El Gobierno prefiere pagar 165 millones antes que ceder un mena a Alemania
El Ejecutivo español ha rechazado la oferta de la Unión Europea para reubicar a los menores extranjeros no acompañados que saturan los centros de Canarias. El argumento oficial: «no tiene lógica que los acojan Alemania o Francia». Mientras tanto, la factura de la acogida no deja de crecer –165 millones de euros– y la Fiscalía Europea ya ha puesto el foco en la gestión de los centros durante la etapa de Ángel Víctor Torres al frente de la comunidad canaria.
La factura de los centros: 165 millones y plazas que se pagan vacías
Los números que maneja la administración canaria son difíciles de sostener. Seis mil menores en situación irregular, una factura de 165 millones y un modelo de financiación que paga hasta 161,3 euros al día por cada plaza, incluso cuando está vacía. La comunidad autónoma ha llegado a admitir problemas para abonar las facturas: algunos centros de acogida barajaron el cierre en el último trimestre del año, mientras el Gobierno de Navarra destinaba ayudas que superan los 50.000 euros por menor.
Si se compara con el coste medio de un residente en un centro educativo, la diferencia no cuadra. La propia Fiscalía reconoció que solo el 45% de los menores sometidos a pruebas de edad resultan ser menores de edad. En este contexto, surgen las preguntas sobre el destino real del dinero.
Una comparación que circula entre los analistas económicos describe el sistema como un bar donde el Estado paga por cada cliente sentado, haya consumido o no. Los centros cobran por plaza ocupada y también por plaza vacía. El negocio parece a prueba de todo, incluida la lógica.
Bruselas ofrece, el Gobierno esquiva
La carta de Ursula von der Leyen asegurando que la UE puede reubicar a los menas de Canarias fue respondida con un portazo. No solo eso: el Parlamento Europeo preguntó al ministro del Interior por qué no se recurre a los 3.000 agentes de Frontex disponibles para la crisis canaria. La respuesta: España no lo ha pedido.
La contradicción se agudiza cuando el propio Ejecutivo recurre a la UE para forzar a las comunidades del PP a acoger a estos menores. Bruselas respondió con un varapalo: no obligará a nadie a aceptar el reparto. Es decir, la UE sirve para exigir cuotas a las autonomías, pero no para repartir la carga con Alemania o Francia.
La investigación europea y el negocio de las ONG
La Fiscalía Europea investiga la gestión de los centros canarios durante el mandato de Torres. Las subvenciones a ONG que acogen inmigrantes sin papeles suman 1.458 millones, adjudicadas en su mayoría sin licitación. No existe transparencia sobre el grado de integración conseguido con estos fondos.
Los escándalos se acumulan: Marroquíes que «venden» a sus niños a cambio de permisos de residencia, según informaciones publicadas; centros que pasan a cobrar por plazas no ocupadas; y una trama de alquileres sobrevalorados que, de confirmarse, convertiría el negocio de la acogida en un coladero de dinero público. La UE ya ha alertado de un aumento significativo de la percepción de la corrupción en España durante el mandato de Pedro Sánchez.
Marruecos, la puerta de salida que nadie usa
Marruecos acepta el retorno de sus menores si España elimina los «obstáculos judiciales». Pero en seis años, de 28.000 menores, solo regresaron 41. Mientras, los informes de Seguridad Nacional alertan del uso hostil de la migración irregular como arma de desestabilización, y Frontex advierte de que la ruta canaria puede ser una puerta de entrada para terroristas camuflados.
El Gobierno rechaza la reubicación europea por razones de «lógica», pero no explica la lógica de un sistema que paga plazas vacías, financia ONG sin control y mantiene a miles de menores en una situación administrativa insostenible. La investigación de la Fiscalía Europea está en curso. Y el análisis se queda ahí: atascado en la contradicción entre gastar sin límite y repartir sin lógica.