El gobierno de sanchez manda ¡¡comida caducada!! A Valencia

Latas con fecha de 2019 en la ayuda a los afectados de Valencia​

¿Qué hace un lote de alimentos etiquetado como «Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2019» repartiéndose entre damnificados de la DANA? La imagen de una conserva con el logo del Gobierno de España y una fecha impresa que se remonta cinco años atrás desató la polémica en cuestión de horas. El debate, sin embargo, se partió en dos frentes: quienes vieron una prueba de desprecio institucional y quienes recordaron que la fecha impresa en una lata no siempre es la de caducidad.

La confusión entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente se convirtió en el eje técnico de la discusión. Varios intervinientes señalaron que la segunda no implica riesgo sanitario automático: basta revisar el estado del envase, el olor y el aspecto del producto. «No es la fecha de caducidad sino de consumo preferente que no es lo mismo», resumió un participante que aseguró conservar latas y proteína en polvo con más de cinco años de consumo preferente superado «y están como nuevos». La normativa citada en el propio debate permite donar alimentos con esa fecha rebasada si siguen siendo aptos, sin mohos, sin óxido ni abombamiento en la lata.

Quién gestiona realmente el banco de alimentos​

Uno de los argumentos que más recorrido tuvo apuntó a que el reparto no lo ejecuta directamente el Ejecutivo central, sino entidades como Cruz Roja y Cáritas, que gestionan los bancos de alimentos. «No es el gobierno de España, es Cruz Roja y Cáritas quien gestiona el banco de alimentos», sostuvo un interviniente, que añadió que este tipo de productos proceden de programas europeos. Otro participante recordó que las ayudas del Fondo Social Europeo se sustituyeron hace más de un año por tarjetas monedero, lo que abría la incógnita de por qué seguía apareciendo material de un plan de 2019.

La explicación más citada tiene que ver con las compras de intervención. Un participante detalló que existe un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, el FEGA, encargado de adquirir excedentes agroalimentarios para controlar precios y evitar que el mercado se inunde. Esas compras pueden permanecer almacenadas años. «El objetivo no es ayudar a las personas necesitadas sino a las empresas agroalimentarias a controlar los precios», escribió. Bajo esa lógica, la antigüedad del lote no sería un fallo de última hora, sino la consecuencia de un mecanismo de intervención que rota el stock con lentitud.

La sospecha de que el reparto fue intencionado​

El otro gran bloque del debate no se conformó con la explicación técnica. «Tantas cagadas no pueden ser por accidente. Nadie puede ser tan mentecato», escribió un participante que atribuyó el episodio a una intención deliberada. La teoría de la intencionalidad se apoyó en la coincidencia de varios errores: comida almacenada durante años, toneladas de donaciones particulares desechadas y productos con fecha antigua llegando a los afectados. «Han ordenado tirar toneladas de comida en buen estado que donó la gente y mandan ahora comida caducada», resumió otro, que calificó el asunto de «traca».

Frente a esa lectura, varios intervinientes pidieron prudencia y distinguieron entre lo que se sabe y lo que se supone. «¿Hay algún sitio donde se demuestre que eso acaba de ser enviado por el gobierno ahora a Valencia?», preguntó un participante que sugirió que el lote podría llevar años almacenado. «Hacerse pajas mentales no puede llevar a nada bueno», zanjó, aun declarando su distancia política con el Ejecutivo. La duda sobre la cadena de custodia —quién almacenó, quién rotó y quién entregó— quedó sin respuesta en el intercambio.

El riesgo sanitario: lo que preocupa más allá de la lata​

El consenso técnico se rompió al salir de las conservas. «El problema no es esa lata sino los productos que no están envasados en conserva, que a saber lo que habrá», advirtió un participante. La preocupación por los alimentos perecederos, los no envasados y los que requieren cadena de frío recorrió buena parte de los mensajes. En ese punto, la discusión sobre fechas dejó de ser semántica: una lata puede aguantar, un producto fresco con cinco años encima no.

También apareció el contexto de la catástrofe. Varios mensajes recordaron que tras la DANA el agua no era potable en varias zonas y que la población dependía de suministro externo. «Ahora con el agua tras el destrozo no es potable y la comida caducada yo ya me creo todo y nada», escribió un participante. La combinación de agua contaminada y alimentos dudosos elevó la percepción de abandono, con independencia de lo que dijera la etiqueta.

La respuesta institucional que no llegó​

Ninguna de las administraciones implicadas —Gobierno central, Generalitat o las entidades gestoras— ofreció en el material disponible una explicación oficial sobre el origen del lote. Esa ausencia alimentó las dos lecturas: la del error de gestión y la de la dejadez calculada. «Gestion nefasta o premeditada?», se preguntó un participante, que añadió una comparación incómoda sobre los menús que reciben otros colectivos.

El episodio dejó además un reguero de consecuencias políticas. La gestión de la DANA ya estaba en el centro de la refriega entre administraciones, y el asunto de la comida añadió munición a quienes sostienen que la respuesta institucional fue tardía y descoordinada. «Un video ridículo de una lata de melocotón en almíbar no cambia el devenir de los acontecimientos», escribió un participante convencido de que el impacto electoral será nulo. La discusión, en cualquier caso, se cerró sin que nadie aportara el dato que la habría resuelto: cuántos lotes, de qué fecha y por qué canales llegaron.

Al final, la pregunta sigue siendo la misma que al principio. ¿Es una lata de 2019 un problema sanitario o un problema de imagen? Depende de a quién se le pregunte. Y de si alguien se molesta en explicarlo.