del análisis sostiene que el problema no es solo el hermano de Sánchez, sino un sistema clientelar que atraviesa todas las administraciones. Las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y las consejerías autonómicas reproducen un modelo en el que los cargos de confianza y los asesores se multiplican sin control. El funcionario de carrera, mientras tanto, observa cómo su plaza se convierte en moneda de cambio político.

Hay quien defiende que los funcionarios son parte del problema, no de la solución, porque también participan del sistema y miran hacia otro lado cuando les conviene. Otros argumentan que la mayoría de los empleados públicos cumplen con su trabajo y que generalizar es injusto. La discusión deriva hacia el papel de las oposiciones como mecanismo de acceso a un puesto vitalicio y la dificultad de exigir responsabilidades a quien no puede ser despedido.

La residencia de ancianos y el ruido de fondo​

El episodio más llamativo del caso tiene que ver con una residencia de ancianos cercana al palacete que David Sánchez habría adquirido. Según las informaciones publicadas, el hermano del presidente presionó al centro para que redujera el ruido y el olor a pescado que llegaban hasta su vivienda. La anécdota, por pequeña, resume a la perfección la distancia entre el personaje y el ciudadano medio.

Mientras el común de los mortales convive con el ruido del vecindario y el olor de la freiduría de la esquina, hay quien tiene poder suficiente para intentar modificar su entorno a golpe de teléfono. La escena, real o exagerada, alimenta la percepción de que las reglas no son las mismas para todos.

Qué puede pasar ahora​

La investigación judicial sigue abierta y no hay plazos definidos para su resolución. El Gobierno no ha anunciado ningún tipo de medida respecto al hermano del presidente, y la oposición ha convertido el caso en un arma arrojadiza. La pregunta que planea sobre todo el asunto no es si David Sánchez dimitirá —no es cargo electo—, sino si alguien asumirá alguna responsabilidad política por haber permitido que un despacho permanezca vacío durante siete años.

La respuesta, a la vista de los antecedentes, probablemente sea que no. El sistema tiene una capacidad extraordinaria para absorber escándalos y seguir funcionando como si nada. Y mientras tanto, el contribuyente sigue remando.