E 90% de los jurados populares condena al imputado

El 90% de los jurados populares condena, pero el caso de Begoña Gómez reabre el debate​

La estadística es tozuda: nueve de cada diez jurados populares en España acaban condenando al imputado. El dato, repetido hasta la saciedad en los mentideros judiciales, planea sobre el juicio que estos días sienta en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La pregunta ya no es si el jurado será capaz de valorar pruebas, sino si el circo mediático y la presión social van a convertir el veredicto en una cuestión de fe política. En un país donde la justicia se mide en titulares, el jurado popular se ha convertido en el campo de batalla perfecto.

El jurado popular, ese invento socialista que ahora incomoda

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado fue aprobada en 1995, con el PSOE en el Gobierno y Juan Alberto Belloch en el Ministerio de Justicia. La norma nació con vocación de acercar la justicia al pueblo, pero casi tres décadas después, el invento se ha vuelto incómodo para sus creadores. La paradoja es mayúscula: quien impulsó el jurado popular ahora cuestiona que el pueblo juzgue a los suyos. El caso de Begoña Gómez ha destapado esa contradicción. La que iba a ser la joya de la corona democrática se ha convertido en un problema de gestión política.

El mecanismo es sencillo: nueve ciudadanos, elegidos por sorteo, deciden sobre la culpabilidad del acusado. Para condenar hacen falta siete votos; para absolver, basta con cinco. Esa asimetría, diseñada para proteger al reo, se convierte en un arma de doble filo cuando el acusado es un personaje mediático. En el caso de Begoña Gómez, la acusación se basa en su nombramiento en una cátedra extraordinaria, lo que la convierte en funcionaria pública a efectos penales y la somete al régimen más severo por malversación de caudales públicos. Un tecnicismo jurídico que puede costarle 25 años de cárcel.

El 90% de condenas: ¿dato o trampa estadística?

La estadística del 90% de condenas en jurados populares circula como un mantra. Sin embargo, el dato merece un análisis más fino. Si se compara con el porcentaje de condenas en juicios sin jurado, la diferencia se estrecha. La razón es simple: cuando un caso llega a juicio, es porque existen indicios sólidos de culpabilidad. La probabilidad de que un imputado sea realmente culpable no es del 50%, sino bastante mayor. La falacia del equiprobable se desmonta sola: si estás imputado, algo habrá.

Aun así, el dato del 90% se usa como arma arrojadiza. Unos lo interpretan como prueba de que el jurado popular es infalible; otros, como señal de que es un instrumento de condena fácil. En el caso de Begoña Gómez, la discusión está servida. Hay quien sostiene que un jurado popular nunca condenaría a la esposa del presidente por miedo a represalias. Otros creen que la presión mediática será tal que el jurado se plegará al relato dominante. La duda razonable se ha convertido en duda interesada.

La presión sobre los jurados: el factor humano

Los nueve ciudadanos que compongan el jurado en el caso de Begoña Gómez van a vivir un calvario. Desde el minuto cero, sus nombres, sus vidas y sus circunstancias estarán bajo el microscopio. La presión no solo vendrá de los medios, sino de su entorno más cercano. El cabeza de caballo en la cama es una imagen literaria, pero describe bien el clima que se respira. Hay quien anticipa que los jurados serán tanteados, sobornados o simplemente amenazados. La realidad es que el sistema no está diseñado para protegerlos de eso.

La experiencia de un jurado popular en un caso mediático es demoledora. En el caso Wanninkhof, Dolores Vázquez fue declarada culpable por un jurado popular mientras el verdadero autor del crimen seguía libre. La opinión pública, intoxicada por los medios, pesó más que las pruebas. Fiate tú de un jurado popular, ironizan algunos. La sombra de aquel error judicial planea sobre cualquier juicio con jurado.

La politización del jurado: ¿juzgan los hechos o las siglas?

El jurado popular no es inmune a la polarización política. En un país donde todo se lee en clave partidista, es ingenuo pensar que nueve ciudadanos van a dejar sus sesgos en la puerta de la sala de vistas. La composición del jurado, elegida por sorteo, puede incluir desde votantes del PP hasta simpatizantes de Podemos. La pregunta es si serán capaces de valorar las pruebas o si, por el contrario, votarán en función de la afinidad ideológica con la acusada.

La defensa de Begoña Gómez ya ha insinuado que los jueces son fachas. Ahora, con un jurado popular, la pelota está en el tejado del pueblo. La jugada es genial: si el jurado condena, el PSOE tendrá que decir que el pueblo es facha; si absuelve, la oposición gritará que ha habido presión. En cualquier caso, el veredicto será político. La justicia, mientras tanto, espera su turno.

El precedente de Camps: absoluciones, prescripciones y un reguero de causas

El caso de Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, es el espejo en el que se miran todos los juicios mediáticos. Camps fue investigado en al menos cinco causas principales por corrupción. Salió indemne en todas: dos absoluciones, tres archivos. Uno de los casos, el de la Fórmula 1, se cerró por prescripción del delito de prevaricación. Otro, el de la visita del Papa, fue archivado sin más. La prescripción es una amnistía encubierta, denuncian algunos.

La comparación con Begoña Gómez es inevitable. Como Camps, es una figura pública acusada de un delito económico. Como él, se enfrenta a un jurado popular. La diferencia es que Camps ya ha sido absuelto; Begoña Gómez aún no ha sido juzgada. El precedente no es halagüeño para quien espera una condena ejemplar. Al Capone también se libró de muchas, recuerdan los más cínicos.

El futuro del jurado popular: ¿reforma o abolición?

El caso de Begoña Gómez ha reabierto el debate sobre la utilidad del jurado popular. Hay quien pide su abolición, argumentando que nueve ciudadanos sin formación jurídica no pueden decidir sobre cuestiones técnicas. Otros defienden su legitimidad democrática. La realidad es que el jurado popular es un instrumento imperfecto, pero es el que hay. La justicia no es perfecta, pero es la que tenemos.

Mientras tanto, los nueve ciudadanos que compongan el jurado en el caso de Begoña Gómez tendrán que decidir si condenan o absuelven. Su decisión no solo afectará a la acusada, sino a la percepción pública de la justicia. El 90% de condenas es una estadística, pero no una garantía. En este caso, la política pesa más que las pruebas. Y eso, en un Estado de derecho, es un problema.