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El Gobierno ha transformado su empresa pública de Vivienda, Casa 47, en un fondo con el objetivo de ingresar más de 210 millones de euros entre 2026 y 2028 a través de alquileres.
La política de vivienda del Gobierno ha dado un giro inesperado. Lo que antes se presentaba como una iniciativa para ayudar a los más necesitados, ahora parece haberse convertido en un fondo de inversión con objetivos de ingresos claros. Casa 47, la empresa pública de Vivienda, tiene previsto generar más de 210 millones de euros en ingresos por alquileres entre 2026 y 2028. Parece que la idea es obtener rendimiento económico de la vivienda pública, un enfoque que dista de la ayuda social pura.
Uno de los puntos más llamativos de esta operación son los precios de los alquileres. Se anuncian como "asequibles", pero la realidad que muestran los datos es otra. En pueblos con apenas 8.000 o incluso 150 habitantes, los alquileres de Casa 47 superan los 1.000 euros mensuales. Esto genera dudas sobre a quién van dirigidas realmente estas viviendas. Si sumamos los ingresos previstos, para finales de 2026 se esperan unos 6,9 millones, para 2027 unos 86,8 millones, y para 2028 la cifra asciende a 116,4 millones de euros.
La estrategia de Casa 47 parece excluir a quienes más podrían necesitarla. Para acceder a estas viviendas, el requisito principal es que los ingresos mínimos de la unidad familiar superen los 42.000 euros anuales. Esto significa que personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o perfiles con ingresos más bajos quedan fuera. Curiosamente, la oferta de viviendas se concentra en unas pocas comunidades autónomas: Comunidad Valenciana (con el 62,2%), Galicia (15,3%), Cataluña (14,4%), Navarra (5,3%) y Asturias (2,8%). Provincias como Castellón (157 casas) o Alicante (153 casas) lideran la oferta, mientras que en lugares como Barcelona apenas hay 25 viviendas disponibles.
Las cifras oficiales hablan de 800 viviendas publicadas, pero la realidad en la web de Casa 47 muestra solo 645. Esto representa un porcentaje mínimo, el 0,09%, del déficit de 750.000 viviendas que necesita España. Lo más sorprendente es que, en algunos casos, los precios de estos alquileres públicos superan a los del mercado libre. En Carlet, cerca de Valencia, un piso de 97m² se oferta por 640 euros ( 6,59 euros/m²), mientras que pisos más grandes en la misma zona se encuentran en portales inmobiliarios por 850 euros ( 6,16 euros/m²). La iniciativa, por tanto, parece ofrecer una solución limitada, en zonas con poca demanda, para familias con ingresos medios-altos y a precios que no siempre son competitivos.
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