Corrupción El consulado en Buenos Aires no encuentra ninguna prueba de exilio entre 18.000 'nietos'

El Consulado de España en Buenos Aires ha revisado casi 18.000 expedientes de la ley de nietos sin encontrar en ninguno prueba de exilio político, requisito que el Tribunal Supremo exige para votar el 29 de noviembre. A escala nacional, solo 91 de los 31.390 expedientes revisados hasta el 21 de octubre habían obtenido el certificado, el 0,29%.

La aplicación de la ley de nietos ha dejado al descubierto un problema que va más allá del censo electoral. El Consulado de España en Buenos Aires ha revisado casi 18.000 expedientes en los últimos días y no ha encontrado en ninguno una prueba de exilio político, el requisito que el Tribunal Supremo exige para permitir el voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. La cifra no es un caso aislado: en toda España, de los 31.390 expedientes revisados hasta el 21 de octubre, solo 91 habían obtenido el certificado que acredita el cumplimiento de las condiciones fijadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Eso es el 0,29%.

Un requisito que nunca se pidió

Ningún consulado estaba obligado a pedir pruebas de exilio a quienes solicitaron la nacionalidad por la ley de nietos. La instrucción del Ministerio de Justicia que redactó Sofía Puente no lo exigía. Bastaba con acreditar que un antepasado había salido de España entre 1936 y 1955. «Ni la gente aportó documentos ni el consulado los pidió», resumen fuentes diplomáticas. Esa laxitud explica que ahora, cuando el Supremo pide distinguir quién tiene ese vínculo con el exilio, la mayoría de los expedientes no puedan demostrarlo.

El Tribunal Supremo suspendió los efectos electorales de la ley de nietos el 8 de septiembre, antes de que el presidente del Gobierno convocara el adelanto electoral. La decisión afecta a 163.020 personas. Los magistrados tumbaron los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que pedían permitir votar a todos los descendientes de españoles en el exilio porque no había tiempo material para revisar el censo. El 12 de octubre ratificaron la suspensión: debía «prevalecer la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral sobre el interés particular del ciudadano». El Defensor del Pueblo acudió al Constitucional y la corte rechazó el recurso por «prematuro».

Albares aprieta y los consulados improvisan

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió el viernes un telegrama urgente a los cónsules para que tuvieran la lista cerrada este martes, un día antes de que venciera el plazo de cinco días que dio el Supremo. Los magistrados habían amenazado con multas de 1.000 euros o exigencia de responsabilidad penal por obstrucción a la justicia. Albares ordenó asignar «todos los recursos de esa oficina consular hasta dar cumplimiento a la tarea, incluyendo durante los días 24 y 25, dentro de los límites permitidos por la legislación». Traducido: trabajar el fin de semana si hacía falta.

La tarea no era sencilla. Toda la documentación anterior a 2025 no está completamente digitalizada y los 163.020 afectados no se podían cotejar sin revisar los tomos uno a uno. El departamento de Albares creó en diciembre del año pasado el Escritorio Unificado de Tramitación Consular (EUdT) para las altas de matrícula y pasaportes, pero no funciona plenamente. En Buenos Aires, la digitalización previa permitió cumplir sin agobios. En Rosario, otro de los consulados señalados por su volumen de nacionalizaciones, se revisaron más de 50.000 expedientes hasta el lunes. En Caracas, el trabajo se hizo «en condiciones pésimas» por los daños que los terremotos causaron en el edificio.

Buenos Aires: 645.052 solicitudes y 33.000 resueltas

De los 2,4 millones de personas que en todo el mundo manifestaron interés por la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, 645.052 presentaron su solicitud en el consulado de Buenos Aires. Eso es el 26,8% del total mundial, cuando la media por consulado ronda los 20.000 expedientes. El registro abarca de octubre de 2022 a octubre de 2025, el periodo de vigencia de la ley, y no equivale a nacionalidades concedidas.

Hasta julio, en Buenos Aires se habían recibido físicamente 220.000 de esas 645.000 solicitudes. Los plazos para completar esa recepción física se prolongarán, «en el mejor de los escenarios, hasta 2030 o 2031». De los 220.000 expedientes ya tramitados, solo se habían resuelto algo más de 33.000 hasta el verano, a un ritmo de 1.800 al mes. Esos eran los potenciales votantes. Antes de la ley de nietos, el volumen de españoles inscritos en Buenos Aires era de 337.980 personas. A finales de junio ascendía a 359.263, un incremento superior al 6% desde 2022.

Las colas históricas en el consulado han desaparecido. Cada día se dan citas para una media de 230 solicitudes de nacionalidad, 240 entregas de pasaportes y un centenar de altas de matrícula. El Gobierno entregó el listado en plazo, según aseguró la portavoz Elma Saiz: «Los ministerios afectados están comprometidos».

El informe que avisó de que era imposible

Un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares fechado el 18 de septiembre advirtió de que era «materialmente imposible» distinguir quién se había nacionalizado gracias a la instrucción de Sofía Puente. El documento pedía seis meses para cumplir con la resolución del Supremo, porque revisar cada expediente requería más de 20 minutos de análisis manual.

Hay otro frente abierto. En legaciones como la de México se aceptaron solicitudes de personas que no sufrieron la Guerra Civil ni el franquismo, según ha documentado THE OBJECTIVE. La combinación de una instrucción laxa, un volumen desbordado y una digitalización incompleta ha dejado al Supremo con un censo que no puede verificar a tiempo. El resultado práctico: de momento, 91 certificados entre 31.390 revisados. El resto de afectados podría acreditar los requisitos más adelante, pero el caso de Buenos Aires indica que el porcentaje apenas se moverá.