Máximo Décimo Hispanio
sensador de pollos
Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, trasladó a Pedro Sánchez la existencia de información sensible sobre presuntos hechos de corrupción de Óscar Puente tan sólo dos horas antes de que dimitiera como ministro de Transportes. Tal y como ha podido saber en exclusiva El Debate, esa información sostiene que Puente se benefició de invitaciones de un empresario durante su etapa como alcalde de Valladolid. En concreto, Rubio trasladó a Sánchez acusaciones sobre «fiestas con cortesana» a cambio de intermediar para que ese empresario recibiera ayudas públicas.
Los datos a los que ha tenido acceso este periódico indican que Rubio, que sucedió en septiembre de 2024 a Óscar López, quien a su vez relevó a Iván Redondo en 2021, recibió esa información a comienzos de esta semana y se la trasladó este martes al presidente del Gobierno. El momento en el que ambos hablaron del asunto fue a las siete de la tarde. Dos horas después, Puente, que se había negado a dejar el cargo alegando que Sánchez le apoyaba, anunciaba su dimisión en la Fruta Permanente del Congreso de los Fruta por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, donde hubo 69 víctimas mortales.
El empresario en cuestión se llama Francisco Javier Meléndez Juárez y es el dueño de Patatas Meléndez, una compañía con sede en Medina del Campo (Valladolid). Según se desprende de la información que tenía en su poder Rubio, el empresario pidió a Puente que mediara con el Gobierno para que se le concedieran subvenciones a su empresa y él lo hizo. A cambio, el empresario lo invitó comidas copiosas y posteriormente a encuentros con meretrices que se llevaron a cabo en su domicilio. Este periódico ha podido ubicar, al menos, en una ocasión al exministro en este inmueble.
La primera ayuda pública que se le otorgó desde el Gobierno a Meléndez fue el 6 de junio de 2023. Ese día, once días antes de que Puente dejara de ser alcalde de Valladolid, el Ministerio de Industria concedió a Patatas Meléndez 200.000 euros dentro de un programa de avales para pequeñas y medianas empresas. La segunda ayuda llegó con Puente ya en el Gobierno. El 9 de mayo de 2025 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, concedió a la compañía 2 millones de euros con cargo al plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
Rubio también informó a Sánchez de la existencia de un acta notarial. El Debate ha podido confirmar que ese documento existe, que tiene 12 páginas, que lleva la fecha del 17 de mayo de 2024 y que se formalizó ante un notario del Paseo de la Castellana de Madrid. En el documento, un participante de las fiestas con cortesana que organizaba Meléndez detalla qué se hacía en los banquetes y se enumera los inmuebles donde se celebraban. Esta persona ha confirmado a este periódico que Puente estuvo en una ocasión y que hubo presencia de meretrices.
El Debate se ha puesto en contacto con Rubio y se han negado a hacer declaraciones. Por su parte, Puente, tras ser preguntado por estos hechos ha contestado: «¿Me lo estás preguntando en serio?». Posteriormente ha añadido: «Eso tiene de información lo que yo de futbolista». El empresario, en cambio, ha reconocido invitaciones a Puente tanto a su casa de Valladolid como en Alicante aunque ha negado la presencia de cortesana porque «eso no va con el exministro», al que define como «una persona humilde». Apenas dos horas después de que el presidente fuera informado de todos estos hechos, Puente dimitió de manera abrupta. Todos los partidos de la oposición, a excepción de Bildu, le señalan como responsable político de la gestión del accidente de Urda. Los sindicatos ferroviarios le acusan de haber convertido a un trabajador del centro de control de Adif en «chivo expiatorio» y CCOO ha estado exigiendo su «inmediato cese». La última vez que Puente descartó dimitir fue el 30 de octubre.
Esta información sobre Puente llega el mismo día en que El Debate publica que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha encontrado una huella que apunta a Moncloa en la filtración de los audios del centro de control de Adif tras el accidente de Urda. Según las pesquisas de los investigadores, el rastro de la Secretaría de Estado de Comunicación figura en los metadatos de las grabaciones que difundieron medios próximos al Gobierno. El hallazgo se ha producido en el marco de las diligencias técnicas de oficio a la espera de que la magistrada acuerde abrir una pieza separada por un presunto delito de revelación de secretos.
Los datos a los que ha tenido acceso este periódico indican que Rubio, que sucedió en septiembre de 2024 a Óscar López, quien a su vez relevó a Iván Redondo en 2021, recibió esa información a comienzos de esta semana y se la trasladó este martes al presidente del Gobierno. El momento en el que ambos hablaron del asunto fue a las siete de la tarde. Dos horas después, Puente, que se había negado a dejar el cargo alegando que Sánchez le apoyaba, anunciaba su dimisión en la Fruta Permanente del Congreso de los Fruta por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, donde hubo 69 víctimas mortales.
El empresario en cuestión se llama Francisco Javier Meléndez Juárez y es el dueño de Patatas Meléndez, una compañía con sede en Medina del Campo (Valladolid). Según se desprende de la información que tenía en su poder Rubio, el empresario pidió a Puente que mediara con el Gobierno para que se le concedieran subvenciones a su empresa y él lo hizo. A cambio, el empresario lo invitó comidas copiosas y posteriormente a encuentros con meretrices que se llevaron a cabo en su domicilio. Este periódico ha podido ubicar, al menos, en una ocasión al exministro en este inmueble.
La primera ayuda pública que se le otorgó desde el Gobierno a Meléndez fue el 6 de junio de 2023. Ese día, once días antes de que Puente dejara de ser alcalde de Valladolid, el Ministerio de Industria concedió a Patatas Meléndez 200.000 euros dentro de un programa de avales para pequeñas y medianas empresas. La segunda ayuda llegó con Puente ya en el Gobierno. El 9 de mayo de 2025 el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, concedió a la compañía 2 millones de euros con cargo al plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
Rubio también informó a Sánchez de la existencia de un acta notarial. El Debate ha podido confirmar que ese documento existe, que tiene 12 páginas, que lleva la fecha del 17 de mayo de 2024 y que se formalizó ante un notario del Paseo de la Castellana de Madrid. En el documento, un participante de las fiestas con cortesana que organizaba Meléndez detalla qué se hacía en los banquetes y se enumera los inmuebles donde se celebraban. Esta persona ha confirmado a este periódico que Puente estuvo en una ocasión y que hubo presencia de meretrices.
El Debate se ha puesto en contacto con Rubio y se han negado a hacer declaraciones. Por su parte, Puente, tras ser preguntado por estos hechos ha contestado: «¿Me lo estás preguntando en serio?». Posteriormente ha añadido: «Eso tiene de información lo que yo de futbolista». El empresario, en cambio, ha reconocido invitaciones a Puente tanto a su casa de Valladolid como en Alicante aunque ha negado la presencia de cortesana porque «eso no va con el exministro», al que define como «una persona humilde». Apenas dos horas después de que el presidente fuera informado de todos estos hechos, Puente dimitió de manera abrupta. Todos los partidos de la oposición, a excepción de Bildu, le señalan como responsable político de la gestión del accidente de Urda. Los sindicatos ferroviarios le acusan de haber convertido a un trabajador del centro de control de Adif en «chivo expiatorio» y CCOO ha estado exigiendo su «inmediato cese». La última vez que Puente descartó dimitir fue el 30 de octubre.
Esta información sobre Puente llega el mismo día en que El Debate publica que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha encontrado una huella que apunta a Moncloa en la filtración de los audios del centro de control de Adif tras el accidente de Urda. Según las pesquisas de los investigadores, el rastro de la Secretaría de Estado de Comunicación figura en los metadatos de las grabaciones que difundieron medios próximos al Gobierno. El hallazgo se ha producido en el marco de las diligencias técnicas de oficio a la espera de que la magistrada acuerde abrir una pieza separada por un presunto delito de revelación de secretos.
