Pumpido, enemigo público número uno (Carlos Martínez Gorriarán en Vozpópuli)

El Tribunal Constitucional actúa como un poder prácticamente ilimitado, capaz de modificar leyes e interpretar la Constitución de forma discrecional, lo que genera preocupación sobre el futuro de la democracia liberal española.

El Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, se ha convertido en un foco de debate por su creciente influencia y la amplitud de sus competencias. La crítica se centra en su actuación, que algunos consideran que excede los límites de un órgano judicial, llegando a funcionar como un "Cuarto Poder" con facultades prácticamente ilimitadas. Esta situación genera inquietud sobre la salud de la separación de poderes en España y el futuro de la democracia liberal.

El alcance de un poder sin contrapesos

Las decisiones del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, pueden ser recurridas ante instancias judiciales nacionales e internacionales, lo que permite una corrección de posibles errores o excesos. Sin embargo, las resoluciones del Tribunal Constitucional, y en particular las de su presidente Conde-Pumpido, parecen quedar fuera de un escrutinio efectivo. Las reglas del juego han evolucionado de tal manera que las crisis políticas pueden acabar decidiéndose en un tribunal con una composición mayoritaria que, según las críticas, responde a intereses gubernamentales. Esta concentración de poder en un solo órgano, sin contrapesos claros, es vista como una amenaza a los principios democráticos.

La vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se presenta como una posible instancia de apelación, pero su margen de actuación se ha mostrado limitado. En sentencias recientes, como la relacionada con la Ley de Amnistía, el TJUE ha indicado que su intervención se ceñirá a interpretaciones muy estrictas y técnicas sobre la compatibilidad de las leyes nacionales con los Tratados Europeos. Esto significa que las cuestiones de profundidad política interna de un país con peso en la UE, como España, difícilmente serán revisadas a fondo por el tribunal europeo, especialmente cuando el gobierno en cuestión se alinea con uno de los grandes bloques políticos europeos. La esperanza de que el TJUE rectifique al Constitucional español en asuntos puramente nacionales se considera, por tanto, infundada.

La Constitución, un lienzo interpretable

La ambigüedad inherente a la propia Constitución española ha sido señalada como una de las fuentes del inmenso poder que ostenta el Tribunal Constitucional y su cúpula. El artículo 161.1 de la Constitución establece que el Tribunal entenderá "De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas". Esta redacción, abierta a interpretaciones generosas, ha permitido que las competencias del Tribunal se amplíen hasta abarcar cualquier conflicto imaginable. Lo que originalmente se concibió como un órgano para sancionar la inconstitucionalidad de las normas, defender los derechos fundamentales y arbitrar conflictos de competencias, ha evolucionado hasta convertirse en un actor con una capacidad de intervención que va mucho más allá de la intención original.

Un ejemplo de esta ampliación de competencias se remonta a 1983, cuando una sentencia contra la LOAPA dio la razón a las pretensiones de los nacionalismos catalán y vasco, lo que, según las críticas, facilitó el desmantelamiento progresivo del Estado. Esta tendencia a sustituir las funciones de los poderes legislativo y judicial ha escalado hasta el punto de que el Tribunal Constitucional actúa como una "Tercera Cámara Legislativa", situada por encima del Congreso y el Senado. Su capacidad para modificar leyes parlamentarias mediante "interpretaciones" constructivistas o a la manera de Romanones, alterando la literalidad de los textos y abriendo la puerta a interpretaciones discrecionales, es vista como un ejercicio de poder legislativo por parte de un órgano que no ha sido elegido democráticamente.

Protegiendo la corrupción y el poder

La actuación del Tribunal Constitucional bajo la presidencia de Conde-Pumpido ha sido vinculada, por sus críticos, a la protección de la corrupción y al amparo de abusos de poder. Se argumenta que, sin un tribunal con estas características, la corrupción sistémica que se critica en España no habría prosperado hasta el punto actual. El Tribunal es descrito como un órgano que ha degenerado hasta convertirse en una herramienta gubernamental, cuya función es amparar el abuso de poder y lo que algunos denominan "autogolpe de Estado", siguiendo la línea de sus socios separatistas. La capacidad del Gobierno Sánchez para mantenerse en el poder, incluso en ausencia de leyes presupuestarias durante legislaturas enteras, algo considerado un caso único en el mundo democrático, se atribuye en parte a la protección que, según estas críticas, ofrece el Tribunal Constitucional.

La carrera profesional de Cándido Gómez-Pumpido ha sido objeto de análisis. Se señala que su ascenso se aceleró en 2004, tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Su implicación personal como Fiscal General del Estado se considera crucial para facilitar el pacto con ETA, que, en lugar de ser una pacificación, fue interpretado por algunos como un acuerdo para excluir a la derecha democrática del poder de forma indefinida. La imagen del "arrastre pumpidiano de togas por el polvo del camino", que evoca la corrupción y la vida de las víctimas, se presenta como la "corrupción inaugural" de un camino que ha llevado a la situación actual. Como producto de la endogamia de las élites públicas, con una densa red de relaciones personales inclinada hacia el "progresismo reaccionario", Conde-Pumpido es visto como el personaje idóneo para llevar a cabo una "demolición" del sistema.

La posibilidad de que el Tribunal Constitucional enmiende al Tribunal Supremo en la cuestión de la suspensión del reglamento de la llamada "ley de nietos", permitiendo la incorporación al censo electoral de millones de personas con vínculos genéticos con España, se presenta como un escenario alarmante. Si esto ocurriera, se argumenta que se habría cruzado la última línea roja que separa la democracia de una "dictadura encubierta", donde "todo será posible porque todo estará permitido". La crítica concluye señalando que el Tribunal Constitucional, en su concepción actual, ha superado su ciclo de vida útil y que sus funciones podrían ser asumidas por el Tribunal Supremo, un órgano considerado más profesional y menos politizado.