El gobierno rebaja de 145 a 35 euros por mena y día los fondos para atender a los menores forasteros a las ccaa .

El Gobierno recorta un 75% los fondos para acoger a menores migrantes​

La Conferencia Sectorial de Infancia que debía repartir a los menores migrantes que llegan solos a España se canceló sin acuerdo. El Ministerio de Juventud e Infancia proponía 100 millones de euros para trasladar a casi 4.000 menores desde Canarias y Ceuta y atenderlos durante tres meses. La cifra supone pasar de 145 euros por niño y día a 35,75, un recorte del 75% que las comunidades consideran insuficiente para una acogida integral.

Castilla-La Mancha, Canarias y Galicia han elevado la voz contra el plan, mientras las once comunidades del PP ni siquiera se presentaron a la reunión. La consejera de Bienestar de Castilla-La Mancha, Bárbara García, cifró en 400 millones lo que necesitan para dar a los niños los mismos cuidados que hasta ahora. «No se puede hacer un low cost con un tema tan sensible», dijo.

De 145 a 35,75 euros por menor y día​

El acuerdo propuesto por el Ministerio contempla 100 millones de euros para cubrir los traslados a la Península y la atención durante los tres primeros meses. A partir de ahí, serán las comunidades las que asuman el coste, porque la acogida es competencia autonómica. Las regiones no entienden por qué hasta ahora el Estado financiaba 145 euros por plaza al día durante doce meses y ahora reduce la aportación a la cuarta parte.

La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, advirtió de que con ese presupuesto solo se podrá atender a los menores tres meses. «Se nos dijo que iba a haber suficiente financiación. El Estado no puede permitirse dar argumentos a nadie para que estos acuerdos no se apliquen», añadió. En Galicia inciden en que ya venían advirtiendo de que 145 euros eran insuficientes para niños de 14 años que requieren más tiempo de acogida.

El pulso político: once comunidades del PP plantan al Ministerio​

Las once comunidades gobernadas por el PP rechazaron el orden del día de la Conferencia Sectorial y no asistieron. Consideran «ilegal» tanto el orden del día como el decreto que regula el reparto. La ministra Sira Rego dejó claro que el reparto se hará igualmente a partir del 28 de agosto. El encuentro no pudo celebrarse por falta de acuerdo.

En Madrid sostienen que el Estado aportará mucho menos dinero que en traslados anteriores y que sus cálculos no están actualizados porque el sector ha introducido mejoras en los convenios que el Estado no tiene en cuenta. La discusión por la financiación ya había caldeado la reunión técnica previa del 8 de agosto, donde la representante de Castilla-La Mancha y el secretario de Estado se enzarzaron en una discusión.

El cálculo que circula: 52.000 euros al año por menor​

En el debate ha circulado una cifra: si el Estado pagaba 145 euros al día durante doce meses, cada menor acogido costaba a las arcas públicas 52.925 euros al año solo en transferencias a las comunidades, según ese cálculo. Una cifra que, sumada a subvenciones a ONG y otros costes indirectos, algunos elevan por encima de los 70.000 euros anuales. Con el recorte a 35,75 euros, el coste anual bajaría a 12.775 euros, siempre según esos cálculos.

Esa diferencia ha alimentado la tesis, sostenida por algunos participantes, de que la acogida se ha convertido en un negocio para empresas, organizaciones y administraciones. Hay quien sostiene que los 52.000 euros por menor daban para muchas contrataciones y servicios, y que parte de ese dinero acababa en empresas afines. En contra pesa el argumento de que la acogida implica costes reales: alojamiento, manutención, educadores, vigilantes, asistencia jurídica, escolarización y apoyo psicosocial.

El efecto llamada y el colapso de los servicios públicos​

Una parte del análisis sostiene que financiar la acogida durante doce meses a 52.000 euros por menor genera un efecto llamada y que, al reducirlo a tres meses, miles de personas sin idioma ni recursos quedarán en la calle. Otra corriente defiende que si no es viable hacerse cargo con ese dinero, simplemente no se haga. Y una tercera apunta a que el recorte acabará con el negocio y provocará un aumento de la conflictividad.

El trasfondo es el choque competencial: el Estado financia los traslados y tres meses de atención, pero la acogida es competencia autonómica. Las comunidades que ya soportan la presión migratoria —Canarias y Ceuta en primera línea— temen quedarse solas con la factura. Mientras, el reparto sigue sin acuerdo y el reloj corre hacia el 28 de agosto.

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Al final, la pregunta no es cuánto cuesta acoger a un menor, sino quién paga la diferencia cuando el Estado se retira. Con 35,75 euros al día, ni low cost ni dignidad: solo una patata caliente que nadie quiere sostener.