DESCUBRO EL embeleco ELECTORAL. 590 mil votos en exceso que no se sabe de donde salen.

El censo del 23J no cuadra: 590.000 votos más que electores​

Cuadre las cifras oficiales de las generales del 23 de julio de 2023: 24.743.612 votos a partidos, 10.402.450 abstencionistas, 261.078 nulos y 199.392 en blanco. Suman 35.606.532. El censo de residentes en España con derecho a voto era de 35.016.000. La resta deja casi 590.000 votos de más, un desfase que se difundió a los pocos días del escrutinio y que nunca ha recibido una explicación oficial que lo cierre del todo. La cifra lleva años circulando sin que nadie la desmonte por completo.

Qué son el censo CER y el censo CERA​

España maneja dos censos electorales separados. El CER agrupa a los residentes en territorio nacional con derecho a voto; el CERA, a los españoles que viven en el extranjero. El primero rondaba los 35 millones de electores en la primavera de 2023; el segundo, unos 2,3 millones. La alarma nació al sumar participación, abstención, nulos y blancos y comprobar que el resultado superaba el techo del censo nacional. De ahí salió la tesis del fraude.

La objeción: los nulos y los blancos ya estaban contados​

El argumento más repetido contra el desfase es aritmético. Los votos nulos y en blanco ya forman parte de los votos emitidos, de modo que sumarlos otra vez duplica parte del total. La abstención, además, no se cuenta voto a voto: se obtiene por resta, quitando los votos emitidos al electorado convocado. Con ese ajuste, buena parte del supuesto exceso se desvanece. Queda, dicen los cálculos más repetidos del lado crítico, un margen que ronda los 140.000 votos sin documento que lo explique.

¿Por qué sube el censo entre marzo y julio?​

El segundo frente es el padrón. El censo que se usa la noche electoral no es el cerrado a 1 de mayo, sino el vigente con las altas posteriores: quienes cumplieron 18 años antes del 23 de julio y no figuran aún en las cifras mensuales del INE. Entre marzo y julio entran cuatro meses de nuevos electores. La otra mitad de la ecuación son los fallecidos, que en algunos recuentos no se dieron de baja. El censo oficial a 1 de junio se situaba en 35.032.817; la cifra que se maneja para el 23J, según quienes defienden esta vía, es de 35.141.122. Nada de eso aparece en un boletín que cualquiera pueda consultar.

El PSOE multiplica sus votos entre el 28M y el 23J​

Aquí los números se citan una y otra vez. En la Comunidad de Madrid, el PSOE pasó de 609.718 votos en las autonómicas del 28 de mayo de 2023 a 993.870 en las generales menos de dos meses después. En la Comunidad Valenciana, de 691.861 en las autonómicas a 834.758 solo en la provincia de Valencia. Son subidas que rondan el 60% en territorios votados con semanas de diferencia y sin cambio de liderazgo nacional. La comparación se ha convertido en el argumento más citado para sostener que algo no encaja.

La tesis del voto CERA colado en las sacas de correo​

La hipótesis con más recorrido sostiene que los votos del censo exterior se introdujeron en las sacas del voto postal. El razonamiento: si el CERA vota en torno al 1%, un trámite que exige solicitarlo y remitirlo desde el consulado, existe un margen enorme entre los votos emitidos de verdad y los que caben en el censo. Bastaría con hinchar la campaña del voto por correo para justificar la entrada de un paquete extra. La fecha, un 23 de julio en plena temporada de vacaciones, serviría de coartada. Ninguna prueba documental sostiene la maniobra: es una hipótesis, no un hecho probado.

El votante del exterior y el sobre que no llega​

Quien vive fuera lo cuenta sin adornos: en un caso relatado, el sobre con la documentación llegó 36 horas antes de la votación. Con el plazo del voto postal ya cerrado, quien vive lejos del consulado se queda sin ejercer el derecho. En ese relato, la documentación solo apareció en dos de las últimas convocatorias. La normativa cambió para impedir que el elector del CERA votara presencialmente en su colegio español, lo que, sostienen los críticos, elimina la única comprobación de que el voto emitido no se ha suplantado.

Segovia: un escrutinio que acaba en los juzgados​

Lo que sí ha salido de los tribunales es otro asunto. El magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia y de la Junta Electoral Provincial, Ignacio Pando Echevarría, dimitió tras ser acusado de delitos electorales presuntamente cometidos durante el escrutinio del 23J en esa provincia. La Fiscalía dictaminó que no está aforado y el caso recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Segovia, en las diligencias previas 104/2024. La imputación apunta al procedimiento, no a un vuelco de votos.

En paralelo circularon acusaciones sobre el software de recuento: una televisión extranjera señaló a Indra por un presunto fraude electoral sistemático y una declaración difundida en redes afirmó que hubo urnas llegadas a IFEMA y empleados que podrían hablar del asunto. Nada de eso ha llegado a los juzgados como prueba.

La sombra del voto postal​

El volumen del voto por correo del 23J, cercano a los tres millones según las cifras que se manejaron, alimenta todas las teorías. Una responsable vinculada a la red postal, Leire Díaz, ha sido señalada en redes sociales por un amaño previo por voto postal en un municipio de Cantabria, una acusación que no consta en ninguna resolución judicial. La coincidencia de ese volumen con el escrutinio del censo exterior, que se contabiliza aparte, es lo que une las piezas del relato conspirativo.

Con estos mimbres, la pregunta ya no es solo de dónde salen 590.000 votos. Es cuántas veces se ha dado por bueno un escrutinio que nadie comprobó acta a acta, y si el desfase es una suma mal hecha, como sostiene la vía técnica, o algo más. Sigue sin haber una respuesta oficial que lo cierre.