Difamar a los jueces, primer mandamiento del sanchismo (Editorial de El ABC)

Ministros de un gobierno constitucional han atacado a los tribunales de justicia, cuestionando la imparcialidad de los jueces y acusándolos de actuar por intereses políticos, lo que choca con el principio de separación de poderes.

El ataque verbal a los jueces y al Poder Judicial se ha convertido en una constante en la política española reciente. Esta estrategia, que busca deslegitimar las decisiones judiciales, se ha intensificado con la participación activa de ministros. La Constitución española consagra la separación de poderes, un pilar fundamental que garantiza la independencia de los tribunales. Sin embargo, algunos miembros del gobierno parecen obviar este principio al lanzar críticas directas y, en ocasiones, agresivas contra los magistrados.

Críticas y descalificaciones

La política de insultos y descalificaciones hacia los jueces y el Poder Judicial se ha vuelto recurrente. Se les acusa de actuar bajo consignas políticas, de ser parte de una "máquina de fango" o de pertenecer a la "fachosfera". Estas descalificaciones, a menudo lanzadas desde el gobierno, buscan minar la credibilidad de las instituciones judiciales. Un ejemplo de esta retórica se vio cuando se sugirió que los magistrados del Tribunal Supremo "bailan al son de Díaz Ayuso". Otro ministro señaló que el Partido Popular "subcontrata la oposición a los jueces". Incluso se ha cuestionado la imparcialidad de una jueza, María Tardón, por haber sido concejal del PP hace muchos años, mientras que la imparcialidad de figuras como Conde-Pumpido, ex fiscal general con Zapatero y presidente del Tribunal Constitucional, no se pone en duda.

La estrategia de deslegitimación

La estrategia de deslegitimación del Poder Judicial parece intensificarse cuando los intereses personales o políticos de los miembros del gobierno se ven afectados por investigaciones judiciales. Se ha observado cómo, ante la condena o procesamiento de personas cercanas al gobierno, o incluso de familiares, la respuesta ha sido atacar a los tribunales. Ministros como Óscar Puente han sido señalados por sus críticas, llegando a calificar a los magistrados del Supremo de "salvapatrias" y "lobos solitarios", sugiriendo que cumplen órdenes de figuras políticas del pasado. Esta retórica busca erosionar la confianza pública en la justicia, presentando a los jueces como actores políticos en lugar de garantes de la ley.

La independencia judicial en juego

En un sistema democrático basado en la separación de poderes, la independencia de los jueces es crucial. Los ministros de un gobierno, sometidos a una constitución que consagra este principio, no tienen legitimación ni excusa para agredir a los tribunales de justicia. Cuando un ministro ataca a los jueces, se pone en tela de juicio su propia legitimidad en la función pública. La Constitución, en su artículo 124.1, encomienda a la Fiscalía General del Estado velar por la independencia de los tribunales, una tarea que parece ser ignorada en este contexto de confrontación. La persistencia de estas acciones podría tener implicaciones serias para el Estado de derecho.